Madrid.- Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermon se han reunido esta mañana con Jorge Moragas, director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno para presentarle un Decálogo de Medidas frente a la Crisis, en el que se priorizan los derechos humanos, el medio ambiente y la justicia social.
El Decálogo de Medidas frente a la Crisis aborda entre otros temas, la desigualdad, el derecho a la salud, vivienda, libertad de expresión y manifestación pacífica, así como sobre la lucha contra la evasión fiscal, o la consecución de un modelo energético y una gestión de los recursos sostenible. Asimismo, se recuerda la necesidad de la creación de un empleo verde, de la recuperación de la cooperación para el desarrollo, y del refuerzo en el control del comercio de armas responsable.
Igualmente, las tres organizaciones han mostrado su preocupación por los anuncios realizados hasta el momento en relación con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y del Código Penal, que podrían limitar el derecho de reunión pacífica y de libertad de expresión.
Tras la reunión, las tres organizaciones valoran positivamente que el Gobierno haya abierto una puerta al diálogo con la sociedad civil, algo que esperan sea productivo. Por parte del Gobierno, ha habido un compromiso en estudiar y avanzar en aspectos como:
- Revisar la legislación sobre desalojos, de acuerdo a la legislación internacional, como las salvaguardas del Comité DESC de Naciones Unidas, o la ley francesa sobre desalojos.
- Fomentar un diálogo con la sociedad civil antes de hacer cambios legislativos que afecten al derecho de reunión pacífica o de libertad de expresión, derechos angulares en sociedades democráticas, en proyectos legislativos como la Ley de Seguridad Ciudadana y el Código Penal.
- Estudiar la manera de impulsar la economía verde y eliminar trabas a las energías renovables, para impulsar la protección y aprovechamiento sostenible de nuestros recursos, a la vez que se convierte en una fuente de generación de empleo.
- Avanzar en el apoyo de la Tasa a las Transacciones Financieras por parte del Gobierno español.
Sin embargo, las tres organizaciones lamentan especialmente dos aspectos.
- El primero, la falta de enfoque de derechos humanos en temas como la aplicación del Real Decreto Ley 16/2012 sobre sanidad. Un decreto con el que se han retirado al menos 873.000 tarjetas sanitarias a personas migrantes en situación irregular. Aunque se ha comprometido, a evaluar el impacto de esta medida.
- Y el segundo, la supeditación de la Ayuda Oficial al Desarrollo a la recuperación económica del país, limitando los proyectos de cooperación con terceros países a operaciones en las que participa el ejército.
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