Gobierno, parlamentarios y expertos debaten en el Congreso la futura ley sobre comercio de armas

Madrid.- Representantes del Gobierno y de los Grupos Parlamentarios, expertos y ONG han debatido hoy en el Congreso de los Diputados, en un seminario a puerta cerrada, el contenido de la futura ley sobre comercio de armas que el Gobierno debe presentar antes de fin de año. En el encuentro, Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam han presentado a los legisladores un informe con medidas adoptadas por otros países que deben servir de ejemplo para la normativa española. Francia, Alemania y EEUU son algunos de los que ofrecen ejemplos positivos para mejorar la transparencia y el control en la transferencia de armas españolas. El informe "Hacia una ley para el control del comercio de armas" –elaborado por la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona– recoge medidas concretas, desde los criterios para evitar que lleguen armas a destinos "sensibles" hasta cómo deben ser las licencias del Gobierno en todo el proceso de comercialización de armas, incluidas la producción, intermediación y exportación. Francia ofrece buenos ejemplos de cómo se limitan por ley las políticas gubernamentales de exportación. Por un lado, establece explícitamente la obligatoriedad de respetar los embargos de armas decretados por Naciones Unidas y la Unión Europea, y prohibe exportar a países cuyas Fuerzas Armadas recluten a niños soldado. Por otro, establece una completa lista de armas que deben someterse a controles de exportación, y que incluye las armas para caza y tiro deportivo como material de defensa, algo que en España no ocurre. "Si, por ejemplo, se siguiera el modelo francés, España debería someter a control la exportación de 37 millones de piezas de munición a un país como Ghana, al que ahora se exporta libremente porque se clasifica como material para caza o tiro deportivo", explica Ricardo Magán, responsable de la campaña Armas Bajo Control en Intermón Oxfam. Alemania es la mejor referencia en cuanto a las condiciones para aprobar o denegar licencias de exportación. Su normativa prohibe vender armas a países que sufren o participan en conflictos armados o a lugares donde el estallido del conflicto es inminente. También prohibe las transferencias a lugares donde las armas puedan usarse para la represión interna o donde se produzcan graves violaciones de los Derechos Humanos. Las autoridades alemanas tampoco pueden autorizar ventas de armas que sean contrarias al Derecho Internacional o a las decisiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. "Parecen cuestiones muy obvias pero todos los gobiernos españoles han incumplido e incumplen estas condiciones cada vez que autorizan la venta de armas a países como Colombia", explica Yolanda Román, responsable de Política Exterior de Amnistía Internacional. En materia de transparencia, EEUU es el mejor ejemplo a seguir. "El país que más armas vende en todo el mundo es, además, el que ofrece un mayor nivel de información, porque nombra el país receptor, la cantidad de armas y el precio, y hace una descripción detallada del producto", explica Mabel González, de Greenpeace. Otros países como Bélgica presentan un informe anual detallado al Parlamento para su debate. El Reino Unido es especialmente diligente a la hora de presentar la información: lo hace cada tres meses, la publica en Internet y mantiene permanentemente actualizada la lista de licencias concedidas. En España, aunque se han producido progresos en materia de transparencia, el gobierno sólo informa semestralmente de las exportaciones y aporta una información incompleta y tardía, con un mínimo de medio año de retraso. Nota informativa: El pasado 13 de diciembre de 2005, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una Proposición No de Ley (PNdL) en la que se pide al Gobierno que presente un proyecto de ley sobre el control del comercio de armas en el plazo de un año. Además de la incorporación de buenas prácticas puestas en marcha por otros países, Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam recuerdan que la ley debe incorporar los acuerdos internacionales suscritos por España, entre ellos el Código de Conducta Europeo.