Londres/Madrid.- El segundo aniversario de los acontecimientos de San Salvador Atenco, Estado de México, se acerca sin avances sustanciales para las victimas de violencia sexual a manos de policías el 3 y 4 de mayo de 2006.
La impunidad de estos graves casos de tortura es señal del compromiso insuficiente del gobierno mexicano de terminar con la tortura y la violencia contra las mujeres.
Las 47 mujeres detenidas, como casi el total de las 207 personas detenidas el 3 y 4 de mayo 2006, sufrieron tortura u otras formas de maltrato. Sin embargo, los casos más graves son los de las 26 mujeres que presentaron quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por actos de violencia sexual, incluso violación y otras formas de agresión sexual y violencia, durante su traslado a la cárcel de Santiaguito por parte de policías estatales. En el reclusorio inicialmente les fue negado el acceso a un tratamiento médico adecuado y la posibilidad de denunciar lo ocurrido.
A pesar de evidencia médica que apoya las declaraciones de las mujeres y los testimonios de otros testigos, la investigación llevada a cabo por las autoridades estatales solo resultó en cargos contra 21 policías. Los tribunales ya han exonerado a 15 de ellos. Solo seis policías siguen procesados, cinco por abuso de autoridad y uno por actos libidinosos. Estos cargos menores no reflejan la gravedad de los actos de tortura cometidos ni el número de policías y oficiales involucrados directamente, o por negligencia, en estos crímenes.
La anterior Fiscal Especial Federal para los Delitos de Violencia contra las Mujeres llevó a cabo una investigación federal paralela, pero no ejerció jurisdicción directa sobre el caso y por lo tanto no dio lugar a la acción penal.
El Procurador General de la República debe demostrar su compromiso en este sentido, garantizando el apoyo pleno a la nueva Fiscal Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) para que concluya su investigación y proceda contra los responsables.
La FEVIMTRA debe tomar pasos decisivos para terminar con la impunidad en estos casos, garantizar que todos los responsables rindan cuentas y las mujeres afectadas reciban reparaciones adecuadas.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas han recomendado al gobierno mexicano garantizar una investigación eficaz de la Fiscalía Especial federal para que los responsables sean procesados debidamente. Esto todavía no ha sido implementado.
Además es importante recordar que la investigación especial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca de lo acontecido en San Salvador Atenco no es una alternativa a la justicia penal, sino un mecanismo para reforzar los esfuerzos para esclarecer los hechos. Por lo tanto, no debería ser razón para paralizar la acción penal contra los responsables ni otras acciones apremiantes. El reclamo de las mujeres por la justicia, el debido reconocimiento por parte del estado de la gravedad de la tortura que sufrieron, y su derecho a la reparación son una deuda que las autoridades deberían asumir con urgencia.
El caso de una ciudadana española En enero de 2008 la organización Women's Link, como acusación popular y en representación de Cristina Vals, presentó ante la Audiencia Nacional española una querella por torturas en relación con los sucesos en San Salvador de Atenco. Cristina Vals es una ciudadana española que fue objeto de abusos, incluidos abusos sexuales, durante su detención. En estos momentos, se está a la espera de la admisión de la querella por la Audiencia Nacional. Women's Link reclama que la violación sea considerada tortura. Los tribunales españoles a través de la Audiencia Nacional tienen competencia para ejercer la jurisdicción universal por crímenes tales como la tortura donde quiera que haya ocurrido el delito.
Información General El 3 y 4 de mayo 2006 más de 2,500 policías federales, estatales y municipales participaron en un operativo para terminar con protestas lideradas por la organización campesina Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México. El operativo policial resultó en la detención de 207 personas, la muerte de dos personas, decenas de manifestantes y policías lesionados y varios policías retenidos como rehenes. Amnistía Internacional publicó el informe Violencia contra las Mujeres y Denegación de Justicia en el Estado de México (AMR 41/02/2006) documentado la violencia sexual sufrida por al menos 26 de las detenidas.
Más de 50 personas siguen enfrentando procesos por delitos relacionados con las manifestaciones del 3 y 4 de mayo 2006, trece de los cuales siguen detenidas. En varias ocasiones, Amnistía Internacional ha expresado preocupación por las serias irregularidades que han vulnerado el derecho a un juicio justo de los acusados.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación está llevando acabo una investigación no jurisdiccional acerca de lo ocurrido.
