En respuesta a la aprobación en primera lectura de una controvertida nueva reforma de la legislación penal de Israel que hace preceptivo para los tribunales de ese país la imposición de la pena de muerte a las personas declaradas culpables de matar a un israelí “ya sea de forma intencionada o imprudente” si el acto está motivado por “racismo u hostilidad contra la población” y se ha “cometido con el objetivo de dañar al Estado de Israel o al renacimiento del pueblo judío”, Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional, ha declarado:
“No hay manera de suavizar este asunto; una mayoría conformada por 39 miembros de la Knéset (Parlamento israelí) aprobó en primera lectura un proyecto de ley que en la práctica obliga a los tribunales a imponer la pena de muerte únicamente a personas palestinas. Aunque el texto del proyecto de ley no señala específicamente a la población palestina, el elemento mental requerido para el delito en cuestión indica que sus principales víctimas van a ser personas palestinas, incluidas aquellas que hubieran cometido los delitos punibles antes de la promulgación de la ley.”
“Los miembros de la Knéset deberían estar trabajando para abolir la pena de muerte, no para ampliar su aplicación. La pena de muerte constituye la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante y una negación irreversible del derecho a la vida. No debería imponerse en ninguna circunstancia, y menos aún emplearse como arma y como herramienta manifiestamente discriminatoria de homicidio, dominación y opresión autorizados por el Estado. Su imposición obligatoria y su aplicación retroactiva violarían las prohibiciones claras establecidas en el derecho y las normas internacionales de derechos humanos sobre el uso de este castigo.”
“El cambio que requiere a los tribunales imponer la pena de muerte a personas palestinas supone un peligroso y dramático retroceso y es producto de la actual impunidad del sistema de apartheid de Israel y de su genocidio en Gaza. No es espontáneo. Se propone en un contexto de fuerte aumento de la cifra de homicidios ilícitos de personas palestinas —incluidos actos que constituyen ejecución extrajudicial— durante el último decenio, y de un espantoso incremento de las muertes bajo custodia de personas palestinas desde octubre de 2023. Esos actos no sólo han gozado de una impunidad casi total, también han sido legitimados, apoyados y, en ocasiones, glorificados. La modificación se propone además en un clima de incitación a la violencia contra la población palestina, como ha quedado de manifiesto con el aumento de los ataques de colonos respaldados por el Estado en la Cisjordania ocupada.”
“Asimismo, resulta preocupante que la legislación autorice a los tribunales militares a dictar condenas a muerte contra civiles —cuya pena no puede ser conmutada—, especialmente dado el carácter injusto de los juicios celebrados ante esos tribunales, que tienen un índice de sentencias condenatorias de más del 99% contra las personas palestinas acusadas.”
“Sobre el papel, tradicionalmente la legislación israelí ha restringido el uso de la pena capital a crímenes excepcionales, como el genocidio y los crímenes de lesa humanidad, y la última ejecución ordenada por un tribunal se llevó a cabo en 1962.”
“De ser aprobado, este proyecto de ley no sólo situará a Israel contra la tendencia mundial de abolir el uso de la pena de muerte, sino también contra el objetivo declarado de abolición consagrado en un tratado internacional clave ratificado por el país en 1991.”
“El hecho de que este proyecto de ley estipule que los tribunales deben imponer la pena de muerte a las personas declaradas culpables de asesinato por motivos nacionales con la intención de ‘dañar al Estado de Israel o al renacimiento del pueblo judío’ no es más que otra manifestación evidente de la discriminación institucionalizada de Israel contra la población palestina, un pilar fundamental del sistema de apartheid israelí, en la ley y en la práctica.”
“La comunidad internacional debe ejercer la máxima presión sobre el gobierno israelí para que retire inmediatamente este proyecto de ley y elimine todas las leyes y prácticas que contribuyen al sistema de apartheid contra la población palestina. Las autoridades deben garantizar que las personas palestinas presas o detenidas reciben un trato que se ajuste al derecho internacional —que incluye la prohibición de la tortura y otros malos tratos—, y que disfrutan de las garantías de juicio justo. Las autoridades también deben adoptar medidas concretas encaminadas a abolir la pena de muerte por todos los delitos y para todas las personas.”
La primera lectura del proyecto de ley se aprobó por 39 votos a 16. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente del delito, las características y la culpabilidad o la inocencia del acusado, o el método utilizado. A fecha de hoy, 113 países han abolido la pena capital para todos los delitos, siete países más que en 2020.
