España: Amnistía Internacional alerta contra la definición vaga e imprecisa del delito de terrorismo
04 de febrero de 2015
Madrid.- El Grupo Popular en el Congreso, junto con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), aprobarán previsiblemente en los próximos días la reforma del Código Penal, que incluye una definición tan amplia y vaga sobre terrorismo que derechos como la libertad de expresión e información podrán verse limitados. Aunque para la organización se han introducido algunas mejoras al texto respecto de la primera versión, Amnistía Internacional cuestiona que la tipificación del delito de terrorismo respete el principio de legalidad. “Esta reforma amplía de manera tan vaga los delitos de terrorismo que es difícil reconocer qué conductas pueden ser sancionables y, por lo tanto, tenemos serías dudas de que se respete el principio de legalidad. También nos preocupa que pueda conducir a sancionar la protesta, tanto en la calle como en Internet, o conductas que no tienen naturaleza terrorista”, ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “Lo mismo sucede con la prisión permanente revisable, que se ha eludido mencionar de tal manera que se remite, de manera genérica al tiempo máximo previsto en el Código Penal, sin especificar la pena correspondiente ni que los mecanismos de revisión de la misma sean efectivos”. “Esta amplitud en la definición de terrorismo podría llevar a la arbitrariedad, que no debería caber en una reforma de tal calado como el Código Penal”. “Desde la experiencia de Amnistía Internacional, las definiciones vagas y amplias de terrorismo podrían ser instrumentalizadas por los Estados para reprimir actos pacíficos o limitar derechos humanos”. Amnistía Internacional, que está revisando el texto de manera más detallada, considera que se han introducido mejoras con respecto a la primera versión de enmiendas presentadas por el Grupo Popular en el marco de la tramitación del Código Penal. En concreto, la organización valora de manera positiva que se haya incluido el elemento de “finalidad” para calificar un delito como delito de terrorismo. Sin embargo, las finalidades contenidas en la Proposición de Ley son todavía demasiado amplias y vagas y no del todo compatibles con las normas del derecho internacional. “Diversos organismos internacionales de Naciones Unidas han pedido a España precisamente una reforma en el sentido contrario: dirigida a definir de manera más precisa los delitos para alinearse con los estándares internacionales de derechos humanos”. “También nos preocupa el procedimiento por el que se ha llevado a cabo: una norma que afecta a derechos humanos debería aprobarse con el mayor debate parlamentario posible y consultando a la sociedad civil y a los órganos del Estado”, ha concluido Esteban Beltrán.
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