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Europa debe ratificar el Convenio de Estambul para combatir la violencia contra las mujeres

El Convenio de Estambul es el primer tratado europeo dirigido específicamente a la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. © Demotix

Los gobiernos de toda Europa y la Unión Europea (UE) deben firmar y ratificar sin más demora el Convenio de Estambul, un nuevo instrumento de ámbito continental para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y niñas y la violencia intrafamilar, ha afirmado Amnistía Internacional hoy, 1 de agosto, día en el que este tratado entra en vigor.

Golpeadas, violadas, acosadas o sometidas a mutilación genital femenina, muchas mujeres y niñas en Europa sufren en silencio mientras se les niegan los medios para escapar de unas situaciones que consideran sin esperanza. Europa debe despertar a esta realidad”, ha afirmado Michael Bochenek, director de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional.

“El Convenio de Estambul es una poderosa herramienta para abordar a fondo este amplio abuso contra los derechos humanos que destroza todos los días las vidas de millones de mujeres en Europa. Los gobiernos de toda Europa y Asia Central deben mostrar ahora voluntad política y traducirla en acciones concretas.”

El Convenio, adoptado en Estambul por los 47 Estados miembros del Consejo de Europa el 11 de mayo de 2011, es el primer tratado europeo que aborda de manera específica la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar. El tratado expone unas normas mínimas sobre prevención, protección, enjuiciamiento y desarrollo de políticas integradas. Los países que ratifican el tratado están obligados a proteger y apoyar a las víctimas de esta violencia. También deben establecer servicios como líneas telefónicas permanentes, refugios, servicios médicos, servicios de apoyo especializado y asistencia jurídica gratuita.

“Los gobiernos deben empoderar a las mujeres para que tomen el control de sus vidas. Al mismo tiempo, deben elaborar políticas claras para proporcionarles reparación, castigar a los autores de los abusos y prevenir nuevos abusos”, ha afirmado Michael Bochenek.

 

El problema

La violencia física, sexual y psicológica contra las mujeres es un abuso contra los derechos humanos muy extendido en todos los Estados miembros del Consejo de Europa.

Según un nuevo informe de la Unión Europea, una de cada tres mujeres (el 33 por ciento, es decir 62 millones de mujeres) de los 28 Estados miembros de la UE han sufrido violencia física y/o sexual desde los 15 años de edad. Estas mujeres son violadas, mutiladas, acosadas, golpeadas o asesinadas. El 56 por ciento de los belgas conocen al menos a una persona que ha sufrido violencia sexual grave, una violación de derechos humanos que en gran medida no se denuncia debido a los prejuicios y al estigma social.

Se calcula que unas 500.000 mujeres y niñas, sólo en la Unión Europea, han sufrido mutilación genital femenina (MGF), otra forma de violencia que sufren las mujeres y niñas, en tanto que otras 180.000 corren peligro de sufrirla cada año. Las cifras más altas de mujeres y niñas originarias de países donde se practica la mutilación genital femenina corresponden a mujeres que viven en Reino Unido, Italia, Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Suecia y Bélgica. Esta práctica ilegal repercute en la salud y el bienestar de las mujeres y en su capacidad para realizar todo su potencial.

“La protección exige que los gobiernos mantengan a las mujeres y niñas a salvo de la violencia. Cuando han fallado las medidas preventivas y han tenido lugar o están a punto de tener lugar incidentes violentos, es importante proporcionar a las víctimas y a los testigos protección y apoyo para que puedan rehacer sus vidas”, ha afirmado Michael Bochenek.

“Las mujeres y las niñas que han sido objeto de violencia fuera de Europa también tienen derecho a protección internacional, incluso en los casos de las personas que huyen, por ejemplo, de la mutilación genital femenina o el matrimonio forzado.”

 

La solución

Los gobiernos obligados por el Convenio deberán tomar medidas, entre otras cosas, para:

  • Abordar los estereotipos de género y promover cambios en la mentalidad y las actitudes acerca del papel de las mujeres y niñas en la sociedad;
  • Impartir formación a los profesionales para que trabajen con sobrevivientes o con mujeres que corren el riesgo de sufrir violencia y trabajan en estrecho contacto con ONG especializadas;
  • Proporcionar servicios de apoyo generales y especializados que sean apropiados y accesibles para las mujeres y niñas, incluidos servicios de apoyo físico y psicológico, refugios, centros de remisión en casos de violencia sexual y líneas telefónicas de ayuda, gratuitas y disponibles 24 horas al día los 7 días de la semana;
  • Desarrollar un sistema de asilo que tenga en cuenta el género: la obligación de proteger incluye el derecho a protección internacional. Las mujeres y niñas que sufren violencia por motivos de género en terceros países pueden buscar protección en otro Estado cuando el suyo no impide la persecución o no ofrece protección adecuada y recursos efectivos.  

 

“Ratificar y aplicar el Convenio de Estambul no es una cuestión de conceder derechos especiales a las mujeres, sino de remediar las injusticias existentes y prevenir nuevas violaciones de los derechos humanos de las mujeres”, ha afirmado Michael Bochenek.

 

Información complementaria

Hasta la fecha, más de tres cuartas partes (36 de 47) de los países miembros del Consejo de Europa han firmado el Convenio y 14 de ellos también lo han ratificado: Albania, Andorra, Austria, Bosnia y Herzegovina, Dinamarca, España, Francia, Italia, Malta, Montenegro, Portugal, Serbia, Suecia y Turquía. En los próximos meses se establecerá un mecanismo para hacer el seguimiento de la aplicación del Convenio por parte de los Estados miembros.

Amnistía Internacional desempeñó un papel decisivo en el proceso de redacción del Convenio, facilitando información basada en la experiencia de las ONG en su trabajo con supervivientes de violencia de género, así como en las buenas prácticas, las obligaciones existentes en virtud del derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Así pues, este tratado es un reflejo de normas internacionales básicas y de opiniones de la sociedad civil.

Mi cuerpo, mis derechos es la campaña global de Amnistía Internacional para poner fin al control gubernamental y a la criminalización de la sexualidad y la reproducción. Durante 2014 y 2015, la campaña trabajará por el cambio en las vidas de las personas en varios países, entre ellos Irlanda. Esta campaña tiene como objetivo recordar a los líderes del mundo su obligación de respetar, proteger y realizar los derechos sexuales y reproductivos.

La campaña europea para acabar con la MGF (END FGM) es una asociación creada en 2009 entre Amnistía Internacional y organizaciones de base comunitaria y de defensa de los derechos de las mujeres en Estados miembros de la Unión Europea. Propugna un enfoque holístico para poner fin a la mutilación genital femenina en Europa. Como resultado, la UE adoptó en 2013 un plan de acción sobre la mutilación genital femenina.

En 2014 se creó la Red Europea END FGM para dar continuidad al trabajo de la campaña. Al propugnar una respuesta a la mutilación genital femenina basada en los derechos humanos, tratará de garantizar que la mutilación genital femenina sigue ocupando un lugar destacado en la agenda europea y que los compromisos para poner fin a esta práctica se aplican en Europa y en otros lugares. Para más información, véase: http://www.endfgm.eu/en/