Honduras: Verdad a medias para Berta Cáceres y su familia
El tribunal declaró culpables a Douglas Bustillo (militar retirado), Henry Hernández (ex - soldado), Edilson Duarte Mesa, Elvin Rápalo Orellana, Óscar Torres, Sergio Rodríguez Orellana (Directivo de DESA, empresa que construía la represa Agua Zarca a la que se oponía la defensora) y Mariano Díaz Chávez (Mayor del ejército). Asimismo, absolvió a Emerson Duarte Mesa. Queda pendiente la realización del juicio contra David Castillo, Gerente General de DESA, quien fue arrestado el 2 de marzo de 2018. Irregularidades durante el proceso
A lo largo de la investigación, la familia de la defensora de derechos humanos, así como Gustavo Castro, el único testigo del asesinato, han reiterado que el Ministerio Público de Honduras no garantizó el acceso real y completo al expediente, ni al material probatorio.
Debido a que el Tribunal no tomó las medidas pertinentes para garantizar el acceso de las víctimas a las pruebas y el expediente, los representantes de la familia de Berta Cáceres y de Gustavo Castro presentaron una recusación contra las integrantes del Tribunal por considerar que los mismos no eran imparciales para conocer y decidir en el juicio. Esta solicitud dio lugar a su vez a la suspensión del juicio que estaba programado para iniciarse el 17 de septiembre. El Tribunal convocó nuevamente a inicio de juicio el 19 de octubre. Los abogados de la familia de Berta Cáceres y de Gustavo Castro no se presentaron por considerar que el inicio del juicio era ilegal, puesto que estaba pendiente la decisión de un amparo interpuesto precisamente para que no comenzara.
En esa misma fecha, el Tribunal declaró el abandono del juicio por parte de la familia de Berta Cáceres, así como de Gustavo Castro. En consecuencia, el Tribunal decidió que el Ministerio Público debería asumir la representación de la familia de la defensora de derechos humanos y del mencionado testigo.
La decisión del Tribunal de imponerle a las víctimas al Ministerio Público como su representante violó la garantía del debido proceso y, por ende, afectó su derecho de acceso a la justicia, la verdad y la reparación. La representación de las víctimas no debió haber quedado en manos de una institución que ellas habían denunciado repetidamente como vulneradora de sus derechos.
Estigmatización y posibles actos de discriminación
Mientras el juicio avanzaba, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y el Movimiento Amplio por la Justicia (MADJ), organización a la que pertenecen los abogados de la familia de Berta Cáceres, sufrieron ataques de estigmatización que buscan desacreditar su trabajo por los derechos humanos. Las autoridades no se han pronunciado para rechazar estos señalamientos o para respaldar la importancia de defender derechos humanos, y de esta manera, proteger de otros ataques a las y los integrantes de las referidas organizaciones.
De acuerdo con el COPINH, el 31 de agosto 2018, el personal de la Corte obligó a los asistentes indígenas a quitarse la vestimenta tradicional antes de ingresar a la sala del tribunal y les negó entrada a algunos asistentes indígenas a la sala en razón de que no había suficientes asientos. Por el contrario, se habría permitido el ingreso de delegados del cuerpo diplomático de distintas embajadas a quienes se les proporcionó asientos adicionales.
Más información: Honduras: El tribunal está vulnerando los derechos de la familia de Berta Cáceres Honduras: Las autoridades deben garantizar la seguridad de defensores y periodistas atacados en campañas de estigmatización
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