Lugo- Alrededor de 150 personas, representando a los más de 40.000 socios de la Sección Española de Amnistía Internacional, se reúnen en Lugo el 22 y 23 de abril para participar en la XXXII Asamblea General de la organización. Durante dos días los miembros de Amnistía Internacional abordarán las prioridades en materia de derechos humanos de la Sección española para el próximo año. Recorte de libertades El recorte de libertades se perpetúa bajo el paraguas de la “guerra contra el terror”. En el último año ha habido numerosas voces de organismos internacionales como Naciones Unidas, el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo, o de particulares como la canciller alemana Angela Merkel, que han pedido al Gobierno estadounidense que cierre Guantánamo. Para Amnistía Internacional, esta base militar no es más que la punta del iceberg de los centros secretos de detención que Estados Unidos tiene en diferentes partes del mundo. Unos lugares en los que se han utilizado técnicas de interrogatorio que violan la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, y donde los detenidos no han tenido juicio alguno después de cuatro años de reclusión. “Hasta la fecha, Estados Unidos no ha permitido la investigación independiente de sus centros de detención en otros países, por el contrario ha consolidado el uso de la tortura, ha mantenido “detenidos fantasma” (personas que se encuentran en régimen de incomunicación no reconocida) y ha consolidado las “entregas extraordinarias” de presuntos “terroristas” a terceros países donde se sabe que se practica la tortura”, manifestó Juan Lucas, Presidente de Amnistía Internacional España. Recientemente, la organización ha denunciado la existencia de casi un millar de vuelos directamente relacionados con la CIA, que en su mayoría han utilizado el espacio aéreo europeo, y al menos 25 de ellos han pasado por el espacio aéreo español. El hermetismo de estas operaciones hace imposible saber cuántas personas han sido detenidas o secuestradas, transferidas cruzando fronteras, recluidas en secreto o torturadas. La información de los propios gobiernos indica que probablemente asciendan a centenares. Con estas actuaciones, Estados Unidos, está consolidando que se cometan violaciones de derechos humanos con total impunidad. De Israel a Uzbekistán, de Egipto a Nepal, los gobiernos han desafiado abiertamente los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en nombre de la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo. Reino Unido ha sido otro ejemplo clave, en el recorte de libertades en nombre de la seguridad; a través de estrictas medidas antiterroristas el ejecutivo ha puesto en marcha “órdenes de control” y expulsiones del país sobre presuntos terroristas, menoscabando la actuación de los tribunales de justicia. Imposibilitando los Objetivos del Milenio “La “guerra contra el terror” ha alterado de modo fundamental las políticas de algunos gobiernos. Gran parte de los gobiernos han identificado el “terrorismo” internacional y las armas de destrucción masiva como amenazas serias que hay que tratar de resolver. Se exportan más armas sin apenas considerar el historial de derechos humanos de los países receptores y dichas exportaciones se realizan a países con los que se han formado alianzas sobre la base de la existencia de un enemigo común. La mayor inversión armamentística repercute en derechos económico, sociales y culturales de millones de personas en todo el mundo”, manifestó Juan Lucas. En septiembre del año 2000, dirigentes de todo el mundo adoptaron la Declaración del Milenio –que tenía como eje central los derechos humanos– y establecieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en los que se fijaban metas concretas y viables para 2015. Estas metas se ocupan de cuestiones como el VIH/sida, el analfabetismo, la pobreza, la mortalidad infantil y materna y la ayuda al desarrollo. “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio no se alcanzarán si se desvían los recursos disponibles a transferencias inadecuadas de armas”, dijo Lucas.
Cada año se producen 8 millones de armas ligeras en el mundo, que se suman a los 640 millones ya existentes. Muchas de esas armas son utilizadas para perpetrar violaciones de derechos humanos, participar en conflictos, perpetuando la pobreza. Por eso más que nunca es imprescindible la puesta en marcha de un Tratado Internacional que controle y regule el comercio de armas.
Un total de 52 países han anunciado hasta el momento su apoyo a dicho tratado internacional, entre ellos, todos los de la Unión Europea, incluida España. La violencia contra las mujeres, tanto en situaciones de conflicto como en el ámbito familiar, seguirá siendo una línea prioritaria de trabajo de la organización. Todavía existen en el mundo leyes que discriminan a las mujeres por razón de su sexo, es decir, que tratan de forma diferente a los hombres y a las mujeres, y conceden a éstas menos derechos y en menor grado. En Arabia Saudí las mujeres no pueden votar. En Camerún es el marido quien decide si la mujer trabaja o no. En Sudán se permiten los matrimonios forzados. En Chile el marido es el titular de la custodia conjunta de bienes. En al menos 36 países aún están en vigor leyes que discriminan a las mujeres. Para Amnistía Internacional, la discriminación por razón de sexo es la causa subyacente de la violencia contra las mujeres, la violación de los derechos humanos más extendida e impune que existe en el mundo. Prioridades de Amnistía Internacional en España Actualmente, Amnistía Internacional cuenta en España con más de 40.000 socios, 89 grupos locales, cerca de 50.000 personas que de modo continuo envían cartas a favor de los derechos humanos de víctimas individuales en todo el mundo y más de 1.200 personas voluntarias que colaboran activamente para el logro de los objetivos de la organización. Las prioridades de la organización en España a lo largo del próximo año serán: · Ante el anuncio por parte de ETA de un alto el fuego permanente, Amnistía Internacional advierte que este anuncio debe significar el cese total de los atentados, las amenazas y el hostigamiento a amplios sectores de la población, especialmente en el País Vasco y Navarra. Y recuerda, que los derechos humanos no deben ser moneda de cambio en el proceso de negociación. Para Amnistía Internacional no puede haber impunidad para los graves abusos de derechos humanos cometidos por ETA, ni para las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, tal como han recomendado el Relator de Naciones Unidas contra la Tortura y el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. En cualquier caso debe respetarse el derecho a obtener verdad, justicia y reparación para todas las víctimas. · Amnistía Internacional continuará vigilando que se garanticen los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo que llegan a España a través de la Frontera Sur, que se investigue el uso de la fuerza de las fuerzas de seguridad española en la frontera, y que se garantice que estas personas no serán devueltos a ningún país donde no se respeten los derechos humanos. Igualmente trabajará para que el Gobierno español garantice que en caso de que las personas migrantes sean devueltas a un país de tránsito, aquí también se respeten plenamente sus derechos. · Seguiremos trabajando la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar en España, que a lo largo del 2006 ya se ha cobrado la vida de 31 mujeres (a 11 de abril), evaluando la eficacia de las leyes que intentan frenar esta violación de derechos humanos, Amnistía Internacional trabajará especialmente la situación de las mujeres inmigrantes indocumentadas víctimas de la violencia de género por ser más vulnerables y estar más desatendidas que el resto de las víctimas. La Instrucción 14/2005 de la Secretaría de Estado de Seguridad, en la que se prioriza la situación administrativa de las mujeres frente a su condición de víctimas de violencia de género, lo que dificulta que presenten denuncias y se las excluya del acceso a ayudas económicas o de alojamiento por carecer de permiso de residencia. · La organización trabajará también para que se garantice verdad, justicia y reparación, para las víctimas de la Guerra Civil española y del franquismo, a través de medidas de envergadura para acceder a información sobre lo ocurrido en esta época, y que se facilite ayuda eficaz a los familiares para recuperar a sus “desaparecidos”. Una organización moderna, eficaz y participativa La Sección española de Amnistía Internacional ha establecido en su plan de trabajo para este año una estrategia para potenciar Internet de forma mucho más activa como herramienta de lucha contra las violaciones de derechos humanos, a través de un Centro de Acción (www.actuaconamnistia.org) para los miles de ciberactivistas que colaboran con las campañas de la organización. En los últimos años millones de personas han participado on-line en las diferentes acciones web de denuncia. Además, para conseguir una mayor base social que aporte más presión y fuerza a las demandas de la organización, se ha planteado un crecimiento en el número de socios, la creación de nuevos grupos universitarios de voluntariado y dar prioridad al trabajo para acercar las preocupaciones de la organización a los jóvenes.
