Londres.- El gobierno afgano debe trabajar con la Corte Penal Internacional (CPI) para que se investigue a los responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Afganistán. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional, después de un atentado, reivindicado por los talibanes, contra un hotel de Kabul que se ha cobrado la vida de al menos 10 personas.
El atentado es el último de una serie de graves ataques perpetrados por los insurgentes y dirigidos deliberadamente contra civiles, como un atentado con coche bomba contra un hospital de la provincia de Logar, en el este de Afganistán, cometido el 25 de junio, en el que murieron al menos 27 personas, entre ellas numerosas mujeres y niños y niñas.
“Ha habido una oleada de atentados que constituyen violaciones del derecho internacional humanitario por parte de los talibanes y otros grupos insurgentes; se están volviendo mucho más osados en sus homicidios deliberados de civiles, unos homicidios que constituyen crímenes de guerra, simple y llanamente”, ha manifestado Sam Zarifi, director del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.
“Estos atentados subrayan la necesidad urgente de que el gobierno afgano coopere plenamente con la Corte Penal Internacional para que se investiguen las denuncias de crímenes de guerra cometidos por todos los bandos del conflicto afgano”, ha declarado Sam Zarifi.
Afganistán ya es parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El fiscal de la CPI está llevando a cabo un examen preliminar sobre Afganistán y ha pedido información al gobierno afgano, pero todavía no ha recibido respuesta.
“El pueblo afgano clama justicia. El poder judicial del país no puede ni quiere administrársela. Únicamente un órgano internacional e independiente, como la CPI, puede desempeñar esta función”, ha manifestado Sam Zarifi.
Según la ONU, la gran mayoría de las bajas civiles se atribuyen a los talibanes y a otros grupos insurgentes. La ONU ha informado de que mayo fue el mes más mortífero para la población civil de Afganistán desde 2007, y un 82 por ciento de las bajas civiles se atribuyen a grupos antigubernamentales.
“Todas las partes del conflicto, incluidos Estados Unidos y la OTAN, deben rendir cuentas por las violaciones de las leyes de la guerra”, ha declarado Sam Zarifi.
