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El nuevo gobierno debe abordar la violencia policial

Un policía antidisturbios griego golpea a una manifestante que intentaba calmar a otras personas que protestaban por las políticas de austeridad durante los enfrentamientos de la plaza Sintagma de Atenas el 15 de junio de 2011 © AP Photo/Lefteris Pitarakis
La policía de Grecia usa de forma habitual fuerza excesiva, que incluye aerosoles químicos contra manifestantes en gran medida pacíficos. A pesar de los numerosos testimonios de personas que han recibido un trato brutal en el momento de su detención o durante su reclusión, las autoridades se niegan a reconocer el alcance del problema, lo que crea un clima de impunidad, advierte Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy. “El gobierno griego que ha asumido en fechas recientes sus funciones tiene la oportunidad de reconocer el alcance de la violencia policial y tomar las medidas necesarias para garantizar que la policía actúa de manera comedida y se identifica con claridad durante las manifestaciones, de abordar la frecuente inacción de la policía, los fiscales y los jueces a la hora de llevar a cabo investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas, y de poner a disposición de la justicia a los agentes de  policía que cometan violaciones de derechos humanos, lo que incluye establecer mecanismos de presentación de quejas contra la policía realmente independientes. Esta inacción hará que un número aún mayor de violaciones queden impunes”, ha afirmado David Díaz-Jogeix, director adjunto del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional. Las autoridades griegas despachan desde hace demasiado tiempo tales violaciones como “incidentes aislados”. El nuevo informe, Police violence in Greece: Not just “isolated incidents”, documenta violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como la incapacidad o falta de voluntad de las autoridades policiales y judiciales para hacer rendir cuentas a los responsables. Las severas medidas de austeridad introducidas en Grecia tras la intensificación de la crisis económica han provocado muchas manifestaciones en gran medida pacíficas. Numerosas denuncias señalan el uso de fuerza excesiva, incluida la utilización de irritantes químicos y de granadas de aturdimiento de una manera que vulnera las normas internacionales. Los manifestantes, sobre todo los que son golpeados o atacados con gas por la policía, a menudo no pueden presentar denuncias ya que el aturdimiento derivado del dolor les impide fijarse en el número de identificación que los agentes infractores llevan visible, en el caso de que lo lleven, en la parte posterior del casco. Durante la detención y la reclusión, se ha golpeado a manifestantes y se les ha negado el acceso a médicos o abogados. Este trato se dispensa también a las personas acusadas de pertenencia a grupos armados nacionales y a los miembros de grupos vulnerables, como los migrantes y los solicitantes de asilo detenidos con fines de control de la migración, y las comunidades que viven al margen de la sociedad, incluidos muchos romaníes. “En muchos casos, los agentes responsables de conductas delictivas permanecen impunes y las víctimas no pueden acceder a recursos y reparación efectivos”, ha afirmado David Díaz-Jogeix. “Esto sucede debido a problemas sistémicos en la investigación, el enjuiciamiento y el castigo de los abusos contra los derechos humanos.” Además, la definición de tortura en el Código Penal griego es considerablemente más restrictiva que la incluida en los tratados internacionales en los que Grecia es parte. Amnistía Internacional sólo tiene conocimiento de un número muy reducido de casos en los que se han presentado cargos de tortura contra personal encargado de hacer cumplir la ley. La inacción de las autoridades griegas en lo relativo a abordar de manera efectiva los incidentes de violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ha contribuido a que las víctimas pierdan la confianza en el sistema de justicia penal y se vuelvan reacias a denunciar este tipo de incidentes. Tampoco han establecido un mecanismo de presentación de quejas contra la policía realmente efectivo e independiente. “Nadie está por encima de la ley. Y menos que nadie las personas a las que se han otorgado poderes para hacerla cumplir”, ha afirmado David Díaz-Jogeix. “A menos que las autoridades griegas asignen una prioridad absoluta a las violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y aborden los problemas sistémicos que permiten que sucedan, la impunidad prevalecerá.”

CasosManolis Kypreos, periodista que cubría las protestas contra las nuevas medidas de austeridad en la plaza Syntagma de Atenas, contó a Amnistía Internacional cómo el 15 de junio de 2011, un jefe de una unidad policial ordenó a un agente de policía que lazara una granada de aturdimiento contra él. Poco antes de la agresión, según los informes, Kypreos se había identificado como periodista. Manolis Kypreos sufrió una pérdida total de audición en ambos oídos que puso fin a su carrera de periodista. A finales de 2011, la Fiscalía de los Tribunales de Primera Instancia de Atenas presentó cargos contra agentes de policía no identificados todavía por causar intencionadamente graves lesiones corporales al periodista. Yiannis Kafkas, psicólogo desempleado y estudiante de postgrado de fotografía, fue golpeado por la policía antidisturbios durante una manifestación contra las medidas de austeridad que se celebró en Atenas el 11 de mayo de 2011, lo que le causó lesiones en la cabeza casi mortales. Según su abogado y el propio Yiannis, lo golpearon con uno de los extintores de incendios que la policía antidisturbios llevaba consigo. Yiannis Kafkas permaneció en un hospital durante 20 días, 10 de ellos en cuidados intensivos, tras ser sometido a cirugía de emergencia. En febrero de 2012, la policía presentó ante un fiscal de Atenas sus conclusiones sobre los golpes sufridos por Yiannis Kafkas. Sin embargo, según los informes, el fiscal no había decidido todavía si se presentarían cargos contra un agente de policía conocido o todavía no identificado. Christos Chronopoulos, que sufría problemas de salud mental, fue detenido por causar un alboroto en un café y lo llevaron, después de las 11 de la noche del 22 de mayo de 2007, a una comisaría de policía de Atenas en la que quedó detenido. Más tarde lo trasladaron en ambulancia a un hospital. Los médicos del hospital comprobaron que Christos Chronopoulos había sufrido una grave lesión en la cabeza, hematoma subdural, inflamación del cerebro y múltiples hematomas en el esternón y en una muñeca. Fue operado a primeras horas de la mañana del 23 de mayo de 2007 y pasó dos meses en cuidados intensivos, varias semanas en coma, tres meses en una sección de neurocirugía y otros seis meses en un centro de rehabilitación. Como consecuencia de las lesiones que le causaron en la cabeza, Christos Chronopoulos sufre incontinencia, amnesia postraumática, epilepsia y trastornos visuales, y tiene considerables dificultades para caminar.  No puede valerse por sí mismo y necesita los cuidados de sus familiares. Después de una investigación, un fiscal de Atenas recomendó que cuatro agentes de policía fueran enjuiciados por causar conjuntamente graves lesiones corporales a Christos Chronopoulos en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, el 26 de enero de 2011, el Consejo Judicial de Delitos Menores de Atenas decidió no presentar cargos contra los cuatro agentes por entender que no había suficientes indicios de culpabilidad. Esta decisión fue recurrida por el fiscal del Tribunal de Apelación. Pero el recurso fue desestimado por el Consejo Judicial de Apelación por motivos de procedimiento. Después de un recurso, el Tribunal Supremo remitió de nuevo el caso al Consejo Judicial de Apelación. En abril de 2012, el Consejo Judicial de Apelación decidió ordenar el enjuiciamiento de los cuatro agentes.

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