Con motivo de la vista de confirmación de cargos del expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, en la Corte Penal Internacional (CPI) el lunes 23 de febrero, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado:
“El tan esperado día en que el expresidente Rodrigo Duterte estará ante un tribunal es un paso significativo para que se haga justicia a víctimas y supervivientes de la letal ‘guerra contra las drogas’ de su administración”.
“También recuerda a la comunidad internacional que nadie está por encima de la ley, con independencia de la ferocidad de los ataques, de las sanciones y de las amenazas contra la CPI de algunos líderes mundiales”.
“La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI debe ahora alcanzar con rapidez una decisión sobre la confirmación de los cargos de crímenes de lesa humanidad contra Duterte para que pueda actuar la justicia”.
“Del mismo modo que Duterte tiene el derecho a un juicio conforme a las normas internacionales, el avance oportuno hacia la justicia sigue siendo esencial para defender los derechos de las víctimas. Si se confirman los cargos, el juicio deberá proceder sin demora y se deberá proteger a los testigos frente a la intimidación”.
“Instamos al gobierno filipino a que coopere con la investigación en curso de la CPI sobre crímenes cometidos en el país, lo que incluye cumplir sin demora cualquier orden de detención más que dicte la Corte”.
“La entrega de Duterte por el gobierno a la CPI no exime a éste de la responsabilidad de rendir cuentas en el país por las violaciones cometidas en la ‘guerra contra las drogas’. Junto con la CPI, el gobierno debe llevar a cabo investigaciones efectivas sobre todas las demás personas presuntamente implicadas en ejecuciones extrajudiciales y exigir responsabilidades a los perpetradores en juicios justos”.
Información complementaria
En marzo de 2025, el gobierno filipino detuvo al expresidente Duterte y lo entregó a la CPI para que se enfrentase a cargos de asesinato y tentativa de asesinato como crímenes de lesa humanidad ligados a la llamada “guerra contra las drogas” de su gobierno y anteriormente, durante el tiempo que fue alcalde de la ciudad de Davao, entre 2013 y 2016. La comparecencia inicial de Duterte ante la Corte se produjo el 14 de marzo de 2025.
Desde su detención, está en espera de juicio bajo custodia de la CPI en Países Bajos. El equipo jurídico del expresidente ha impugnado la competencia de la Corte, su detención actual y su aptitud para ser juzgado. Más recientemente, ha tratado de recusar a los abogados filipinos nombrados para representar a las víctimas ante la Corte.
Sigue pendiente de trámite una impugnación de la competencia de la Corte ante la Sala de Apelaciones. En enero de 2026, una Sala de Cuestiones Preliminares determinó, tras un reconocimiento a cargo de especialistas médicos, que Duterte era apto para ser juzgado.
La Sala de Cuestiones Preliminares debe decidir si confirma algunos de los cargos o todos ellos en el plazo de 60 días tras la conclusión de las vistas de los días 23 a 27 de febrero. Si los confirma, la causa sería trasladada a otra sala para el juicio en sí.
Durante la administración de Duterte, entre 2016 y 2022, la policía —o personas armadas presuntamente vinculadas a ésta— mataron ilícitamente a miles de personas, en su mayoría de comunidades pobres y marginadas, como arte de la “guerra contra las drogas”.
Amnistía Internacional ha publicado importantes investigaciones en las que se detallan ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos cometidas por agentes de policía y sus superiores. La organización ha determinado que los actos cometidos alcanzan el umbral de crímenes de lesa humanidad.
La CPI sigue investigando otros posibles crímenes de lesa humanidad cometidos durante la “guerra contra las drogas” y por el Escuadrón de la Muerte de Davao en la ciudad de Davao cuando Duterte era alcalde, de 2011 a 2016. El 13 de febrero de 2026, una “versión pública menos censurada” del documento que contiene los cargos enumeraba a otras ocho personas como coperpetradores de crímenes junto con Duterte. No se ha hecho público aún ninguna orden de detención más.
