Las infracciones de la ley no se resuelven infringiendo la ley

Londres.- El 9 de noviembre, a raíz de los graves disturbios que se suceden en muchas ciudades de Francia, el gobierno francés declaró el estado de emergencia en París y otras localidades en virtud de una ley que sólo se ha aplicado una vez desde su aprobación, en 1955, y que permite a los prefectos (altos funcionarios que representan al Estado en el ámbito local) "tomar las medidas previstas en el artículo 5 de la ley que sean necesarias para mantener el orden público". Entre tales medidas figuran la declaración del toque de queda en zonas limitadas y a determinadas horas y la posibilidad de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley practiquen registros sin orden judicial, cierren lugares de reunión pública de cualquier clase o impongan arrestos domiciliarios. El mismo día, el ministro del Interior anunció que había ordenado a los prefectos proceder a la expulsión inmediata de quienes sean declarados culpables de cometer actos delictivos durante los disturbios, con independencia de que hayan regularizado o no su condición administrativa e incluso si tienen permiso de residencia. Amnistía Internacional teme que este procedimiento de expulsión se vea como una forma de castigo y que se niegue a las personas amenazadas con la expulsión el acceso a una vista pública y justa ante un tribunal independiente e imparcial para impugnar la decisión ejecutiva. Amnistía Internacional considera que esta orden ejecutiva es discriminatoria, ya que afecta exclusivamente a los ciudadanos extranjeros. Asimismo, a la organización le preocupan las consecuencias que puedan sufrir los miembros de las familias de las personas objeto de expulsión. El artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales garantiza el derecho a la vida privada y familiar. Amnistía Internacional pide al gobierno francés que no expulse a ninguna persona a ningún país donde esté expuesta a sufrir tortura o malos tratos. El artículo 3 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes prohíbe a los Estados Partes en ella proceder a "la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura". Amnistía Internacional teme también que las medidas adoptadas por el Ministerio del Interior entrañen riesgo de expulsión para personas reconocidas como refugiados o que estén solicitando asilo. El artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 prohíbe la expulsión o devolución ("refoulement") de refugiados a territorios donde "su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas". Francia es Estado Parte en la Convención, por lo que tiene la obligación de no someter a los refugiados a expulsión o devolución. Aunque reconoce el deber del Estado francés de proteger a su población de actos delictivos violentos, Amnistía Internacional teme que algunas de las medidas adoptadas sean causa de violaciones de derechos humanos, por lo que hace un llamamiento a las autoridades para que garanticen que las medidas tomadas con tal fin son necesarias y proporcionadas. De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de la ONU, sólo debe proceder a la restricción de salvaguardias específicas de los derechos humanos si las exigencias de la situación lo hacen absolutamente necesario. Toda medida adoptada para restringir una salvaguardia de los derechos humanos en una situación de emergencia debe ser también proporcionada. El principio de proporcionalidad supone que las medidas tomadas no deben ser excesivas en comparación con la amenaza planteada y que deben responder a una amenaza genuina o una práctica existente que den lugar a actos delictivos, no a una amenaza aparente o a temor generalizado. El derecho internacional humanitario prevé también garantías de debido proceso en relación con las expulsiones. El artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estipula que toda decisión de expulsar a un extranjero del territorio de un Estado Parte en el Pacto debe tomarse "conforme a la ley". A menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello, se debe permitir a tal extranjero exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como someter su caso a revisión ante la "autoridad competente". Amnistía Internacional insta a que se garanticen a las personas detenidas y juzgadas en relación con los disturbios todos los derechos de procedimiento, de acuerdo con la legislación nacional y las normas internacionales de derechos humanos. Asimismo, la organización insta a las autoridades a que investiguen de manera exhaustiva e independiente todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza y de abusos racistas por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley. Amnistía Internacional insta además al gobierno a que garantice que las declaraciones oficiales y las medidas de seguridad adoptadas no afectan específicamente a comunidades de ciudadanos franceses de extracción norteafricana o subsahariana o de migrantes en general. Tales declaraciones pueden dar lugar también a agresiones de particulares contra miembros de esas comunidades. La organización ha expresado anteriormente a las autoridades del gobierno su preocupación por informes sobre trato racista y discriminatorio a minorías étnicas. En particular, en su informe de abril de 2005 Francia: La Búsqueda de la Justicia: La impunidad efectiva de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en casos de homicidios bajo custodia, disparos, torturas y malos tratos, puso de relieve que en la mayoría de los casos de presuntos malos tratos a manos de agentes encargados de hacer cumplir la ley las víctimas eran personas de origen étnico no europeo, a menudo de extracción norteafricana o subsahariana. El número de denuncias de malos tratos ha aumentado en los últimos años. También se ha detectado un incremento de tales incidentes, especialmente en el contexto de controles policiales de identidad o bajo custodia policial. Los controles de identidad degeneran a menudo en violencia, debido en muchos casos a conductas agresivas o insultantes de los agentes encargados de hacer cumplir la ley. En el mencionado informe se hizo también hincapié en la inacción generalizada del sistema judicial a la hora de perseguir y castigar las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes encargados de hacer cumplir la ley. Esta impunidad persistente contribuye a aumentar la falta de confianza pública en que los agentes encargados de hacer cumplir la ley actúen de acuerdo con ésta y rindan cuenta de sus acciones. Amnistía Internacional reitera las recomendaciones que formuló al gobierno y otras autoridades pertinentes en su informe de abril, cuando les instó a: - Revisar los procedimientos y las directrices y su aplicación en relación con los controles de identidad a fin de garantizar que no se realizan de manera discriminatoria. - Hacer aplicar la legislación existente contra los abusos racistas y vigilar su aplicación. - Garantizar la debida aplicación de las disposiciones sobre la motivación racista como circunstancia agravante en determinados delitos. - Firmar y ratificar el protocolo número 12 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que estipula una prohibición general de la discriminación, en especial la cometida por cualquier autoridad pública; - Firmar y ratificar la Convención Marco para la Protección de las Minorías Nacionales. Información complementaria El 8 de noviembre, el primer ministro respondió a los graves disturbios que se están sucediendo en Francia reconociendo la necesidad de adoptar medidas serias para poner fin a la exclusión social en las zonas desfavorecidas. Los disturbios estallaron a raíz de la polémica muerte de dos muchachos que huían presuntamente de un control policial de identidad el 27 de octubre en Clichy-sous-Bois, cerca de París. Los disturbios se han producido sobre todo en distritos densamente poblados, con comunidades de ciudadanos franceses de extracción norteafricana o subsahariana o de migrantes que expresan así su frustración con el gobierno francés por, entre otras cosas, las prácticas discriminatorias y la consiguiente falta de oportunidades de trabajo y las desigualdades sociales que afectan a estas zonas, así como su indignación por la conducta a menudo racista y agresiva de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. La violencia se ha propagado por todo el país y afecta a ciudades grandes y pequeñas, como Toulouse, Marsella, Niza, Ruán, Estrasburgo, Lille, Dijon y Avignon. Una persona residente en Seine-Saint-Denis, Jean-Jacques Le Chenadec, de 61 años, murió a causa de lesiones sufridas en una agresión el 4 de noviembre; más de 40 funcionarios encargados de hacer cumplir la ley resultaron heridos y se tuvo noticia de daños en vehículos y edificios. Hasta la fecha, 9 de noviembre, se ha detenido a más 1.124 personas, entre las que hay menores.