La vida y la seguridad de 1,2 millones de civiles en Trípoli penden de un hilo mientras los bandos enfrentados utilizan una diversidad de armas sofisticadas transferidas a Libia en incumplimiento del embargo de armas de la ONU; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional con motivo de la publicación de un nuevo vídeo a los tres meses del comienzo de la batalla.
La escalada de la violencia desde el 4 de abril ha obligado a más de 100.000 civiles a huir de sus hogares y está causando largas interrupciones del suministro eléctrico a diario, lo que repercute en la asistencia médica y otros servicios básicos en muchas zonas de la ciudad. Los ataques con cohetes y artillería a menudo alcanzan zonas civiles alejadas de la primera línea y perturban los vuelos que llegan al único aeropuerto en funcionamiento de Trípoli.
“Los drásticos efectos de la batalla por el dominio de Trípoli son incluso visibles desde el espacio: en las imágenes de satélite pueden verse grandes extensiones de la ciudad que han quedado sumidas en la oscuridad. Mientras, las pruebas fotográficas y videográficas que hemos recopilado y verificado sobre el terreno demuestran que los daños más graves están en zonas civiles, viviendas e infraestructuras”, ha manifestado Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“El embargo de armas de la ONU tiene como fin proteger a la población civil de Libia. Pero Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Turquía, entre otros, se lo saltan descaradamente suministrando sofisticados vehículos blindados, drones, misiles guiados y otras armas. El Consejo de Seguridad de la ONU debe tomar medidas urgentes para hacer cumplir el embargo, y las partes enfrentadas deben respetar el derecho internacional humanitario y dejar de actuar irresponsablemente poniendo en peligro a civiles.”
Información complementaria
El 4 de abril de 2019 hubo una escalada del conflicto armado en Trípoli y sus inmediaciones cuando las fuerzas del autoproclamado Ejército Nacional Libio, con el general Khalifa Haftar al mando, lanzaron una ofensiva para arrebatar el control de la ciudad al Gobierno de Acuerdo Nacional de Libia, internacionalmente reconocido.
Desde que comenzó la ofensiva, Amnistía Internacional —tanto a través de fuentes sobre el terreno como del análisis de imágenes de satélite y contenido videográfico verificado— ha documentado violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por ambas partes, incluidos posibles crímenes de guerra, con ataques indiscriminados en zonas residenciales y ataques a centros de detención de personas migrantes y refugiadas.
El Consejo de Seguridad de la ONU impuso un embargo integral de los suministros armamentísticos desde y hacia Libia en febrero de 2011 (Resolución 1970). Desde junio de 2016 (Resolución 2292), el Consejo de Seguridad ha autorizado a los Estados miembros a inspeccionar los buques en alta mar frente a la costa libia que sean sospechosos de violar el embargo de armas.
