Por primera vez en cuatro años y medio se están registrando algunos avances positivos en la situación de los derechos humanos en Israel y los Territorios Ocupados. Durante los últimos meses han disminuido considerablemente los homicidios cometidos tanto por el ejército israelí como por los grupos armados palestinos, y se ha reducido también el número de actos de destrucción de viviendas y otros bienes por parte de las fuerzas israelíes; asimismo, se están llevando a cabo preparativos para la evacuación de los colonos israelíes de la Franja de Gaza.
Estos acontecimientos positivos han despertado nuevas esperanzas entre los miembros de la población civil, tanto israelí como palestina, que han sido los más afectados por la violencia desatada en los últimos años. Desde septiembre de 2000, más de 2.300 palestinos han muerto a manos de las fuerzas israelíes y más de 1.000 israelíes han perdido la vida a manos de grupos armados palestinos. La mayoría de las víctimas fueron civiles que no portaban armas, y entre ellas se contaron más de 600 niños palestinos y más de 100 niños israelíes.
Pero el ciclo de homicidios no ha sido la única tragedia de derechos humanos que ha destrozado la vida de tantos hombres, mujeres y niños. Los palestinos, que llevan 38 años viviendo bajo la ocupación israelí, se han enfrentado a un grado sin precedentes de violaciones de derechos humanos durante los últimos cuatro años y medio. La destrucción ilegal, por las fuerzas israelíes, de más de 4.000 viviendas, vastas tierras de cultivo, comercios e infraestructuras en todos los Territorios Ocupados ha dejado a decenas de miles de palestinos sin techo y en la indigencia.
El impacto de esta destrucción masiva durará mucho tiempo. A los palestinos que han perdido sus hogares y sus medios de sustento de la noche a la mañana les llevará años reconstruir sus vidas y para ello necesitarán la ayuda de la comunidad internacional.
Centenares de controles de seguridad, clausuras y bloqueos de carreteras obstaculizan la libertad de circulación de los palestinos entre ciudades y pueblos de Cisjordania y la Franja de Gaza, limitando arbitrariamente su acceso a sus tierras y empleos, así como a instituciones educativas y sanitarias y otras fuentes de servicios esenciales. Esto ha causado un aumento espectacular del desempleo y la pobreza, empujando a un número creciente de palestinos por debajo de la línea de la pobreza, y un número cada vez mayor de personas sufren mala salud y desnutrición. Las mujeres, los niños y otras personas pertenecientes a los sectores más vulnerables de la sociedad palestina han sido los más afectados por esta situación.
La actual construcción de una valla/muro en Cisjordania ha agravado los problemas que enfrentan los palestinos para acceder a servicios esenciales en las zonas afectadas. Estos problemas, y el consiguiente deterioro de la situación humanitaria, han sido bien documentados por varios organismos de la ONU, así como por el relator especial de la Comisión de Derechos Humanos. La Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva de julio de 2004, declaró ilegal la construcción de la valla/muro en Cisjordania e instó a que se desmantelara.
El hecho de que la mayor parte de la valla/muro se encuentre dentro de Cisjordania y no en la “línea verde” entre Israel y Cisjordania indica que su propósito es circundar la mayoría de los asentamientos israelíes, más que impedir la entrada a Israel de atacantes suicidas y otros atacantes palestinos, como afirma Israel.
La decisión de Israel de desmantelar todos sus asentamientos en la Franja de Gaza y los asentamientos escasamente poblados de Cisjordania es un acontecimiento positivo. No obstante, no debe permitirse que Israel utilice la evacuación de unos 8.000 colonos israelíes de la Franja de Gaza y algunos asentamientos escasamente poblados de Cisjordania como una oportunidad para ampliar otros asentamientos en Cisjordania, donde, en contravención del derecho internacional, residen unos 400.000 israelíes.
La comunidad internacional reconoce desde hace mucho tiempo la ilegitimidad de los asentamientos israelíes en los Territorios Ocupados. En su Resolución 465, el Consejo de Seguridad de la ONU instó al gobierno y al pueblo de Israel a que “desmantelen los asentamientos existentes y, en especial, a que pongan fin urgentemente al establecimiento, la construcción y la planificación de asentamientos en los territorios árabes ocupados desde 1967, incluso Jerusalén”.
No obstante, la comunidad internacional no ha adoptado ninguna medida para aplicar esta resolución. La mayoría de los asentamientos israelíes en los Territorios Ocupados fueron construidos con posterioridad a su aprobación, y el mayor grado de expansión ha tenido lugar durante la última década. El establecimiento y la expansión de asentamientos e infraestructuras conexas en Cisjordania sigue desarrollándose a diario, en contravención de los compromisos contraídos por Israel en virtud del plan de paz de 2003, conocido como la “hoja de ruta”. Esta semana, el gobierno israelí confirmó que se propone establecer 3.500 nuevos asentamientos en la zona de Jerusalén Oriental de Cisjordania.
Además de constituir en sí misma una violación del derecho internacional, la aplicación de la política israelí de establecer asentamientos en los Territorios Ocupados contraviene disposiciones fundamentales en materia de derechos humanos, como la prohibición de la discriminación. La confiscación y apropiación de tierras con el fin de construir asentamientos, carreteras de circunvalación e infraestructuras conexas y la asignación discriminatoria de otros recursos vitales, como el agua, han tenido efectos devastadores sobre el disfrute, por parte de la población palestina, de derechos fundamentales como el derecho a un nivel de vida adecuado, a la vivienda, la salud, la educación, el empleo y la libertad de circulación dentro de los Territorios Ocupados.
La Comisión de Derechos Humanos, a título colectivo, y los Estados, a título individual, tienen la responsabilidad de adoptar medidas para garantizar que ambas partes, israelí y palestina, hacen honor a su obligación de observar las disposiciones del derecho internacional y respetar los derechos fundamentales. La comunidad internacional debe prestar apoyo a ambas partes cuando adopten medidas para mejorar la situación de los derechos humanos y debe ejercer presión sobre ellas cuando no lo hagan.
Un factor decisivo del fracaso de las anteriores iniciativas de paz ha sido el hecho de que no han abordado cuestiones clave en materia de derechos humanos. Uno de los elementos centrales de cualquier solución del conflicto debe ser la implantación de un plan de derechos humanos.
Durante los últimos meses, la presión de la comunidad internacional ha contribuido indudablemente a la ruptura del ciclo de homicidios de israelíes y palestinos. Dicha presión debe mantenerse sobre ambas partes a fin de alentarlas a seguir avanzando sobre la base de los progresos realizados hasta la fecha. Esto debe incluir tomar las medidas necesarias para asegurar que Israel detiene la construcción o expansión de asentamientos en los Territorios Ocupados y procede a la evacuación de los colonos, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 465 del Consejo de Seguridad de la ONU.
Es esencial que la comunidad internacional ponga en marcha un mecanismo adecuado para la vigilancia del grado en que ambas partes cumplen con sus compromisos. Una medida que apoyaría y propulsaría los esfuerzos desplegados por las partes en cuestión y ofrecería un marco útil para mejorar la rendición de cuentas sería el envío de un contingente internacional de vigilancia. Reconociendo que el despliegue de observadores internacionales requiere el consentimiento de ambas partes del conflicto, Amnistía Internacional reitera sus llamamientos a Israel y a la Autoridad Palestina, así como a los Estados que tienen influencia sobre ambos, para que den los pasos necesarios para el despliegue de un contingente internacional de observadores de los derechos humanos.
