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El Gobierno español debe dar prioridad a los derechos humanos de las víctimas de trata con fines de explotación

España no está entre los 24 países europeos que ya han firmado el Convenio Europeo contra la Trata de Seres Humanos

La trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, que especialmente afecta a mujeres y niñas, es una violación gravísima de los derechos humanos que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) afecta cada año a alrededor de 2,5 millones de personas en el mundo. Pese a la gravedad de este problema, las organizaciones firmantes (Amnistía Internacional, Proyecto Esperanza, Médicos del Mundo, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Women’s Link), lamentan que no existan datos fiables sobre la dimensión de la trata en España.


Coincidiendo con el día 25 de marzo, Día Europeo Contra la Trata de Seres Humanos, estas organizaciones demandan al Gobierno español que aborde la lucha contra la trata de personas desde una perspectiva de derechos humanos, y dando prioridad a las víctimas. Y por ello, piden al ejecutivo, ante su anuncio de un Plan de Acción Nacional contra la Trata de Seres Humanos, que muestre su compromiso real contra esta violación de derechos humanos, iniciando los trámites para la adhesión al Convenio Europeo contra la Trata de Seres Humanos, que España aún no ha firmado.

 

En España, el fenómeno de la trata con fines de explotación aparece vinculado a la inmigración y tiene rostro de mujer. La mayoría de las víctimas de la trata son mujeres de entre 18 y 25 años que han sido captadas en sus países de origen por personas, grupos de delincuentes o redes criminales organizadas. Sirviéndose de sus expectativas de mejorar sus vidas y las de sus familias, las redes las traen a España por medio de engaño, amenazas, fuerza, abuso de situaciones de vulnerabilidad y otras formas de coacción, con el fin de someterlas a explotación, ya sea en la prostitución, el servicio doméstico, la agricultura, la mendicidad, la venta ambulante o los matrimonios serviles (contratos matrimoniales en los que pueden acabar obligadas, en régimen de esclavitud, a realizar cualquier actividad doméstica, laboral, o favores sexuales).

 

Las mujeres víctimas de trata se encuentran en una grave situación de vulnerabilidad: desconocen sus derechos en un país que no es el suyo, en numerosas ocasiones no hablan el idioma, ignoran las posibilidades de ayuda que tienen, desconfían de las autoridades, y frecuentemente han sido desposeídas de sus documentos de identidad por los traficantes.

 

Muchas no denuncian, porque temen sufrir represalias tanto ellas como sus familiares en el país de origen. Aquellas que reúnen el suficiente valor para interponer una denuncia y colaborar como testigos en el proceso penal contra los autores del delito, sufren con demasiada frecuencia una revictimización al enfrentarse con un sistema judicial poco sensibilizado frente a esta realidad, y sin recursos humanos y materiales suficientes para, por ejemplo, realizar una efectiva protección de testigos.

 

Los derechos de las víctimas

El pasado 16 de mayo de 2005 el Consejo de Europa aprobó el Convenio Europeo contra la Trata de Seres Humanos, un instrumento de vital importancia para la protección a las víctimas de trata de seres humanos, en el que se garantiza la igualdad de género. Hasta el momento, dicho convenio ha sido firmado por 24 países, entre los que no se encuentra España.


El Convenio tiene un ámbito de aplicación que abarca todas las formas de trata de personas con fines de explotación, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, conectadas o no con el crimen organizado internacional. Sus objetivos son: prevenir y combatir la trata de seres humanos, proteger y asistir a las víctimas con independencia de que colaboren o no como testigos en el proceso penal contra los traficantes, investigar y enjuiciar el delito, y cooperar en la lucha contra la trata.


El Convenio Europeo incluye compromisos cruciales para proteger y promover los derechos de las víctimas como son:


· Formar a las autoridades para la correcta identificación de las víctimas, incluyendo medidas específicas para la protección de los menores de edad
· Asistir a las víctimas en su proceso de recuperación física, psicológica y de integración social, con independencia de que colaboren o no como testigos contra los autores del delito.
· Tomar en consideración de las necesidades de protección y seguridad de las víctimas y proteger su vida privada y su identidad.
· Proporcionar asistencia jurídica gratuita para poder defender sus derechos en el procedimiento penal contra los traficantes. 
· Conceder permiso de residencia si la permanencia de la víctima en el país se considera necesaria, bien debido a su situación personal o bien en razón de su colaboración con las autoridades en el proceso penal.

 

Plan Nacional contra la Trata de Personas
Las organizaciones firmantes valoran positivamente el anuncio del Gobierno español de la creación de un futuro Plan de Acción Nacional contra la Trata de Personas. Para estas organizaciones es imprescindible que dicho plan se adapte plenamente a la definición de trata del Convenio Europeo, así como a las medidas que contempla el mismo. En todo caso dicho plan debe considerar el fenómeno de la trata desde una perspectiva global, en la que se incluyan medidas de carácter legislativo, de prevención, de sensibilización y formación, así como de protección, asistencia y  reparación a las víctimas de trata.

 


Las organizaciones que suscriben este comunicado son: Amnistía Internacional, Proyecto Esperanza, Médicos del Mundo, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Women’s Link.

 

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