La aprobación por el Parlamento francés, el 15 de diciembre de 2016, de una nueva ley que prorroga el estado de excepción en el país siete meses más amenaza con normalizar medidas de emergencia, a la vez que menoscaba los derechos humanos y el Estado de derecho, han manifestado Human Rights Watch y Amnistía Internacional hoy. Al final de esta última ampliación, Francia habrá estado 20 meses en estado de excepción.
“Con cada renovación, el estado de excepción se va convirtiendo poco a poco en la nueva norma, lo que resulta peligroso para una democracia basada en el Estado de derecho”, ha señalado Nadim Houry, director del programa sobre terrorismo y medidas antiterroristas de Human Rights Watch. “Puesto que cabe pensar que el terrorismo seguirá siendo una amenaza en el futuro próximo, las autoridades deben revaluar seriamente su dependencia de las medidas de excepción y volver a las medidas jurídicas existentes.”
El ministro del Interior, Bruno Le Roux, justificó la ampliación ante la Asamblea Nacional señalando que la amenaza terrorista seguía siendo “extremadamente grande.” Dijo que había riesgo de atentados en el “intenso periodo electoral” que se avecina con la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas francesas en abril y junio de 2017.
En la renovación del 15 de diciembre, el Parlamento limitó a 12 meses el periodo de arresto domiciliario dictado en aplicación de los poderes de excepción, salvo que el tribunal administrativo supremo del país, el Conseil d’État, apruebe nuevas prórrogas de tres meses. De las 95 personas que había bajo arresto domiciliario a fecha de 6 de diciembre, 37 llevaban un año o más sometidas a él. El gobierno debe reforzar aún más las salvaguardias aplicables en caso de arresto domiciliario y registro para garantizar que los poderes de excepción se ejercen sólo en la medida estrictamente necesaria, a la vez que entabla un debate más amplio sobre la necesidad de salir del estado de excepción —ha manifestado Human Rights Watch—.El presidente Francois Hollande declaró el estado de excepción horas después de los mortales atentados de París del 13 de noviembre de 2015, activando una legislación de emergencia creada en 1955, durante la guerra de Francia en Argelia, y que otorga inmensos poderes al ministro del Interior y a las autoridades gubernamentales locales para registrar viviendas y otros edificios y restringir la libertad de circulación sin orden judicial.
Según la comisión parlamentaria que se ocupa de vigilar la aplicación del estado de excepción, los funcionarios franceses encargados de hacer cumplir se han acogido al estado de excepción en vigor desde noviembre de 2015 para practicar 4.292 registros sin orden judicial, 612 arrestos domiciliarios —incluidos los de las 95 personas que continúan sometidas a tal medida— y 1.657 operaciones de control de vehículos e identidad. Estas medidas han dado lugar a sólo 61 investigaciones criminales por terrorismo, de las que únicamente 20 se han iniciado por “asociación delictiva en relación con una empresa terrorista” (association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste), delito de definición muy general tipificado en la legislación francesa. Las otras 41 guardan relación con cargos más leves de apología del terrorismo.
Se plantean serias dudas en torno a la eficacia de las medidas de excepción, ha señalado Human Rights Watch. El número de procedimientos judiciales entablados como consecuencia de las prerrogativas adicionales es pequeño en comparación con los ordinarios. Desde la declaración del estado de excepción, la unidad antiterrorista centralizada de la fiscalía ha abierto 169 investigaciones judiciales sin recurrir a las medidas de excepción.
El propio informe de la comisión parlamentaria señala que los registros practicados con arreglo a las disposiciones de excepción han contribuido sólo “modestamente” al trabajo de la unidad antiterrorista de la fiscalía. Una comisión francesa de investigación establecida anteriormente para examinar los atentados de noviembre de 2015 determinó en julio de 2016 que el estado de excepción tenía un “impacto limitado” en la mejora de la seguridad.
Francia tiene ya una serie de leyes antiterroristas en su sistema ordinario, muchas de las cuales contienen igualmente disposiciones problemáticas desde el punto de vista de los derechos humanos, que permiten a las autoridades investigar, detener y procesar a presuntos terroristas. Desde los atentados de noviembre de 2015, Francia ha ampliado reiteradamente los poderes previstos en su arsenal legislativo ordinario para combatir el terrorismo. En el sitio web del gobierno francés sobre la lucha contra el terrorismo se indicó en agosto de 2016 que el gobierno había “completado su arsenal jurídico y llevado a cabo un refuerzo sin precedente de sus medios en la policía, el ejército y los servicios de inteligencia”.
El Conseil d’État francés, tribunal administrativo supremo del país, advirtió en febrero, cuando se aprobó la segunda prórroga, de que “un estado de excepción es un ‘estado de crisis’, que es intrínsecamente temporal. Su renovación no debe continuar, por tanto, indefinidamente.” El comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, expertos independientes de la ONU, el Defensor del Pueblo francés y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Francia, así como abogados, jueces y organizaciones de derechos humanos, han expresado honda preocupación ante la idea de un estado de excepción indefinido.
De acuerdo con el derecho internacional, los gobiernos pueden restringir temporalmente determinados derechos durante el estado de excepción —incluida la libertad de circulación, de expresión y de asociación—, pero sólo en la medida estrictamente necesaria según la situación. Los gobiernos deben garantizar que tales medias son estrictamente proporcionales al fin previsto y que los poderes de excepción no se ejercen de manera discriminatoria ni estigmatizan a personas de una determinada etnia, religión o grupo social.
“Esta prórroga amenaza con convertir un riesgo generalizado para la seguridad en motivo para mantener un estado de excepción constante”, ha afirmado John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa. “El uso que se está haciendo de amplios y desproporcionados poderes ejecutivos, sin apenas control, está siendo causa de numerosos abusos contra los derechos humanos. A la larga, la elección entre derechos y seguridad que se está presentando al pueblo francés es falsa.”
