El asesinato a sangre fría de coptos en Libia, un crimen de guerra

El espantoso homicidio que supuso la ejecución de 21 cristianos coptos en Libia por el grupo autodenominado Provincia de Trípoli del Estado Islámico constituye un crimen de guerra, y es un ataque a los principios fundamentales de humanidad. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.   Un vídeo publicado online por la sección de medios de comunicación del grupo armado muestra supuestamente la decapitación de 21 coptos, en su mayoría egipcios, en una playa de un lugar no identificado en la provincia de Trípoli. La atrocidad se perpetró como represalia por el presunto secuestro de Camilia Shehata, cristiana egipcia cuya conversión al islam desató una oleada de protestas en 2010. No hay nada que pueda justificar el asesinato a sangre fría de estos hombres, que parecen haber sido tomados como objetivo a causa de su religión. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional. El vídeo, titulado “Mensaje firmado con sangre a la nación de la cruz”, muestra a un grupo de hombres vestidos con monos naranjas que son conducidos en fila por la playa por unos hombres enmascarados; luego son obligados a arrodillarse y, a continuación, son decapitados. Según la archidiócesis de Samalut, las familias han identificado a 20 víctimas como cristianos coptos procedentes del distrito de Samalut, en la gobernación de El Minya. La identidad de la víctima número 21, que se cree que es un copto del África subsahariana, aún no se ha determinado. Este asesinato atroz, y el vídeo cuidadosamente orquestado, es un brutal acto de crueldad dirigido a aterrorizar a la población de Libia, Egipto y el resto del mundo. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional. Resulta especialmente devastador para las familias de las víctimas, que sufren una conmoción total. Amnistía Internacional pide a las autoridades egipcias que garanticen que las familias reciben el apoyo psicológico y social que necesiten, tanto inmediatamente después de esta atrocidad como durante todo el tiempo que sea preciso. Las autoridades egipcias deben cumplir su promesa de conceder indemnización económica a las familias de las víctimas, que proceden de comunidades pobres del Alto Egipto y pueden haber perdido al sostén económico de la familia. Los cristianos coptos egipcios llevan decenios sufriendo discriminación, especialmente en que se refiere a construir y mantener sus lugares de culto, y las autoridades egipcias no han protegido a la comunidad frente a los numerosos ataques sectarios. Según las familias de los 20 migrantes coptos egipcios, éstos fueron secuestrados en dos incidentes distintos en la zona de Sirte, en el noroeste de Libia, donde vivían y trabajaban. El 29 de diciembre de 2014, un grupo de siete coptos egipcios fue interceptado en un control cuando viajaba en automóvil hacia la frontera egipcia, y fue secuestrado por hombres armados. El 3 de enero de 2015, un grupo de hombres armados irrumpió en una casa de Sirte que se utilizaba como residencia para trabajadores egipcios, entre ellos los siete secuestrados inicialmente, y allí secuestraron a otros 13 coptos egipcios, utilizando para ello una lista de nombres donde sólo aparecían cristianos. El paradero de los trabajadores migrantes egipcios secuestrados se desconocía hasta el 12 de enero de 2015, cuando el grupo autodenominado Provincia de Trípoli del Estado Islámico difundió una serie de fotografías de los hombres, asegurando que su grupo era el responsable de su secuestro. El 13 de febrero de 2015, una revista online publicada por el grupo armado afirmó que el secuestro era una represalia por la presunta persecución a que la iglesia copta sometía a las mujeres musulmanas, entre ellas Camilia Shehata, en Egipto. Camilia Shehata desapareció en 2010, entre rumores que afirmaban que había sido secuestrada. Fue encontrada más tarde por la policía egipcia y entregada a la iglesia. Amnistía Internacional siente honda preocupación por la seguridad de otros siete egipcios, en su mayoría coptos, que han desaparecido en la zona de Sirte y Misrata en los últimos meses. El 25 de agosto de 2014, tres hermanos –Jamal Matta Hakim, Ra’if Matta Hakim y Rumana Matta Hakim– y su primo, Adel Siddiq Hakim, fueron secuestrados en un control en Sirte. Según otro hermano, entrevistado por Amnistía Internacional, trabajaban en Trípoli, pero decidieron regresar a Egipto cuando el conflicto de Libia se intensificó. Se dirigían de vuelta a Egipto cuando su automóvil fue interceptado por un grupo de hombres armados y enmascarados en un control. Al inspeccionar sus pasaportes, los hombres obligaron a los cuatro coptos a salir del vehículo y los llevaron a un lugar desconocido, mientras que a los pasajeros musulmanes les permitieron continuar su viaje. La suerte y el paradero de los cuatro secuestrados se desconoce desde entonces. Al día siguiente, 26 de agosto de 2014, Mina Shahat ‘Awad, otro copto egipcio, fue secuestrado en un control en Sirte cuando regresaba también a Egipto. Se desconocen su suerte y su paradero. El 15 de septiembre de 2014, otros dos egipcios, uno musulmán y otro copto, desaparecieron en la zona de Misrata tras abandonar su lugar de trabajo en automóvil hacia las cuatro de la tarde. Amnistía Internacional pide a todos los grupos armados y las autoridades pertinentes que intensifiquen sus esfuerzos por determinar la suerte y el paradero de los siete egipcios secuestrados. Todos los civiles retenidos a causa de su identidad religiosa, política o tribal deben ser puestos en libertad de forma inmediata e incondicional.

Información complementaria

En la Libia posterior a Gadafi, las minorías religiosas se han convertido en víctimas crecientes de ataques, y sus miembros han sufrido secuestros, tortura y otros malos tratos, y homicidios ilegítimos, especialmente en Bengasi y Sirte.   Desde que se inició el actual conflicto entre coaliciones más o menos estructuradas de grupos armados afiliados a dos gobiernos y parlamentos contrincantes con sede, respectivamente, en Tobruk y Trípoli, los secuestros de civiles a causa de su origen, identidad o actividades se han convertido en suceso habitual en Libia. Amnistía Internacional ha documentado varias ejecuciones sumarias y otros homicidios ilegítimos a manos de grupos armados en Bengasi, Derna y Zawiya, al menos uno de ellos por decapitación. La información de que dispone Amnistía Internacional sugiere que puede haber habido más decapitaciones de combatientes capturados o civiles secuestrados en Bengasi. Desde que concluyó el conflicto armado de 2011, Sirte se ha convertido en baluarte de grupos armados islámicos, como Ansar al Sharia, cuyo objetivo es hacer cumplir su propia interpretación de la ley islámica y que ha sido acusado de graves abusos contra los derechos humanos. En noviembre de 2014, un grupo armado libio declaró su lealtad al grupo armado autodenominado Estado Islámico, y anunció la creación del grupo Provincia de Trípoli, que abarca varias ciudades del oeste del país, como Sirte, Trípoli, Misrata y Zawiya.