Las autoridades egipcias han intensificado su represión de la expresión religiosa en Internet en los últimos meses; así lo ha manifestado hoyAmnistía Internacional, y ha pedido a las autoridades que pongan en libertad inmediata e incondicional a 23 personas que están en detención arbitraria sólo por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de religión o de creencias.
En los últimos seis meses, las fuerzas de seguridad han arrestado arbitrariamente a al menos 29 personas —incluida una mujer— de entre 18 y casi 60 años en seis gobernaciones por haber publicado contenido online con opiniones religiosas que difieren de la narrativa religiosa aprobada por el Estado, o simplemente por pertenecer a grupos en redes sociales que debaten sobre el ateísmo y el agnosticismo y critican las creencias religiosas dominantes.
Se las investiga por cargos falsos de “desprecio de las religiones” y “unirse a un grupo establecido en contra de la ley” y, si son declaradas culpables, se enfrentan a condenas de hasta cinco años de prisión.
“Publicar opiniones religiosas en Internet o participar en debates sobre la creencia o no creencia no es delito. Aun así, las autoridades egipcias han intensificado sus medidas represivas contra quienes debaten asuntos religiosos online, en incumplimiento de las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos y, en concreto, los compromisos formulados por las autoridades en relación con la libertad religiosa durante el Examen Periódico Universal del país en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2025”, ha manifestado Mahmoud Shalaby, investigador de Amnistía Internacional sobre Egipto y Libia.
“Las autoridades egipcias deben dejar de criminalizar los debates sobre creencias religiosas, incluidos los que se considera que difieren de las opiniones dominantes en la sociedad, o simplemente por reflejar y cuestionar esas opiniones en algunos casos. Quienes están en detención arbitraria sólo por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad religiosa y de creencias deben quedar en libertad de forma inmediata e incondicional”.
Entre mediados de julio de 2025 y el 1 de enero de 2026 hubo personas que fueron sometidas a desaparición forzada durante periodos de entre cuatro y 56 días tras su arresto por agentes de seguridad. Al menos cuatro de ellas denunciaron durante las sesiones de renovación de su detención en espera de juicio ante la fiscalía que habíansufrido tortura y otros malos tratos tras el arresto, mientras que al menos 11 fueron privadas de su derecho a contar con asistencia letrada de su elección durante la fase de interrogatorio.
Un hombre murió bajo custodia, según declaraciones de compañeros reclusos ante la fiscalía durante una sesión de renovación de la detención previa al juicio a principios de enero de 2026. Amnistía Internacional no ha podido obtener información sobre la causa de la muerte. Cinco quedaron en libertad a principios de diciembre de 2025 en espera de investigación. Las 23 restantes están recluidas en espera de juicio.
Amnistía Internacional ha hablado con el familiar de un detenido, dos abogados de la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales, la Comisión de Derechos y Libertades de Egipto y otros dos abogados que representaban a 13 de las personas acusadas.
La policía arrestó a la mayoría en su domicilio y requisó ordenadores portátiles y teléfonos móviles, incluidos dispositivos de otros miembros de la familia, sin presentar una orden ni explicar los motivos del arresto.
Una lista interminable de violaciones de derechos durante el arresto
Tras los arrestos, las fuerzas de seguridad han ocultado la suerte y el paradero de estas personas, y por tanto las están sometiendo a una desaparición forzada. Las mantienen recluidas al margen de la protección de la ley, en centros desconocidos de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) durante periodos de entre cuatro y 56 días, con mayor riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos, antes de llevarlas ante la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado. Durante su desaparición forzada en centros de la NSA, estas personas han sido interrogadas durante horas por agentes sobre sus creencias religiosas, incluso sobre si eran musulmanas o cristianas y dónde rezaban, mientras tenían los ojos vendados.
Entre los individuos detenidos había un hombre que dirigía un canal de YouTube dedicado a debates críticos sobre ideas religiosas en los que, por ejemplo, se hablaba sobre las creencias comunes al islam y el cristianismo, como la aparición de señales antes del Día del Juicio Final. Otro había publicado en Internet contenido crítico con un popular predicador islámico, y un tercero había hablado sobre la justicia cósmica. Otro más había compartido contenido que satirizaba ciertas prácticas religiosas.
Las fuerzas de seguridad arrestaron a Sherif Gaber, bloguero y youtuber de 32 años, en su domicilio de El Cairo el 3 de noviembre de 2025 y lo sometieron a desaparición forzada durante unos 56 días antes de presentarlo ante la fiscalía. Desde 2013, las autoridades han actuado reiteradamente contra Gaber por expresar sus opiniones religiosas en Internet. Entre 2013 y 2024 fue condenado in absentia a uno, tres y cinco años de prisión en tres juicios distintos por cargos de “desprecio de las religiones”. Continúa bajo custodia mientras se realizan investigaciones.
La Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado abrió investigaciones contra las personas detenidas por una diversidad de cargos, que incluían unirse a un grupo establecido en contra de la ley, aprovechar la religión para promover ideas nocivas para la unidad nacional, despreciar las religiones, insultar las religiones por medios públicos y difundir noticias falsas, y ordenó su reclusión preventiva.
En una de las sesiones de renovación de la detención previa al juicio, celebrada virtualmente a finales de 2025, tres de los acusados contaron a la fiscalía que agentes de la NSA los habían sometido a descargas eléctricas durante su desaparición forzada. La fiscalía no investigó eficazmente y sin demora estas denuncias remitiendo a los detenidos a examen forense; se limitó a decir que serían citados a declarar en sesiones presenciales en las que podrían “informar de lo que quisieran”.
Saeed Abo Mustafa, uno de los detenidos que había participado en debates online sobre creencias religiosas, contó a la fiscalía durante la primera sesión de renovación de su detención previa al juicio que agentes de la NSA le habían dado rodillazos y patadas en la espalda y el abdomen durante su desaparición forzada en julio de 2025. La fiscalía le preguntó por qué no había denunciado los abusos en el interrogatorio inicial, y desestimó su denuncia.
“Las autoridades están acumulando abuso tras abuso contra las personas detenidas arbitrariamente, presentando cargos absurdos en su contra, sometiéndolas a desaparición forzada y desestimando sus graves denuncias de tortura y otros malos tratos. La fiscalía debe poner fin a su complicidad en los abusos de la NSA al dar su conformidad a la detención arbitraria, y debe garantizar investigaciones inmediatas, exhaustivas, independientes, imparciales, transparentes y efectivas de todas las denuncias de tortura y otros malos tratos”, ha dicho Mahmoud Shalaby. “Las autoridades egipcias deben poner fin a las restricciones del derecho a la libertad de religión o de creencias y dejar de procesar a las personas por lo que creen”.
Información complementaria
Las minorías religiosas, incluidas la cristiana copta, la musulmana chií y la bahaí, sufren sistemáticamente discriminación en la ley o en la práctica en Egipto. Miembros de estas minorías, personas ateas y otras que no profesan las creencias religiosas aprobadas por el Estado se enfrentan a amenazas y acoso, incluidas citaciones e interrogatorios abusivos de la NSA y, en algunos casos, enjuiciamiento por el cargo impreciso de “desprecio de las religiones”.
Las autoridades estatales continuaron discriminando a las personas cristianas al negarles una reparación efectiva por la violencia sectaria e imponer procesos de reconciliación tradicionales que las privaban de indemnización y que, en algunos casos, llevaban a su destierro.
Desde marzo de 2025, al menos 15 miembros del culto religioso ahmadí de la Paz y la Luz permanecen en detención arbitraria sólo por haber ejercido de manera pacífica su derecho a la libertad de religión. En abril de 2025, varios procedimientos especiales de la ONU plantearon al gobierno egipcio sus motivos de preocupación relacionados con la discriminación de la comunidad bahaí, que incluía la confiscación de cementerios, la negación de reconocimiento legal y documentos de identidad, y el hostigamiento de sus miembros.
