Desaparecen sin dejar rastro y, en la mayor parte de los casos, nunca se vuelve a saber de ellas. Son las víctimas de desapariciones forzadas, detenidas por agentes del Estado o personas que actúan en su nombre y se niegan a reconocerlo. Los gobiernos continúan usando esta práctica atroz para acallar la disidencia y eliminar cualquier oposición política, así como para perseguir a grupos étnicos, religiosos y políticos, denuncia Amnistía Internacional con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que se celebra mañana 30 de agosto.
Según los últimos datos del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, desde 1980 siguen abiertos 44.159casos en 91 Estados. Sólo entre el 16 de mayo de 2015 y el 18 de mayo de 2016, se registraron 766 nuevos casos en 37 Estados. “Amnistía Internacional hace campaña sobre cientos de casos de desaparición forzada en todas las regiones del mundo. En este Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, millones de simpatizantes de nuestra organización en todo el mundo presionarán a los gobiernos que recurren a las desapariciones forzadas para que dejen de usar esta táctica cruel de una vez por todas”, afirma Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional. El modus operandi de las desapariciones forzadas es siempre el mismo: las víctimas son detenidas en su casa o en la calle, sin que nunca se les comunique a las familias su paradero. A menudo, estas personas sufren tortura y viven con el temor constante a que las maten. Esta práctica sitúa a la persona detenida fuera de la protección de la ley y la aísla del mundo exterior, poniéndola en una situación en la que corre un elevado riesgo de tortura o incluso de ejecución extrajudicial. En este día, Amnistía Internacional recuerda a las personas desaparecidas y a sus familias y pide a los gobiernos que realicen las investigaciones apropiadas y se comprometan en la erradicación de esta práctica.Egipto La desaparición forzada se ha convertido en un instrumento clave de la política de Estado en Egipto para intimidar a la oposición y acallar la protesta pacífica. Cientos de ciudadanos corrientes, estudiantes, a veces menores de edad, y activistas políticos son secuestrados por la Agencia de Seguridad Nacional y recluidos en secreto, en condiciones crueles e inhumanas para forzar una confesión. Según diversas organizaciones de derechos humanos egipcias, actualmente entre tres y cuatro personas son detenidas cada día en el país. Así lo revela un reciente informe de Amnistía Internacional, que saca a la luz no sólo la brutalidad a la que se enfrentan las personas desaparecidas, sino también la connivencia entre las fuerzas de seguridad nacionales y las autoridades judiciales, que están dispuestas a mentir para ocultar sus rastros o no han investigado las denuncias de tortura, lo que las convierte en cómplices de violaciones graves de derechos humanos. Desde el nombramiento de Magdy Abdel Ghaffar como ministro del Interior en marzo de 2015, se ha observado un notorio aumento del uso de la desaparición forzada en Egipto. Ghaffar estuvo destinado en el Departamento de Investigaciones de la Seguridad del Estado, fuerza policial secreta conocida por la comisión de violaciones de derechos humanos durante la época de Mubarak y que fue desmantelada después del levantamiento de 2011 y rebautizada como Agencia de Seguridad Nacional. Hoy se estima que cientos de personas permanecen recluidas en las dependencias de la ASN en Lazoughly, el lugar de detención más conocido, situadas dentro de la sede el Ministerio del Interior. Uno de los casos más terribles documentados por Amnistía Internacional es el de Islam Khalil, de 26 años, que fue sometido a 122 días de desaparición forzada en 2015. Esposado y con los ojos vendados durante todo el tiempo, los interrogadores de la ASN le propinaron brutales palizas, le aplicaron descargas eléctricas -incluso en los genitales- y lo mantuvieron colgado y desnudo durante horas en la ciudad de Tanta, al norte de El Cairo. En una ocasión, su interrogador le dijo: “¿Crees que vales algo? Podemos matarte, envolverte en una manta y arrojarte a cualquier contenedor de basura y nadie preguntará por ti”.
México En septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que se dirigían a una protesta contra las reformas educativas del gobernador fueron atracados por la policía y hombres armados en Iguala. Casi dos años después, sólo se ha encontrado el cuerpo de uno de ellos; los 42 restantes continúan en paradero desconocido. En abril de 2016, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acusó al Gobierno mexicano de no haber seguido las líneas de investigación claves, manipular evidencias, proteger a oficiales sospechosos de participación en las desapariciones forzadas y de torturar a presuntos sospechosos para asegurar “confesiones”. Además, según el GIEI, el Gobierno negó una petición de los expertos y familiares de extender su mandato y continuar con su investigación. Los 43 estudiantes de Ayotzinapa son un caso emblemático de una larga lista de personas desaparecidas en un país en el que persiste la impunidad y donde esta práctica continúa estando generalizada. Al término de 2015, el Gobierno mexicano informó de que 27.638 personas se hallaban en paradero desconocido, pero no especificó cuántas de ellas habían sido sometidas a desaparición forzada. Amnistía Internacional ha puesto en marcha unaacción onlinepara recabar apoyos y exigir al Gobierno mexicano una ley que arroje luz sobre estos casos. Siria El número de desapariciones forzadas en Siria continúa incrementándose. Según un informe de 2015 de Amnistía Internacional, el Estado se está beneficiando de estas prácticas a través de un insidioso mercado negro en el que los familiares, desesperados por averiguar la suerte de sus seres queridos, son extorsionados para que paguen por esa información. La Red Siria de Derechos Humanos ha documentado al menos 65.000 desapariciones desde 2011, de las que 58.000 corresponden a civiles. En algunos casos, especialmente en los dos últimos años, las desapariciones forzadas se han utilizado de forma oportunista para realizar ajustes de cuentas u obtener beneficios económicos, lo que ha exacerbado esta práctica. Algunas familias han vendido sus bienes o entregado los ahorros de toda su vida para pagar sobornos que les permitan averiguar la suerte de sus seres queridos, en ocasiones obteniendo a cambio falsa información. Un hombre cuyos tres hermanos desaparecieron en 2012 dijo a Amnistía Internacional que había pedido un préstamo de más de 150.000 dólares estadounidenses tratando infructuosamente de averiguar su paradero. Ahora está trabajando en Turquía para pagar su deuda.
La situación en España: ni investiga ni deja investigar En España se sigue privando del derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de crímenes cometidos durante la Guerra Civil (1936-1939) y el régimen franquista (1939-1975). Las autoridades españolas siguen sin prestar asistencia adecuada al poder judicial argentino, que ejerce la jurisdicción universal para investigar crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. De los más de 114.000 crímenes de derecho internacional denunciados ante la Justicia, la mayoría corresponden a desapariciones fozadas. En los últimos dos años, al menos cinco mecanismos de Naciones Unidas han constatado y expresado que España ni investiga ni deja investigar y le han instado a cumplir con sus obligaciones internacionales y a colaborar con otras jurisdicciones que pretendan iniciar investigaciones. En este sentido, la jueza argentina María Servini tiene previsto viajar a España el próximo mes de octubre para tomar declaración a 19 personas acusadas por crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo (entre otros, desapariciones forzadas). Amnistía Internacional considera que el Estado español debe colaborar con la justicia argentina y acceder a la petición de la jueza argentina de viajar a España y facilitar que se efectúen los interrogatorios correspondientes.
Otros países En otros países comoCamerún, Sri Lanka, Turquía, Bosnia Herzegovina o Serbia, Amnistía Internacional ha documentado desapariciones forzadas en los últimos años. El último informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas señala que el grupo ha recogido desde su creación, en 1980, un total de 55.273 casos, de los que 44.159 siguen abiertos. De acuerdo con estos datos, los diez países con mayor número de desaparecidos registrados desde 1980 son Irak (16.560), Sri Lanka (12.349), Argentina (3.446), Algeria (3.168), Guatemala (3.154), Perú (3.006), El Salvador (2.673), Colombia (1.260), Chile (907) y Filipinas (786).
