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Irak: 24 condenados a muerte en un juicio injusto por la matanza de Speicher

La investigadora de AI, Donatella Rovera, en las proximidades de del Campamento Militar de Speicher, cerca de Tikrit. Copy: AI

Amnistía Internacional ha manifestado hoy su gran preocupación por las condenas a muerte impuestas por un tribunal de Bagdad tras el juicio rápido de 28 hombres por la muerte de al menos 1.700 cadetes militares en junio del año pasado.

El Tribunal Penal Central de Irak en Bagdad condenó ayer a morir en la horca a 24 hombres en aplicación del artículo 4 de la Ley Antiterrorista de 2005 tras declararlos culpables de matar al menos a 1.700 cadetes militares del Campamento Militar de Speicher, cerca de Tikrit, en la gobernación de Salahuddin, el 12 de junio de 2014. Otros cuatro fueron absueltos por falta de pruebas. Las autoridades iraquíes emitieron más de 600 órdenes de detención en relación con la matanza.

La mayoría de los cadetes eran chiíes capturados por combatientes del Estado Islámico (IS) en junio de 2014 y el IS mostró vídeos en los que los introducían en camiones y los ejecutaban sumariamente.

El juicio, que duró apenas unas horas, se basó principalmente en “confesiones” obtenidas de los procesados durante los interrogatorios y en imágenes de vídeo de la matanza difundidas anteriormente por el IS. Según fuentes presentes en la sala del juicio, los procesados negaron su participación en las muertes y dijeron que las “confesiones” presentadas como prueba contra ellos en el juicio fueron obtenidas bajo tortura. Otros negaron estar en la zona de Tikrit en el momento de la matanza.

La rapidez con que se dictó sentencia y la ausencia de investigaciones sobre las denuncias de tortura de los procesados arrojan serias dudas sobre la imparcialidad del juicio. Los procesados fueron representados por abogados nombrados por el tribunal que, según informaciones de los medios de comunicación, pidieron indulgencia para sus clientes, pero no rebatieron las pruebas ni impugnaron las “confesiones”.

Amnistía Internacional ha condenado en reiteradas ocasiones las atrocidades cometidas por militantes del IS y ha pedido que los responsables rindan cuentas de sus actos. Aunque la ejecución sumaria de cadetes militares capturados y desarmados es un crimen abominable, para que se haga justicia las personas enjuiciadas por dicho crimen deben recibir un juicio justo con arreglo a las normas internacionales.

Pese a la declaración del portavoz del Consejo Judicial Supremo de Ira, Abdul Sattar al Birqdar, de que los procesados contarán con todas las garantías previstas en las leyes y normas internacionales, el juicio de ayer lleva el sello de los juicios gravemente injustos a que han sido sometidos en los últimos años miles de personas acusadas de terrorismo en Irak, condenadas a largas penas de prisión o a muerte. Para obtener la declaración de culpabilidad se suelen usar confesiones obtenidas bajo tortura durante el interrogatorio, de las que los procesados se han retractado posteriormente ante el tribunal.

Las condenas a muerte se han impuesto en medio de crecientes llamamientos del gobierno y de algunos miembros del Parlamento al presidente Fuad Masum para que acelere la ratificación de dichas condenas y acelerar las ejecuciones.

El 16 de junio, el gobierno iraquí aprobó una propuesta de enmienda al Código de Enjuiciamiento Criminal que permite ratificar ejecuciones al ministro de Justicia si el presidente no ratifica, indulta, concede medidas de clemencia o conmuta las penas de muerte definitivas en el plazo de 30 días. Aunque, según informes, esta enmienda no se ha debatido hasta ahora en el Parlamento, algunas fuentes indican que el presidente Fuad Masum ha autorizado al vicepresidente Nouri al Maliki que ratifique las condenas a muerte.

Acelerar la ejecución de las penas de muerte es un error, más aún en Irak, donde el sistema de justicia tiene numerosas deficiencias. Amnistía Internacional ha documentado muchas condenadas a muerte basadas en “confesiones” empañadas por denuncias de tortura y en información procedente de informadores secretos, con desprecio absoluto de las garantías procesales.

Amnistía Internacional pide a las autoridades iraquíes que conmuten sin dilación las condenas a muerte impuestas a estos 24 hombres y a todas las personas que están actualmente en el corredor de la muerte, y declaren una moratoria oficial de todas las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza o de las circunstancias del delito; de la culpabilidad, inocencia u otras características de la persona; y del método empleado por el Estado para realizar la ejecución. La pena de muerte viola el derecho a la vida proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y es el castigo cruel, inhumano y degradante por antonomasia.