“Al enfrentarse a décadas de impunidad, cabe esperar que Brasil asuma por fin sus responsabilidades contraídas en virtud del derecho internacional, como han hecho otros países de la región”, declaró Atila Roque, director ejecutivo de Amnistía Internacional Brasil. “Es esencial que se garantice verdad, reparación y justicia —su derecho fundamental— a las víctimas y familias que sufrieron torturas, desapariciones y homicidios a manos de la represión militar”.Amnistía Internacional considera que los esfuerzos de los fiscales federales para abrir investigaciones penales sobre violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado señalan un momento crucial de la historia de Brasil. Los fiscales federales de São Paulo procesaron, el 24 de marzo de 2010, al coronel retirado Carlos Alberto Brilhante Ustra y al delegado de la policía Dirceu Garvina, por el secuestro del dirigente sindical Aluízio Palhano Pedreira Ferreira en 1971.
Después de años de inactividad se están haciendo avances importantes en Brasil para abordar los terribles crímenes cometidos durante el régimen que gobernó el país en 1964-1985, incluida la aprobación, en noviembre de 2011, de una ley para la creación de una Comisión de la Verdad.
