Las empresas de la UE siguen comerciando con "herramientas de tortura"

Las compañías con sede en la Unión Europea (UE) siguen comercializando y vendiendo una serie de equipos de seguridad que pueden emplearse para infligir torturas y malos tratos, han advertido hoy Amnistía Internacional y la Fundación de Investigación Omega en la presentación de un nuevo informe. Estas actividades continúan debido a las lagunas de la normativa europea vigente desde hace una década para restringir el comercio de estos bienes.Grasping the nettle: Ending Europe’s trade in execution and torture technology detalla estas lagunas y explica cómo las instituciones y los Estados miembros de la UE pueden y deben cerrarlas. El informe se presenta con motivo de la apertura por el Parlamento Europeo el 28 de mayo de un nuevo debate sobre enmiendas propuestas al Reglamento europeo sobre comercio de materiales de tortura en vigor desde 2006. “Europa ha recorrido un largo camino para poner fin al repugnante comercio de algunas de las herramientas y tecnologías más siniestras del mundo que se pueden usar para torturar y ejecutar a personas", afirmó Marek Marczynski, director de Transferencias Militares, de Seguridad y Policiales de Amnistía Internacional. “Pero como muestra este nuevo informe, sigue habiendo lagunas significativas. Esto significa que las empresas pueden seguir beneficiándose del sufrimiento humano a pesar de las prohibiciones y controles existentes. Si Europa quiere liderar en serio la lucha para erradicar la tortura y abolir la pena de muerte, debe cerrar estas lagunas urgentemente.” La UE cuenta desde 2006 con el único mecanismo regional del mundo para prohibir o controlar el comercio de equipos que podrían emplearse en la tortura o la pena capital. Amnistía Internacional y Omega han puesto de relieve posteriormente las graves limitaciones del Reglamento y su desigual aplicación por los Estados de la UE. En los últimos años, la UE ha tratado de abordar estos defectos, incluso con una gran ampliación de las listas de productos prohibidos o controlados. La Comisión Europea ha presentado nuevas propuestas para reforzar el Reglamento, que ahora estudian los Estados miembros y el Parlamento Europeo. Amnistía Internacional y Omega apoyan muchas de estas propuestas y piden su adopción. Sin embargo, el nuevo informe de estas organizaciones identifica las lagunas que quedan sin abordar en estas propuestas y que seguirían permitiendo que las empresas de la UE:

• Intermedien en la venta y transferencia de equipos de seguridad a países no pertenecientes a la UE, siempre que los acuerdos se hagan fuera de la Unión y los dispositivos no toquen suelo europeo;
• Promuevan abiertamente equipos previamente prohibidos —como las camas jaula (estructuras similares a jaulas montadas en un somier), los materiales para provocar descargas eléctricas destinados a ser llevados sobre el cuerpo o los instrumentos de inmovilización que sujetan a personas a objetos fijos— en ferias y exposiciones de armas de la UE, así como en Internet;
• Comercialicen equipos de seguridad a la policía —como pistolas paralizantes de electrochoque, porras de electrochoque y escudos de electrochoque— totalmente inadecuados para la aplicación de la ley;
• Proporcionen a las fuerzas policiales y militares asistencia técnica inadecuada, como adiestramiento en técnicas que en algunos casos podrían facilitar la tortura y otros malos tratos; 
• Introduzcan nuevas tecnologías y dispositivos en el mercado incluso cuando estos podrían usarse en la pena de muerte, la tortura u otros malos tratos.

“Aunque las propuestas de la Comisión son significativas, no abordan efectivamente varias debilidades y lagunas cruciales del Reglamento y su correspondiente régimen de control. Si los Estados miembros de la UE y el Parlamento Europeo no abordan directamente estas cuestiones ahora, se perderá esta excepcional oportunidad para reforzar integralmente el régimen de control y cerrar unas lagunas que pueden aprovechar comerciantes sin escrúpulos", dijo el doctor Michael Crowley, de la Fundación de Investigación Omega. “Ya es hora de que la Unión Europea agarre el toro por los cuernos y ponga fin de una vez al comercio de la tecnología de la tortura."

Información complementaria

Con la entrada en vigor en 2006 del Reglamento del Consejo Europeo 1236/2005, la UE introdujo unos controles comerciales vinculantes sin precedentes para una serie de materiales que a menudo se utilizan para aplicar la pena capital e infligir tortura y otros malos tratos ("herramientas de tortura"), pero que no suelen estar incluidas en las listas de control de las exportaciones militares, de doble uso o estratégicas de los Estados miembros de la UE. Amnistía Internacional y la Fundación de Investigación Omega ya han publicado tres informes, en 2007, 2010 y 2012, en los que identificaban lagunas concretas del Reglamento de la UE y omisiones de las dos listas de productos prohibidos y controlados de la Unión que han permitido que continúe el comercio de "herramientas de tortura". El trabajo de incidencia en el ámbito de la UE en torno al informe de 2010 propició la decisión de la Comisión Europea al año siguiente de ampliar las dos listas para incluir otros componentes de equipos como los dispositivos de electrochoque que se sujetan el cuerpo, las porras con púas y ciertas sustancias empleadas para las inyecciones letales. No obstante, los expertos reconocieron que esto seguía siendo insuficiente para frenar el comercio, y la Comisión emprendió una revisión exhaustiva del Reglamento. El 16 de julio de 2014, el Reglamento de Ejecución (UE) nº. 775/2014 amplió de nuevo las listas de productos prohibidos y controlados en virtud del Reglamento. Este último informe de Amnistía Internacional y Omega pone de relieve las lagunas restantes que deben cerrarse urgentemente. Su intención es alimentar el debate que comenzará el 28 de mayo en la Subcomisión de Derechos Humanos (DROI) del Parlamento Europeo y en la Comisión de Comercio Internacional (INTA) en semanas posteriores. La relatora de la INTA es la eurodiputada Marietje Schaake (Países Bajos,  ALDE); la eurodiputada Barbara Lochbihler (Alemania, Verdes/EFA) expondrá la opinión para la DROI. Las enmiendas propuestas al Reglamento de la UE sobre el comercio de la tortura derivadas del debate se votarán en Comisión y serán sometidas a la votación del pleno del Parlamento Europeo a fines de este año.