La negativa del gobierno de Sri Lanka a impartir justicia por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante los últimos veinte años ha atrapado al país en un círculo vicioso de abusos e impunidad, según afirma un informe de Amnistía Internacional hecho público hoy. El informe, Twenty Years of Make-Believe: Sri Lanka’s Commissions of Inquiry, documenta la negativa de los sucesivos gobiernos de Sri Lanka a hacer rendir cuentas por las graves violaciones de derechos humanos, tales como desapariciones forzadas, homicidios y tortura.
Amnistía Internacional pide al gobierno que aproveche la oportunidad que brinda el fin de las operaciones militares contra los Tigres de Liberación de Eelam Tamil para hacer que se rindan cuentas de los graves abusos y violaciones cometidos por ambos bandos durante los últimos meses de enfrentamientos, que costaron miles de vidas y obligaron a desplazarse a cientos de miles de personas.
“Tal como afirman los habitantes de Sri Lanka respecto a los abusos más recientes cometidos por ambas partes de este último conflicto, y especialmente durante los últimos meses de enfrentamientos, la realidad es que llevan años asediados por la injusticia y la impunidad”, ha manifestado Sam Zarifi, director del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional. “Para que las comunidades desgarradas por décadas de violencia e impunidad se reconcilien, el gobierno srilankés debe emprender reformas internas y pedir ayuda internacional para impedir que continúen los abusos y garantizar una rendición real de cuentas por los cometidos en el pasado.”
Como prioridad inmediata, Amnistía Internacional pide que se establezca una comisión internacional independiente encargada de investigar las denuncias de abusos y violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos a manos tanto de las fuerzas srilankesas como de los Tigres de Liberación en las recientes hostilidades militares.
“Las autoridades de Sri Lanka han tenido poco éxito a la hora de hacer rendir cuentas por los abusos contra civiles cometidos por los Tigres de Liberación, y tienen aún menos probabilidades de investigar y procesar de forma efectiva a sus propias fuerzas por violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos”, ha manifestado Sam Zarifi.
Las comisiones especiales de investigación establecidas por el gobierno de Sri Lanka han carecido de credibilidad real y han retrasado las investigaciones criminales, según ha manifestado Amnistía Internacional, que ha acusado al gobierno de no proteger a víctimas y testigos. Las peticiones de que se lleve a cabo una investigación sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto del reciente conflicto militar han sido desoídas, pese a que, el 23 de mayo, el presidente de Sri Lanka y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, hicieron una declaración conjunta en la que dijeron: “El gobierno tomará medidas para abordar esos agravios”.
“Dada la escala del problema de la impunidad en Sri Lanka, sólo se conseguirá una rendición de cuentas si el gobierno srilankés se compromete activamente a ello y cuenta con el respaldo de una observación internacional de los derechos humanos y una ayuda técnica sistemáticas y sostenidas”, ha manifestado Sam Zarifi.
Para hacer frente a la necesidad de una protección y una reforma más amplias de los derechos humanos, Amnistía Internacional pide también que se establezca una presencia de observación de la ONU en materia de derechos humanos bajo los auspicios de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos; esa presencia debe investigar los abusos denunciados y ayudar a las instituciones nacionales de Sri Lanka a impartir justicia.
