El gobierno libanés debe tomar medidas inmediatas y concretas para contribuir a garantizar el acceso a justicia, verdad y reparación para las miles de víctimas civiles de abusos derivados del conflicto armado con Israel, han declarado hoy cinco organizaciones libanesas e internacionales de derechos humanos en una carta dirigida al ministro de Justicia y al viceprimer ministro de Líbano, que dirige el Comité Nacional Libanés para el Derecho Internacional Humanitario.
Dichas organizaciones son Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Legal Agenda, el Sindicato de Periodistas de Líbano y Reporteros sin Fronteras.
Un año después de que finalizara el plazo para la retirada de las tropas israelíes del sur de Líbano, los ataques y la destrucción a gran escala que está llevando a cabo Israel han impedido a decenas de miles de personas regresar a sus hogares y reconstruir sus vidas. Desde la entrada en vigor del alto el fuego, Israel ha realizado ataques en Líbano prácticamente a diario y ha matado a 380 personas, entre ellas 127 civiles. Las fuerzas armadas israelíes siguen en partes del territorio libanés y han seguido causando una enorme destrucción de infraestructuras civiles a lo largo de la frontera, lo que ha dejado a comunidades enteras haciendo frente a la destrucción y las pérdidas.
Las organizaciones han declarado que el gobierno libanés está haciendo caso omiso de un conjunto específico de medidas legales que podrían haber adoptado durante el último año; para empezar, iniciar investigaciones de ámbito nacional y aceptar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los crímenes de derecho internacional cometidos en Líbano. Deberían actuar urgentemente en ese sentido.
Israel debe permitir inmediatamente el retorno sin riesgos de la población libanesa que sigue desplazada de sus localidades y proporcionar una reparación plena, efectiva y adecuada por todas las graves violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos que han cometido sus fuerzas armadas. Para miles de familias, el “periodo posterior al alto el fuego” no se ha traducido en seguridad ni estabilidad. Ha supuesto desplazamiento prolongado, destrucción de sus medios de subsistencia y la angustia de vivir en un limbo, mientras que la rendición de cuentas y las reparaciones no se vislumbran por ninguna parte.
Las organizaciones instan al gobierno libanés a explorar cualquier vía jurídica posible, tanto a nivel nacional como internacional, para garantizar la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes de derecho internacional. Una medida decisiva que el gobierno podría adoptar de inmediato es presentar una declaración a la CPI, aceptar la jurisdicción de la Corte en virtud del artículo 12.3 de su estatuto (Estatuto de Roma), para que se investiguen y enjuicien los crímenes de derecho internacional cometidos en territorio libanés al menos desde el 7 de octubre de 2023. Asimismo, el gobierno debería plantearse ratificar el Estatuto de Roma.
El gobierno debería apoyar el establecimiento de investigaciones judiciales inmediatas, exhaustivas, independientes a imparciales a nivel nacional sobre los crímenes de guerra cometidos en territorio libanés, han afirmado los grupos. Esto incluye otorgar a los fiscales la autoridad, protección y recursos necesarios para que lleven a cabo su trabajo de manera efectiva e imparcial. A fin de proporcionar un marco jurídico para esos esfuerzos, el gobierno debería elaborar y presentar urgentemente en el Parlamento una ley que penalice los crímenes de guerra y otros crímenes de derecho internacional.
El gobierno debería nombrar un secretario encargado de registrar todos los homicidios, las lesiones y otros daños causados a civiles, e invitar al relator especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición a visitar Líbano y a recomendar medidas que Israel, Hezbolá y el gobierno libanés deberían adoptar para hacer efectivos los derechos de las víctimas.
El gobierno libanés tiene la oportunidad de adoptar medidas históricas encaminadas a desmantelar la arraigada impunidad que ha caracterizado los pasados periodos de conflicto armado en el país, han sostenido las organizaciones. De ese modo, podrá empezar a sentar las bases para que las víctimas y las comunidades afectadas puedan hacer plenamente efectivo su derecho a verdad, justicia y reparación, y puedan reconstruir sus vidas.
Otros países, especialmente Estados Unidos, deben suspender inmediatamente todas las transferencias de armas y otras formas de ayuda militar a Israel ante el riesgo significativo de que estas armas puedan utilizarse para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional, han afirmado los grupos.
Dado el dilatado historial de graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por las fuerzas israelíes en Líbano y en otros territorios, otros países también deberían redoblar sus esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas, incluso ejerciendo la jurisdicción universal u otras formas de jurisdicción extraterritorial para investigar las violaciones de derechos que constituyan graves crímenes de derecho internacional y, cuando existan pruebas suficientes, enjuiciarlas. El gobierno libanés debería colaborar plenamente con esos esfuerzos.
Información complementaria
El acuerdo de alto el fuego entre Líbano e Israel entró en vigor en noviembre de 2024 e incluía el requisito de que las fuerzas armadas israelíes se retiraran del sur de Líbano en un plazo de 60 días. Sin embargo, el 18 de febrero de 2025, Israel anunció que iba a mantener presencia militar, y control temporal, en cinco puntos “estratégicos” del sur de Líbano.
El 27 de febrero, el ministro de Defensa de Israel declaró que las fuerzas armadas israelíes iban a “quedarse indefinidamente” en una zona de separación situada en la frontera. En agosto, el primer ministro israelí supeditó además la “reducción progresiva” de tropas al desarme de Hezbolá.
Los grupos libaneses e internacionales de derechos ya habían denunciado anteriormente las devastadoras consecuencias para la población civil de las hostilidades entre Israel y Hezbolá. Entre ellas figuran el uso por parte de las fuerzas armadas israelíes de fósforo blanco, explosiones indiscriminadas masivas y simultáneas de dispositivos electrónicos, y ataques contra periodistas, instalaciones médicas, ambulancias y personal de urgencias médicas. Otro informes han documentado ataques aéreos ilícitos contra la población civil y bienes de carácter civil, la destrucción constante y generalizada de pueblos fronterizos en Líbano incluso después del alto el fuego, así como reiterados ataques de Hezbolá con cohetes no guiados contra zonas civiles densamente pobladas de Israel.
