El Estado debe impulsar el cumplimiento de las obligaciones internacionales

Londres.- El Decreto Ley de Amnistía debe ser urgentemente anulado, para evitar su aplicación en casos de violaciones de derechos humanos, dijo hoy Virginia Shoppée, investigadora de Amnistía Internacional sobre Chile frente a los argumentos esgrimidos ayer a favor de la aplicación del Decreto Ley de Amnistía por el abogado representante del Consejo de Defensa del Estado ante la Segunda Sala de la Corte Suprema de Justicia. Amnistía Internacional ha repetido en numerosas ocasiones que el Decreto-Ley de Amnistía de 1978 es incompatible con el derecho internacional, con las normas internacionales que protegen los derechos humanos y con las obligaciones del Estado Chileno. Estas obligaciones han sido reafirmadas en numerosas oportunidades por organismos de la Naciones Unidas y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos. "Según el derecho internacional, Chile no puede invocar su derecho interno -- trátese de leyes, decisiones judiciales y de la propia constitución -- para no cumplir la obligación de investigar, juzgar y castigar a los autores de graves violaciones a los derechos humanos, como son las ejecuciones extrajudiciales, 'desapariciones' y torturas cometidas durante el régimen militar de Augusto Pinochet", afirmó Shoppée. "A causa de su forma sistemática y de gran escala, los crímenes cometidos durante el gobierno militar son crímenes de lesa humanidad. Como tales son imprescriptibles y el Estado está en el deber de juzgar y castigar los responsables." En mayo de 2004 el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura señaló que el Decreto Ley de Amnistía obstaculiza el disfrute pleno de derechos fundamentales. El Comité enfatizó que este decreto-ley "consagra la impunidad de personas responsables de torturas, ‘desapariciones’ y otras graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar." "Es vital que los poderes del gobierno chileno: ejecutivo, legislativo y judicial  tomen en serio las obligaciones del Estado Chileno y unan esfuerzos para que las violaciones del pasado no queden en la impunidad y no se auspicie, aun a costa de las obligaciones internacionales del Estado chileno, la impunidad de los perpetradores de violaciones de derechos humanos cometida durante el gobierno militar, que son crímenes contra la humanidad", concluyó Shoppée Información General El Consejo de Defensa del Estado (CDE) es un servicio público independiente, bajo la supervigilancia del  Presidente de la República. Tiene como objeto principal la defensa judicial de los intereses del Estado. El alegato por parte del abogado del Consejo de la Defensa del Estado se produjo el 29 de septiembre de 2004, en la penúltima audiencia para que la Sala Penal de la Corte Suprema decida, respecto de la aplicación de la amnistía a favor de militares, miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) sentenciados por el secuestro y "desaparición" en 1975 del militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Miguel Angel Sandoval Rodríguez. El abogado de la familia de la víctima ha pedido se reconozca el carácter permanente del delito de secuestro, mientras el alegato  del CDE pide la aplicación de la ley de amnistía  en todas las causas por violaciones a los derechos humanos una vez dictada la sentencia.