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Indonesia: Las ejecuciones harán que Jokowi vaya a contracorriente de la historia

El presidente indonesio Joko Widodo 'Jokowi' © BAY ISMOYO/AFP/Getty Images

El presidente de Indonesia Joko Widodo, conocido popularmente como “Jokowi”, hará que su Gobierno vaya a contracorriente de la historia si sigue adelante con una nueva ronda de ejecuciones, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

La organización ha sabido de fuentes dignas de crédito que al menos 14 personas podrían ser ejecutadas esta semana: cuatro de nacionalidad indonesia y 10 extranjeras (cinco nigerianas, una paquistaní, una india, una zimbabuense, una senegalesa y una sudafricana).

“La era del presidente Widodo iba a representar supuestamente un nuevo comienzo para los derechos humanos en Indonesia. Lamentablemente, Widodo podría presidir el mayor número de ejecuciones de la era democrática del país en un momento en el que la mayoría del mundo ha dado la espalda a esta práctica cruel”, afirmó Josef Benedict, director adjunto para el Sureste Asiático y el Pacífico de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional ha sabido que al menos una docena de presos condenados a muerte podrían ser ejecutados este mismo fin de semana, muchos de ellos por delitos de drogas. A la organización le preocupa también el hecho de que algunos de estos presos fueron declarados culpables en juicios manifiestamente injustos y no han pedido el indulto al presidente.

En un informe publicado por Amnistía Internacional el año pasado, la organización concluyó que en 12 casos se había negado a las personas procesadas el acceso a un abogado en el momento de su detención y en diferentes etapas posteriores. Algunas de estas personas denunciaron que habían sido sometidas a tortura y otros malos tratos mientras estaban bajo custodia policial y que fueron obligadas a “confesar” sus presuntos delitos. Hasta la fecha, las autoridades no han investigado estas denuncias.

La decisión del Gobierno de Indonesia de seguir adelante con una tercera ronda de ejecuciones ya ha sido recibida con un llamamiento a favor de la clemencia de Pakistán y de muchos otros.

Las autoridades de Pakistán han pedido a sus homólogos de Indonesia que no ejecuten a Zulfiqar Ali, ciudadano paquistaní y trabajador de la industria textil, que ha contado cómo lo torturaron bajo custodia y que lleva más de una década en el corredor de la muerte por un delito de drogas. Durante su detención previa al juicio se le negó el derecho a contactar con su embajada y no se le permitió acceder a un abogado hasta aproximadamente un mes después de ser detenido.

“Como muestra el caso de Zulfiqar Ali, se ha vulnerado reiteradamente el derecho internacional en los casos de pena de muerte, desde el momento de la detención hasta el juicio y la fase de apelación. Con independencia de lo que pensemos sobre la pena de muerte, en ningún caso debería decidirse sobre la vida de nadie basándose este tipo de actuaciones deficientes”, declaró Josef Benedict.

“La comunidad internacional debería alarmarse por la reactivación de las ejecuciones, y otros países deberían hablar a favor de quienes se enfrentan a la pena de muerte en Indonesia".

La decisión de reanudar las ejecuciones es también polémica dentro del país, donde ha topado incluso con la oposición de religiosos y parlamentarios.

Indonesia tiene un sólido historial de lucha por los derechos de sus ciudadanos condenados a muerte en el extranjero, pero las autoridades no mantienen esta posición de forma congruente en el propio país, donde el presidente Widodo ha afirmado que la pena de muerte es necesaria para disuadir de los delitos de drogas.

“No hay pruebas que respalden la postura del presidente Widodo. La pena de muerte no disuade contra el crimen. Las ejecuciones no librarán a Indonesia de las drogas. La pena de muerte nunca es una solución y lesionará el prestigio de Indonesia en el mundo”, afirmó Josef Benedict.

“Si el presidente Widodo quiere realmente reclamar un lugar para Indonesia en el mundo como líder de la región, no puede ignorar sus obligaciones en materia de derechos humanos. El primer paso debe ser una moratoria de las ejecuciones con vistas a librar a Indonesia de este injusto castigo de una vez por todas".

Información complementaria

Las últimas ejecuciones en Indonesia se llevaron a cabo en enero y abril de 2015, cuando seis y ocho personas, respectivamente, fueron ejecutadas por un pelotón de fusilamiento. El Gobierno anterior, presidido por Susilo Bambang Yudhoyono, llevó a cabo 21 ejecuciones entre 2005 y 2013.

Al menos cuatro presos condenados a muerte han sido trasladados a la isla penitenciaria indonesia de Nusakambangan en las últimas semanas, donde se realizaron 13 de las 14 ejecuciones de 2015. Los condenados a muerte fueron declarados culpables de delitos de drogas y algunos no recibieron un juicio justo.

En los casos examinados por Amnistía Internacional, algunos presos denunciaron que la policía los había torturado, incluso para obtener “confesiones”. A muchos no se les permitió acceder a un abogado en el momento de su detención ni en otras etapas del proceso.

En un informe de 2015 titulado Flawed Justice: Unfair Trials and the Death Penalty in Indonesia, Amnistía Internacional puso de relieve los casos de 12 condenados a muerte que ilustraban las deficiencias manifiestas de la administración de justicia en Indonesia que dan lugar a flagrantes violaciones de derechos humanos.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado, y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución.

 

·     https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/10/indonesia-report-reveals-endemic-judicial-flaws-in-death-penalty-cases/

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