Las autoridades de Guatemala ponen sistemáticamente en peligro la vida de las mujeres al no protegerlas ni garantizar que los responsables de los centenares de homicidios que se cometen cada año comparecen ante la justicia, ha manifestado Amnistía Internacional hoy, tras conocerse la noticia del brutal asesinato de dos niñas y dos mujeres.
El 16 de enero aparecieron en la calle, en Ciudad de Guatemala, los cadáveres de dos niñas. También se encontró a dos mujeres muertas en lugares distintos.
En 2012 fueron asesinadas en Guatemala alrededor de 560 mujeres; en 2011, 631, y en 2010, 695, según cifras oficiales.
Menos del cuatro por ciento de todos los casos de homicidio se resuelven con la condena de los autores. El Congreso de Guatemala aprobó en 2008 una ley que tipificaba varios delitos de violencia contra las mujeres y establecía tribunales especiales y unas directrices para la imposición de condenas, pero esta medida no ha puesto freno a la violencia.
“No ha habido ninguna disminución de los casos de homicidio de mujeres que se registran todos los meses, pese a la vergüenza nacional que ello supone para Guatemala", ha manifestado Sebastián Elgueta, investigador de Amnistía Internacional sobre Guatemala.
“Millares de casos de homicidio de mujeres y niñas ocurridos en la pasada década están todavía sin resolver o han acabado archivándose debido a la falta de eficiencia”.
Claudina Velásquez, universitaria de 19 años, apareció muerta el 13 de agosto de 2005. Le habían disparado en la cabeza. Jamás se ha encontrado a quienes la mataron.
Se tuvo noticia de graves irregularidades en la investigación, como que no se realizaran pruebas a los principales sospechosos para verificar si habían disparado un arma.
El padre de Claudina ha ido reiteradamente a la Fiscalía, sugerido líneas de investigación y presionado para que se haga algo sobre el caso de su hija. Sin embargo, no se ha visto ningún avance.
En diciembre de 2001 violaron y mataron a María Isabel Franco, de 15 años.
Su madre, Rosa Franco, no ha dejado de luchar para conseguir que se haga justicia, pero las autoridades guatemaltecas no han llevado a los responsables ante los tribunales.
Rosa ha recibido amenazas de muerte y sufrido hostigamiento de desconocidos en su lucha por encontrar a los responsables del homicidio de su hija. En octubre de 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió a trámite el caso por considerar que había habido demoras injustificadas en la investigación del Estado guatemalteco.
El caso se ha remitido ahora a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo que ha aumentado la presión sobre las autoridades de Guatemala para que tomen medidas.
“Al no impedir la violencia, realizar investigaciones efectivas ni garantizar que los responsables comparecen ante la justicia, las autoridades guatemaltecas dan a entender que los abusos y asesinatos de mujeres están permitidos", ha señalado Elgueta.
Amnistía Internacional pide a las autoridades que investiguen plenamente estos últimos homicidios de dos niñas y dos mujeres y pongan a los responsables a disposición judicial.
Asimismo, el gobierno debe tomar medias urgentes para abordar los numerosos casos irresueltos de violencia de género ocurridos en Guatemala en los últimos años, garantizando que se llevan a cabo investigaciones adecuadas y que las muertes de las víctimas no quedan impunes.
