El trágico derrumbe de un bloque residencial en el barrio de Bab al Tabbaneh de Trípoli el 8 de febrero, en el que 14 personas murieron y ocho más resultaron heridas, debe impulsar la acción gubernamental para ofrecer reparación a quienes han sufrido la pérdida de su hogar y proteger a quienes permanecen en edificios inseguros; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional. Éste es el último de al menos cuatro derrumbamientos de edificios sólo en las primeras cinco semanas de 2026.
“Este mortal derrumbe en Trípoli ha sido una tragedia evitable y la consecuencia directa de años de mala gestión estatal, corrupción arraigada y falta de protección social efectiva después de que una terrible crisis económica sumiera a la población aún más en la pobreza”, ha afirmado Sahar Mandour, investigadora de Amnistía Internacional sobre Líbano.
“El gobierno debe actuar con urgencia para hacer efectiva la promesa de proteger la vida y el derecho a la vivienda de quienes viven en edificios inseguros, garantizando el pago puntual de las ayudas a la vivienda, la reparación de las viviendas dañadas y la provisión de alojamiento alternativo a quienes no puedan conseguir un refugio seguro, a través de un proceso en el que se consulte y se haga partícipes de verdad a las comunidades afectadas. Estas medidas deben mantenerse y ampliarse para que no se pongan más vidas en peligro.”
Tras el desplome del edificio el 8 de febrero, el equipo municipal de Trípoli presentó su dimisión al ministro del Interior. El alcalde, Abdel Hamid Karimeh, declaró la ciudad “zona catastrófica” y señaló el abandono crónico, el deterioro de las infraestructuras y la incapacidad del ayuntamiento para hacer frente a la crisis.
Las autoridades han reaccionado con rapidez a los recientes derrumbes de edificios en Trípoli y han prometido realizar encuestas nacionales, dar subvenciones a la vivienda y ofrecer alojamiento alternativo.
Tras celebrar una reunión urgente el 9 de febrero, el gobierno anunció medidas de emergencia para abordar la crisis de derrumbamientos en Trípoli, entre ellas evacuar 114 edificios inseguros en el plazo de un mes y cubrir los gastos de alojamiento temporal. Las autoridades afirmaron que ya había albergues de emergencia preparados y se abrirían más si era necesario, y que el Ministerio de Asuntos Sociales incluiría a las familias afectadas en el Proyecto Aman de Atención Psicosocial. Asimismo, el gobierno prometió que el Ministerio de Salud Pública cubriría las necesidades médicas y que la Comisión Superior de Socorro reforzaría las estructuras recuperables, demolería las que corrían peligro inminente y trabajaría con organismos de ingeniería para evaluar la seguridad de los edificios y las infraestructuras esenciales.
Sin embargo, un año después de los terremotos que sacudieron Turquía, Siria y el norte de Líbano en febrero de 2023, familias que vivían en edificios con alto riesgo de desplome contaron a Amnistía Internacional que los planes de emergencia del gobierno no se habían materializado y eran poco más que retórica hueca, y que seguían viviendo en estructuras catalogadas oficialmente como en peligro de derrumbe porque no podían permitirse repararlas ni mudarse a otra vivienda.
El gobierno actual ha prometido reiteradamente reformas y reparaciones a la población afectada por las violaciones de derechos socioeconómicos que sufre desde hace tiempo. Evacuar los edificios inseguros, ofrecer alojamiento temporal y asistencia médica y empezar a reforzar las estructuras en riesgo, como ha prometido recientemente, son pasos importantes para abordar las violaciones de derechos económicos que sufre la población desde hace tiempo. Sin embargo, ninguno de los gobiernos anteriores convirtió esas mismas promesas en acciones tangibles. Años de planes incumplidos, falta crónica de inversión en la seguridad pública y ausencia de una estrategia nacional sobre edificios en riesgo han dejado a la población expuesta a los mismos peligros estructurales y violaciones de derechos.
En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, incluido el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Líbano tiene la obligación de garantizar el acceso a una vivienda adecuada y segura y de adoptar medidas efectivas para evitar amenazas previsibles para la vida y el bienestar de la población.
En un informe de 2024, Amnistía Internacional documentaba que, por falta de medidas de las autoridades libanesas, la población de Trípoli seguía viviendo en casas inseguras en peligro de derrumbe tras los terremotos de febrero de 2023 en Turquía, Siria y norte de Líbano.
