La aprobación por el Parlamento israelí de legislación discriminatoria es inaceptable

Amnistía Internacional condena la decisión del Parlamento israelí de prorrogar una legislación (la Ley de Ciudadanía y Entrada en Israel) que niega a millares de ciudadanos árabes israelíes el derecho a vivir en familia.  «Israel alega espurias razones de "seguridad” para justificar una ley que institucionaliza la discriminación racial y viola el derecho internacional», ha manifestado la organización de derechos humanos. El Parlamento ha tomado su decisión a pesar de los llamamientos hechos por Amnistía Internacional en un informe del 13 de julio de 2004 para pedir la revocación de las disposiciones sobre unificación familiar de la Ley de Ciudadanía y Entrada en Israel. Esta legislación, aprobada inicialmente por un periodo de un año, se prorrogó seis meses el pasado 21 de julio. Prohíbe a los israelíes casados con palestinos de los Territorios Ocupados vivir son sus cónyuges en Israel, por lo que las familias se ven obligadas a vivir separadas o a abandonar el país. «Las autoridades israelíes deben revocar definitivamente esta ley y poner fin a la discriminación basada en el origen étnico o nacional de las personas», ha señalado Amnistía Internacional. El gobierno israelí justifica la prohibición de la unificación familiar alegando razones de “seguridad” y sostiene que la ley tiene por objeto reducir la amenaza potencial de ataques de palestinos en Israel. Sin embargo, al promover la ley, ministros y otras autoridades israelíes han calificado reiteradamente a los ciudadanos palestinos de Israel (árabes israelíes) de  “amenaza demográfica” y de peligro para el carácter judío del Estado. Esta ley forma parte de una política que se aplica desde hace mucho tiempo con objeto  de limitar el número de residentes y ciudadanos palestinos de Jerusalén oriental y ha de ser examinada en el contexto otras leyes y prácticas existentes que discriminan a los palestinos y a los árabes israelíes. Consulten el documento de Amnistía Internacional  Torn Apart: Families split by discriminatory policies