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Es fundamental una investigación internacional independiente de la matanza de Gatumba

Londres.- "El homicidio de más de 150 refugiados congoleños en Burundi tiene que ser objeto de una investigación imparcial e independiente, cuyos resultados se hagan públicos, y los presuntos responsables han de ser puestos a disposición judicial”, ha manifestado Amnistía Internacional hoy, 17 de agosto de 2004.

 

"Estas medidas son esenciales también para contrarrestar toda manipulación que puedan hacer de los homicidios agentes políticos y militares de la región y para impedir que, como resultado de la matanza, se tomen medidas que puedan acarrear nuevos abusos contra los derechos de la población civil."

 

El 13 de agosto de 2004 por la noche, en el curso del ataque a un centro de tránsito situado a cuatro kilómetros de la frontera y que acogía sobre todo a refugiados banyamulenge, más de 150 refugiados congoleños fueron víctimas de homicidio deliberado. Al menos un centenar más resultaron heridos en el ataque, lanzado, según informes, desde la vecina República Democrática del Congo. Muchas de las víctimas eran mujeres y niños.

 

"No hay justificación posible para el homicidio deliberado y sistemático de civiles desarmados, a algunos de los cuales los mataron, según informes, mientras dormían”, ha señalado Amnistía Internacional.

 

Un grupo político armado burundés, denominado Fuerzas Nacionales de Liberación, se ha responsabilizado del ataque, mientras que otros agentes, incluidos los gobiernos de Burundi y Ruanda, han acusado a los grupos políticos armados congoleños y ruandeses con base en la República Democrática del Congo de haber participado también en él. Las fuerzas armadas burundesas, así como el gobierno ruandés, han anunciado ya públicamente la posibilidad de una intervención militar en la República Democrática del Congo en respuesta al ataque, y la ONU ha suspendido su labor de mediación con las Fuerzas Nacionales de Liberación, único grupo político armado que no ha firmado acuerdos de alto el fuego ni de paz con el gobierno de Burundi ni ha entablado tampoco negociaciones serias. Este grupo tiene bases en torno a la capital y actúa principalmente en Buyumbura Rural.

 

Es probable que las especulaciones acerca de los responsables de la matanza alimenten (de hecho, se utilizarán con tal fin) las tensiones políticas y étnicas existentes en Burundi y en la República Democrática del Congo, generando nuevos abusos contra los derechos humanos.

 

"Los líderes políticos y militares de la región deben utilizar su influencia para pedir calma y adelantarse a toda incitación a la violencia o represalia que los homicidios puedan provocar”, ha pedido Amnistía Internacional.

 

Los homicidios se han producido en un momento decisivo para los procesos de paz congolés y burundés. Al margen de las investigaciones que puedan llevar a cabo los gobiernos, es evidente que en una situación tan inestable y compleja desde el punto de vista político como ésta la ONU también tiene que participar en la realización de investigaciones objetivas y serias. Es esencial que las misiones de la ONU, encargadas por el Consejo de Seguridad de investigar abusos contra los derechos humanos en la región de los Grandes Lagos, cooperen de manera efectiva y compartan información para esclarecer la verdad de la matanza del 13 de agosto y para prevenir nuevos actos de violencia y nuevos abusos contra los derechos humanos.

 

El 17 de agosto, el gobierno de Burundi anunció finalmente que se asignarían tierras para proporcionar un campo de refugiados seguro a los banyamulenge recién llegados a la provincia de Rutana, situada en el este del país. En toda investigación que se realice deben también examinarse las causas de la falta de protección a los refugiados de la zona de Gatumba.

 

Los gobiernos de los países de acogida de la región, así como el ACNUR, tienen que tomar de inmediato medidas para proteger a los refugiados, lo que supone, entre otras cosas, garantizar que todos los campos y centros de tránsito son de carácter puramente civil y humanitario y están situados a suficiente distancia del país del que los refugiados han huido como para resultar seguros. El ACNUR debe cumplir su obligación de proteger a los refugiados en Burundi y en la región en general, y se le debe permitir cumplirla.

 

Aunque acoge con satisfacción la poco corriente atención internacional prestada a los abusos contra los derechos humanos de Burundi y la condena mundial de esta matanza, Amnistía Internacional expresa también su preocupación por el hecho de que la mayoría de los abusos contra los derechos humanos que las fuerzas gubernamentales y de oposición cometen en Burundi, así como en la región de los Grandes Lagos en general, pasen desapercibidos para la comunidad internacional y no sean condenados por las partes en el conflicto.

 

"Sencillamente, no es suficiente con condenar de manera periódica las violaciones más flagrantes de derechos humanos -ha manifestado la organización-. Si se desea abordar alguna vez estas recurrentes crisis políticas y de derechos humanos, es esencial ejercer presión constante sobre los beligerantes para que respeten los derechos humanos y lleven a los responsables de los abusos contra ellos a los tribunales."

 

La comunidad internacional debe hacer todo lo posible para garantizar que se investigan los abusos contra los derechos humanos que se han cometido y se cometen y que se pone a los responsables a disposición judicial quienesquiera que sean. Sacrificar la justicia a intereses políticos a corto plazo no servirá más que para prolongar la terrible crisis de derechos humanos de la región y redundará en beneficio de los numerosos protagonistas que no desean ver surgir la verdad y la justicia.