Los miembros del Parlamento israelí (Knéset) deben votar en contra de una serie de proyectos de ley para introducir controvertidas reformas que permitirían a los tribunales israelíes ampliar el uso de la pena de muerte y aplicarla de forma discriminatoria a las personas palestinas; así lo ha manifestado Amnistía Internacional con antelación a una votación prevista sobre uno de los principales proyectos de ley por la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento.
La pena de muerte se aplicaría a las personas declaradas culpables de matar deliberadamente a alguien con la intención de hacer daño a un residente o ciudadano israelí, y a las personas declaradas culpables ante tribunales militares de causar la muerte en circunstancias que la legislación israelí define como “actos de terrorismo”, disposición que afectaría principalmente a personas palestinas acusadas. En algunos casos, la pena de muerte sería preceptiva o se impondría sin derecho a recurrir.
Uno de los proyectos de ley presentados, que superó la primera lectura en el Parlamento en noviembre de 2025, persigue reformar tanto el derecho militar aplicable en la Cisjordania ocupada, con exclusión del Jerusalén Oriental ocupado, como la legislación aplicable en Israel y en el Jerusalén Oriental anexado ilegalmente, con el fin de ampliar los delitos punibles con la muerte y eliminar salvaguardias del debido proceso.
“El Parlamento israelí está yendo en contra de la tendencia mundial hacia la abolición de la pena capital, intentando crear nuevas vías de imponer condenas de muerte. En lugar de acelerar la tramitación de proyectos de ley discriminatorios que sólo serían un instrumento más en el sistema institucionalizado de apartheid israelí contra todas las personas palestinas cuyos derechos controla, los miembros del Knéset deberían retirar de inmediato estas propuestas”, ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional.
“Con estos proyectos de ley, el gobierno israelí se da a sí mismo carta blanca con el mayor descaro para imponer la pena de muerte a personas palestinas. Toda condena a muerte con arreglo a estas reformas sería una violación del derecho a la vida y, de ser impuesta por un tribunal militar, también constituiría un crimen de guerra.”
Además de ampliar los delitos sancionables con la muerte, estos proyectos de ley introducen procedimientos especiales que suprimen salvaguardias fundamentales de derechos humanos y sobre juicios justos en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, como restringir el acceso a la información sobre ejecuciones aduciendo imprecisos motivos de “seguridad”, autorizar que los tribunales militares ad hoc para juzgar los delitos relacionados con los ataques del 7 de octubre se desvíen de los procedimientos habituales y las normas probatorias, y por tanto limiten aún más los derechos de quienes se enfrentan a la pena de muerte, y permitir ejecuciones en ausencia de representantes judiciales o religiosos.
Israel no ha llevado a cabo ejecuciones en más de 60 años. Las medidas legislativas propuestas también representan un alarmante retroceso de 20 años después del compromiso expresado por Israel en 2007 sobre las resoluciones de la Asamblea General de la ONU que pedían una moratoria de las ejecuciones con miras a la abolición de la pena de muerte.
Las reformas propuestas en la legislación militar permitirían a los jueces de tribunales militares de toda la Cisjordania ocupada —excepto el Jerusalén Oriental ocupado— imponer la pena de muerte preceptiva por mayoría simple de un tribunal de tres magistrados, incluso en las causas en que la fiscalía no lo hubiera solicitado. La pena de muerte no podría ser objeto de conmuta ni indulto y tendría que ejecutarse en el plazo de 90 días, en flagrante violación de las restricciones y garantías previstas por el derecho internacional. Estos tribunales militares de Cisjordania tienen jurisdicción sobre la población palestina y la extranjera, pero no sobre los colonos israelíes que viven en asentamientos ilegales, quienes son juzgados ante tribunales civiles de Israel y conforme a leyes civiles.
Un segundo proyecto de ley con medidas legislativas adicionales concedería jurisdicción especial a tribunales militares ad hoc para juzgar a personas acusadas de delitos en relación con los ataques del 7 de octubre de 2023 “con arreglo a la ley que fuera”, incluida la ley de genocidio de Israel, y para imponer la pena de muerte con una mayoría simple del tribunal colegiado. Este proyecto de ley fue aprobado en primera lectura en el Parlamento el 13 de enero de 2026. La Comisión de Constitución, Ley y Justicia del Knéset se propone reanudar su consideración de este proyecto de ley el 4 de febrero.
“De ser aprobadas, estas reformas afianzarían aún más un entramado de leyes, políticas, prácticas y narrativas públicas profundamente arraigadas y deshumanizantes, que facilitan el genocidio de la población palestina en la Franja de Gaza ocupada e imponen este sistema de apartheid a todas las personas palestinas. Esto está sucediendo también en el contexto de la tortura y otros malos tratos documentados, generalizados y descontrolados contra prisioneros palestinos por parte de las autoridades israelíes, y el repunte de muertes de personas palestinas bajo custodia desde finales de 2023, como el aumento del número de personas palestinas víctimas de homicidio ilegal en aparentes actos de ejecución extrajudicial durante el último decenio”, ha afirmado Erika Guevara Rosas.
“Los miembros del Parlamento israelí deben oponerse a estos proyectos de ley y derogar todas las medidas legislativas dirigidas a introducir, ampliar y facilitar el uso de la pena de muerte, con la finalidad inequívoca de garantizar su abolición total. La comunidad internacional, en particular los grandes aliados de Israel, debe oponerse abiertamente a estas reformas legislativas de Israel, que sólo servirían para afianzar aún más este cruel sistema de apartheid contra la población palestina. No deben apartar la mirada ni alentar las violaciones de derechos de la población palestina por Israel concediéndole más impunidad.”
Información complementaria
Israel abolió la pena de muerte para los delitos comunes en 1954, pero la ha mantenido para los delitos conforme a la Ley de Genocidio y para la traición en el Código Penal. La última ejecución se llevó a cabo en 1962.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de quien sea la persona acusada, de su culpabilidad o inocencia, de la naturaleza o las circunstancias del delito y del método de ejecución. A fecha de hoy, 113 países han abolido la pena capital para todos los delitos, siete países más que en 2020.
