En respuesta a la vista celebrada hoy ante la jueza federal de primera instancia Dolly M. Gee sobre la aplicación del Acuerdo Flores durante la pandemia de COVID-19, Denise Bell, investigadora de Amnistía Internacional Estados Unidos sobre derechos de las personas refugiadas y migrantes, ha declarado:
“Esta vista es un agudo recordatorio de que el gobierno persiste en su negativa de poner en libertad a las familias al completo. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está facultado para liberar familias, pero simplemente se niega a actuar. La novedad es que el ICE intenta presentarse como protector de la unidad familiar. Es evidente que nunca debería preguntarse a unos progenitores si desearían que sus hijos o hijas fueran liberados sin ellos. Los deshonestos argumentos del ICE no esconden su cruel intención de mantener a las familias en detención por tiempo indefinido. Hace ya tiempo que el ICE tenía que haber resuelto el problema creado por él mismo liberando de la detención a las familias completas.
“No se puede plantear a los progenitores una elección falsa y coercitiva entre separarse de sus hijos o hijas y permanecer todos en detención indefinida. Esta situación imposible ya es cruel en una situación normal; durante la pandemia es una monstruosidad. Estos centros de detención son peligrosos y hasta mortales. Son un caldo de cultivo para la COVID-19, y no constituyen un hogar para ningún menor.
Hay casi un centenar de familias migrantes atrapadas, anhelando la libertad que el ICE podría procurarles si quisiera. Nada le impide poner en libertad a estas familias, excepto la despiadada intención de disuadir a la gente de buscar seguridad en este país.
Es desgarrador para todas las comunidades que estamos dispuestas a acoger familias en libertad. Los niños y niñas deben poder criarse con sus familias, amistades y comunidades. Pero el ICE prefiere poner todos los obstáculos posibles a la liberación de estos menores junto a sus progenitores para que puedan estar todos juntos y a salvo.”
Amnistía Internacional Estados Unidos pide al ICE que ejerza su autoridad y discreción para poner en libertad condicional a las familias e incluirlas en programas de alternativas a la detención, como hacía tradicionalmente.
Información complementaria
Este mes, tras los esfuerzos de defensa realizados por los abogados de la familia y las presiones de Amnistía Internacional Estados Unidos, Amnistía ha contribuido a la liberación de una familia de un centro de detención del ICE en Dilley (Texas). Su liberación demuestra que el ICE tiene potestad para liberar familias a discreción durante la pandemia de COVID-19. Amnistía sigue pidiendo al ICE que ponga en libertad a Ana* (22 años) y Victoria* (4), que llevan casi un año detenidas en Dilley (Texas) tras haber huido de Honduras en busca de seguridad.
El mes pasado, 120 ONG que defienden los derechos de las personas refugiadas y migrantes pidieron al ICE que liberara a todas las familias recluidas en centros de detención familiar, documentando cómo la separación familiar causada por una “decisión” bajo coacción vulnera múltiples derechos humanos, entre ellos el derecho a la unidad familiar, el derecho a la libertad y el principio de anteponer el interés superior del menor.
En mayo, Amnistía Internacional Estados Unidos presentó el informe Family Separation 2.0: “You aren’t going to separate me from my only child”, en el que documenta cómo el ICE ha instrumentalizado su respuesta en materia de salud pública a la COVID-19 para disuadir y castigar a quienes buscan seguridad.
En 2018, Amnistía Internacional documentó los efectos de la política de “tolerancia cero” del gobierno de Trump, destinada a disuadir y castigar a quienes buscan seguridad en Estados Unidos, que incluye la separación forzosa de miles de familias solicitantes de asilo. La mayoría de las familias entrevistadas por Amnistía Internacional fueron separadas sin ser informadas de los motivos. En algunos casos documentados por la organización, la práctica de la separación familiar se ajustaba a la definición de tortura contenida en la legislación estadounidense y el derecho internacional. La organización de derechos humanos pidió al Departamento de Justicia que iniciara una investigación criminal sobre la práctica de la separación familiar y sus perjuicios, y que obligara a rendir cuentas a todos los que la hubieran autorizado.
