Un tribunal egipcio recomendó el 16 de mayo condenar a muerte al derrocado ex presidente Mohamed Morsi y a más de 100 acusados más, tras una serie de juicios manifiestamente injustos, lo que pone de manifiesto el deplorable estado del sistema de justicia penal egipcio, en palabras de Amnistía Internacional. “El hecho de condenar a muerte a Mohamed Morsi tras varios juicios, manifiestamente injustos, demuestra un desprecio absoluto por los derechos humanos. Los juicios eran ya irregulares antes de que Morsi entrara en la sala. Su reclusión durante meses en régimen de incomunicación, sin supervisión judicial y la ausencia de un abogado que lo representara legalmente durante las investigaciones, convierten estos juicios en simples farsas, basadas en procedimientos de nulo valor”, declaró Said Boumedouha, vicedirector del Programa Regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. “Las autoridades egipcias deben desestimar todas las pruebas que obtuvieron de Mohamed Morsi o de los demás detenidos durante el periodo en que permanecieron sometidos a desaparición forzada y deben dejarlo en libertad de inmediato o volver a juzgarlo ante un tribunal civil con plenas garantías procesales. Dichos procedimientos penales deberán ser acordes a la legislación egipcia y a las normas internacionales. Asimismo, las autoridades deben retirar el cargo de fuga de prisión en enero de 2011, ya que en ese momento Morsi se encontraba en detención administrativa, impuesta en el contexto de un estado de excepción y sin orden de detención judicial.” “La pena de muerte se ha convertido en el instrumento preferido de las autoridades egipcias para eliminar la oposición política. La mayoría de las condenas de muerte dictadas por los tribunales desde julio de 2013 han sido contra partidarios de Morsi. Parece que apoyar a Morsi se traduce inmediatamente en pena de muerte o en penas de años de prisión. Por el contrario, lo que Egipto debe hacer es garantizar la independencia y la imparcialidad del sistema judicial, y llevar ante la justicia a todas las personas que hayan cometido violaciones graves de derechos humanos.” El tribunal recomendó la pena de muerte para Mohamed Morsi y otras 105 personas, incluidos altos cargos de la Hermandad Musulmana, por haber sido hallados culpables de organizar la fuga masiva de presos durante la “Revolución del 25 de Enero”, con ayuda de Hamás y Hezbolá. Morsi también compareció en otro juicio por espionaje para Estados y organizaciones extranjeros, filtración de información clasificada a grupos, como Hamás, Hezbolá y la Guardia Revolucionaria Iraní y participación en actividades terroristas. En ese caso, el tribunal recomendó la pena de muerte para 16 de las personas acusadas, incluida una mujer, pero no para Mohamed Morsi. El tribunal que ha recomendado la pena de muerte ha remitido el caso al gran muftí para recibir su asesoramiento, paso obligatorio de conformidad con la legislación egipcia para que un tribunal penal pueda imponer una condena de muerte. Si Mohamed Morsi y los demás acusados fueran condenados a muerte cuando el tribunal dicte sentencia en firme, el 2 de junio, éstos podrán recurrir ante el más alto tribunal egipcio, el Tribunal de Casación.
