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El Consejo de Seguridad de la ONU debe hacer frente a las violaciones de derechos humanos

Londres.- Mientras el Consejo de Seguridad de la ONU estudia el último informe del secretario general de las Naciones Unidas sobre la situación en Darfur, Sudán, Amnistía Internacional insta al Consejo a demostrar su voluntad política y su compromiso de poner fin a las constantes violaciones de derechos humanos y terminar con la impunidad que impera en Darfur.

 

“El aumentar el número, la capacidad y los recursos de los observadores internacionales de los derechos humanos en Darfur es fundamental pero no suficiente”, ha manifestado Amnistía Internacional.

 

El informe del secretario general de la ONU deja claro que los observadores no pueden trabajar adecuadamente en el actual clima de intimidación creado por el gobierno sudanés. “El Consejo de Seguridad debe dar a los observadores un sólido respaldo político para obligar al gobierno de Sudán a rendir cuentas de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por sus fuerzas de seguridad y sus milicias, las yanyawid”, ha declarado Amnistía Internacional.

 

A la organización de derechos humanos le preocupa el hecho de que, en contra de lo que prometió, el gobierno de Sudán no ha desarmado a ningún miembro de las yanyawid. El 27 de agosto, el representante especial de las Naciones Unidas asistió a una ceremonia de “desarme” de 300 milicianos en Jeneina. Sin embargo, según los habitantes de esta localidad, los presuntamente desarmados recibieron sus armas de vuelta cuando el representante especial se marchó.

 

Otro obstáculo para el desarme efectivo de las yanyawid ha quedado de manifiesto con la progresiva integración de estas milicias en las fuerzas armadas, las Fuerzas Populares de Defensa y la policía de fronteras. Amnistía Internacional teme que esto dificulte aún más a los observadores internacionales la identificación de los responsables de violaciones de derechos humanos.

 

El gobierno sudanés y la ONU han designado una serie de “zonas seguras” para desplazados internos, que permiten a las fuerzas armadas gubernamentales moverse en un perímetro de 20 kilómetros alrededor de los campos de desplazados. Amnistía Internacional teme por la seguridad de los desplazados que se encuentran en estas “zonas seguras”, y también por el hecho de que es probable que esta política institucionalice el desplazamiento, como sucedió en los montes Nuba, en el centro de Sudán.

 

El informe de la ONU manifiesta también que el gobierno no obliga a los desplazados a regresar. Sin embargo, los desplazados son presionados para que regresen a sus pueblos: en el campo de Kalma, cerca de Nyala, las autoridades detuvieron en agosto a más de 70 desplazados internos después de que éstos protestaran por los intentos del gobierno de hacerlos volver a pueblos no seguros. Los campos de desplazados internos son vigilados por los servicios de inteligencia militar y de seguridad del gobierno.

 

Violación como arma de guerra

Amnistía Internacional siente preocupación porque la fuerza de policía, enviada por el gobierno para restaurar la seguridad en Darfur, ha sido acusada de explotar sexualmente a los desplazados internos. En las cercanías de los campos sigue violándose a mujeres y niñas, que sólo pueden conseguir tratamiento médico si denuncian la violación a la policía. Sin embargo, algunos agentes de policía se han negado a admitir esas denuncias. Además, muchos de los desplazados desconfían de la policía, a la que consideran parte de un gobierno que es responsable de la devastación en Darfur.

 

Los desplazados y los testigos de violaciones de derechos humanos, al igual que los activistas de derechos humanos que denuncian la situación de Darfur, los intérpretes y los periodistas, están siendo intimidados tras hablar con los observadores de la Unión Africana y las delegaciones internacionales. Los observadores no pueden garantizar la seguridad de los testigos ni la confidencialidad de su declaración.

 

La sombría situación de los derechos humanos en Darfur es una prueba crítica para la determinación del Consejo de Seguridad de hacer que el gobierno de Sudán ponga fin a la crisis.

 

Recomendaciones al Consejo de Seguridad

El Consejo de Seguridad debe encargar el establecimiento de una comisión de investigación internacional que investigue los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y las denuncias de genocidio en Darfur y recomiende formas de llevar ante la justicia a los presuntos responsables.

 

El Consejo también debe suspender las transferencias de armas al gobierno sudanés que tengan probabilidades de ser utilizadas para cometer violaciones de derechos humanos. El Consejo de Seguridad debe exigir la liberación de los presos de conciencia, la abolición de los Tribunales Especiales y la vigilancia de los centros de detención.

 

“Si la comunidad internacional hubiera actuado antes, la devastación de Darfur podría haberse evitado. El Consejo de Seguridad de la ONU, como encarnación de la voluntad de la comunidad internacional, debe ahora cumplir con su responsabilidad de salvar la vida de los habitantes de Darfur”, ha manifestado Amnistía Internacional.