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Las autoridades deben proteger a víctimas y familiares en el juicio contra ex cargos públicos

Manifestación en Túnez en defens de las libertadas y contra la violencia el pasado mes de enero. Autor: Amine Ghrabi bajo licencia CC BY-NC 2.0

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades tunecinas que garanticen protección frente al hostigamiento y la intimidación tanto a las víctimas de violaciones de derechos humanos como a familiares, testigos y abogados durante el juicio que se está celebrando contra los presuntos responsables de la muerte de manifestantes durante la revuelta popular.

Informes según los cuales testigos, abogados y familiares de las víctimas han sido amenazados por agentes de seguridad, directamente o a través de declaraciones en televisión u otros medios de comunicación, han empañado el juicio contra 23 cargos públicos acusados del homicidio de manifestantes durante el levantamiento de 2011 en Tala y Kaserine, que comenzó el 28 de noviembre ante el tribunal militar de Kef.

Los abogados han informado a Amnistía Internacional de amenazas directas que han recibido o de testigos que han sido amenazados con perder su empleo.

Amnistía Internacional deplora que varios funcionarios acusados del homicidio de manifestantes no hayan sido apartados del cargo y sigan ejerciendo sus funciones, lo que refuerza el temor de las familias de las víctimas de que finalmente no se los obligue a responder de sus actos.

Uno de los acusados, Moncef Laajimi, estaba al mando de la policía antidisturbios (Quwat al Tadakhol) en el norte de Túnez, región que incluía las localidades de Tala y Kaserine, cuando tuvo lugar el levantamiento. Ha sido acusado de dar orden de disparar contra los manifestantes en la región.

Las familias de las víctimas no podían entender que aún estuviera en libertad y que incluso hubiera sido ascendido tras la revuelta al cargo de director general de esa misma fuerza policial. El 28 de diciembre, en la única sesión judicial a la que ha asistido hasta el momento para ser interrogado, estuvo escoltado por un gran número de agentes de seguridad, quienes, según los abogados y otras personas presentes, amenazaron con asaltar el tribunal si Moncef Laajimi era detenido.

En enero de 2012, Moncef Laajimi fue trasladado de su puesto a un cargo en el Ministerio del Interior. En cambio, otros funcionarios permanecieron en sus puestos.

Las autoridades tunecinas están obligadas por el derecho internacional a garantizar un trato respetuoso y digno a las víctimas y a sus familiares, así como su seguridad, su bienestar físico y psicológico y su intimidad. El derecho y las normas internacionales de derechos humanos disponen asimismo que los funcionarios que sean declarados culpables de graves violaciones de derechos humanos deben ser relevados del puesto.

Todos los agentes de seguridad investigados por su participación en el homicidio de manifestantes durante la revuelta, y en otras violaciones graves de derechos humanos, deben ser apartados de sus funciones en espera de la sentencia de un tribunal.

Ha pasado más de un año desde la revuelta popular en la que perdieron la vida 300 personas –incluidas las fallecidas en prisiones– y varios centenares resultaron heridas,  y los familiares de las víctimas siguen en espera de obtener verdad y justicia. En cambio, son amenazados.

Información complementaria

Según datos oficiales, al menos 300 personas murieron y 700 resultaron heridas en las protestas que comenzaron en diciembre de 2010 y que en menos de un mes obligaron al ex presidente Zin el Abidín ben Alí a huir del país.

En los meses siguientes a las protestas, las víctimas de la represión del levantamiento y sus familiares empezaron a presentar denuncias ante tribunales civiles de todo Túnez contra agentes de seguridad y cargos públicos a los que consideraban responsables de cometer violaciones de derechos humanos.

Las investigaciones y diligencias judiciales preliminares avanzaron con lentitud y, según informes, los jueces instructores no podían o no estaban dispuestos a ejecutar los emplazamientos para que comparecieran los funcionarios sospechosos de delitos. Todos los casos se remitieron a tribunales militares de Túnez, Kef y Sfax en mayo de 2011, y actualmente están en distintas fases de enjuiciamiento.

En febrero se estableció la Comisión de Investigación sobre los Abusos cometidos en el Periodo Precedente para investigar las violaciones de derechos humanos perpetradas durante la revuelta. Pero, más de un año después, la Comisión aún no había publicado sus conclusiones.