Ante el avance hacia Goma del grupo armado M23, respaldado por Ruanda, y la reanudación de los combates hoy en torno a la capital de la provincia de Kivu Septentrional, los combatientes de todas las partes enfrentadas en este conflicto que se intensifica por momentos en el este de la República Democrática del Congo deben tomar medidas para proteger a los civiles de los ataques; así lo ha afirmado Amnistía Internacional. Decenas de miles de civiles ya han huido, incluidos muchos que ya estaban desplazados, y la situación humanitaria y de seguridad ha sufrido un drástico deterioro desde que el 15 de noviembre se reanudaron los combates entre el M23 y el ejército congolés (Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo, FARDC) unos 30 kilómetros al norte de Goma. “El avance hacia las puertas de Goma pone en peligro la vida de miles de civiles más”, ha afirmado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional. “Todas las partes enfrentadas deben proteger a la población civil de los ataques y respetar el derecho internacional humanitario ante el acercamiento de las hostilidades a zonas densamente pobladas.” Desde la creación del M23 en abril de 2012, Amnistía Internacional ha documentado numerosos abusos contra los derechos humanos atribuidos a sus combatientes, como homicidios ilegítimos, reclutamiento forzoso de menores de edad y adultos jóvenes, y violación. Los recientes enfrentamientos ponen fin a tres meses de tregua de facto entre el ejército nacional y el M23, que controla la mayor parte del territorio de Rutshuru, en Kivu Septentrional. El 17 de noviembre, el M23 tomó el control de la ciudad de Kibumba, 30 kilómetros al norte de Goma, a pesar de que las FARDC contaron con el apoyo de helicópteros de ataque de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la MONUSCO (Misión de Estabilización de la ONU en la República Democrática del Congo). A continuación, el grupo armado apoyado por Ruanda prosiguió su avance hacia Goma.El miedo a verse atrapadas en el fuego cruzado ha obligado a huir de nuevo a unas 70.000 personas que estaban internamente desplazadas en el campo de Kanyaruchinya, a 10 kilómetros de Goma. Según informes, el M23 está reforzando sus posiciones en la zona de Munigi, justo a las afueras de Goma. La mayoría de las personas que vivían en el campo de Kanyaruchinya ya han atravesado Goma para reunirse con otros desplazados internos en el campo de Mugunga, donde la situación humanitaria es gravísima. “Ante la amenaza de que los combates se adueñen de Goma, el ejército congolés y la MONUSCO deben adoptar medidas coordinadas para garantizar la protección de los civiles de los efectos de posibles ataques”, ha manifestado Shetty. Según una declaración de la ONU, el M23 ya está bien pertrechado de armamento pesado, incluidos morteros de 120mm. Tales armas pueden tener efectos indiscriminados si se utilizan en zonas densamente pobladas. Dado que hay equipo e instalaciones militares de las FARDC ubicados en el populoso centro de Goma, el peligro que se cierne sobre la población civil es cada vez mayor. “El ejército congolés debe evitar la colocación de objetivos militares en áreas densamente pobladas para proteger a la población civil, por si el M23 decide lanzar una ofensiva”, ha afirmado Shetty. Amnistía Internacional ha pedido asimismo a las FARDC que dejen de aliarse con otros grupos armados locales –algunos de ellos ya implicados en abusos contra la población civil– en la lucha contra el M23. La MONUSCO tiene el firme mandato de garantizar la protección de los civiles sometidos a una amenaza inminente de violencia física, incluido el personal humanitario. “Las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU deben hacer más esfuerzos para evitar la catástrofe en materia de protección civil que se avecina”, ha dicho Shetty. “Esos esfuerzos deben ir acompañados de medidas concretas por parte de la comunidad internacional para poner fin a las infracciones del embargo de armamento de la ONU y para impedir que se suministren armas a los grupos armados del este de la República Democrática del Congo.” En julio de este año, Amnistía Internacional documentó el uso por parte del M23 de armamento y reclutas ruandeses suministrados por Ruanda. También documentó numerosas violaciones del derecho internacional humanitario y abusos contra los derechos humanos cometidos por el M23, como el reclutamiento forzoso de menores de edad. El Grupo de Expertos de la ONU sobre la República Democrática del Congo acusó también a Uganda de ofrecer apoyo al M23. A pesar de que Ruanda y Uganda han violado el embargo de armas de la ONU, el Consejo de Seguridad todavía no ha adoptado medidas concretas de presión a ambos países para que suspendan su apoyo al M23. Tanto Ruanda como Uganda han negado públicamente que estén apoyando al M23. El grupo armado M23El M23 recibe su nombre de un acuerdo de paz malogrado que se firmó el 23 de marzo de 2009, y está formado por soldados que desertaron de las FARDC en abril de 2012. La mayoría pertenecían anteriormente al Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), otro grupo armado apoyado por Ruanda que se incorporó a las fuerzas armadas congolesas en 2009. El M23 está dirigido por Bosco Ntaganda, ex general del ejército congolés sobre quien pesa una orden de detención de la Corte Penal Internacional, y por el coronel Sultani Makenga, recientemente incluido en la lista de sanciones de la ONU por el reclutamiento de niños soldados. Los últimos meses se han caracterizado por un aumento de la violencia por motivos étnicos en el este de la República Democrática del Congo. Otros grupos armados, como las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), Nyatura o Raia Mutomboki, han actuado contra civiles por su supuesto origen étnico.
