Hasta diez aspectos a mejorar ha trasladado a España el Comité de Derechos Humanos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de nuestro país contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Muchas de estas recomendaciones coinciden con las presentadas por Amnistía Internacional a dicho mecanismo, así como por otros órganos de vigilancia de tratados de Naciones Unidas como el Comité contra la Tortura (2023) y el Comité contra las Desapariciones Forzadas (2021).
El Comité de Derechos Humanos ha hecho un importante repaso de las mejoras para garantizar el cumplimiento por parte del Estado español del PIDCP en temas como racismo, niños y niñas no acompañados, deportaciones y devoluciones, violencia de género, uso excesivo de la fuerza, o derecho a la protesta, entre otras. En el plazo de tres años el Estado español deberá informar al Comité sobre el nivel de cumplimiento de las recomendaciones relativas a la no discriminación, a los discursos y delitos de odio y sobre el trato dispensado a los extranjeros, incluidos los refugiados y los solicitantes de asilo. Sobre la evolución del resto de las recomendaciones deberá dar cuenta en el próximo examen periódico que tendrá lugar en 2031. "Amnistía Internacional recuerda que desde la sociedad civil seguiremos monitoreando la actuación de los diversos agentes y poderes del Estado, exigiendo que tanto en la ley como en la práctica, España cumpla con sus obligaciones con los derechos humanos y con lo dispuesto en los tratados internacionales”, señaló Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional España.
“Amnistía Internacional recuerda que desde la sociedad civil seguiremos monitoreando la actuación de los diversos agentes y poderes del Estado, exigiendo que tanto en la ley como en la práctica, España cumpla con sus obligaciones con los derechos humanos y con lo dispuesto en los tratados internacionales”
Diez aspectos a mejorar
- Delitos de odio. El Comité de Derechos Humanos expresa preocupación por el aumento de denuncias y la prevalencia del los discursos de odio, en particular de lo que denomina el odio neofascista, así como por los delitos de odio contra el pueblo gitano, personas judías, musulmanas, afrodescendientes o personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero. Lo hemos visto en Torre Pacheco, tras el llamamiento a través de redes sociales para atacar a la población migrante que vive en esta localidad. Una ejemplo de los datos que recoge el Ministerio del Interior, que señala que los delitos de odio en 2023 aumentaron con respecto a 2022 en un 13,38% en casos de racismo y/o xenofobia, y en un 13,73% en casos de orientación sexual/ identidad de género. Es imprescindible que las autoridades además de iniciar investigaciones por este tipo de delitos, intensifiquen la concienciación sobre el respeto de los derechos humanos y la tolerancia hacia la diversidad, cuestionando y erradicando prejuicios estereotipados.
- Menores no acompañados. El Comité muestra preocupación por la falta de un protocolo uniforme para los procedimientos de determinación de edad, así como por el hecho de que la competencia para iniciarlos siga atribuida al Ministerio Fiscal. Reclama que se utilicen métodos seguros y científicos, respetando la sensibilidad del menor, evitando toda afectación a su integridad física y considerando su desarrollo físico y psicológico. Además, recomienda que los menores no acompañados cuenten sin demora con un tutor cualificado y con representación letrada adecuada, y que no sean alojados con adultos, como ha denunciado el Defensor del Pueblo. Amnistía Internacional lamenta además la falta de corresponsabilidad por parte de todas las comunidades autónomas y el gobierno central para buscar una solución adecuada para la infancia migrante no acompañada. En Canarias hay ahora más de 5.000 menores, muy por encima de la capacidad de la isla. Una situación parecida es la que se está viviendo en Ceuta. Es imperativo que el bienestar de estos niños y niñas dejen de estar dentro de la pelea política y que se garantice que se adoptan decisiones respetando el principio del interés superior del menor.
- Perfil racial. El Comité sigue mostrando preocupación por los informes que denuncian la práctica sistemática y generalizada del perfil racial y étnico por parte de las fuerzas de seguridad, e insta a España a prohibirlo de forma explícita en la legislación y a capacitar a la policía para evitar la elaboración, voluntaria o involuntaria, de perfiles raciales y étnicos. Un problema endémico, que es sistemáticamente negado en el Estado español. Una práctica que ha demostrado ser ineficaz en la lucha contra la delincuencia y además cercena la confianza de los grupos afectados en las instituciones. Algo que en definitiva afecta a la salud física y emocional de este colectivo, limita sus libertades y sus derechos humanos, pero que también impacta en toda la sociedad, que ve cómo una parte importante de sus vecinas y vecinos son a diario criminalizados y estigmatizados.
- Deportaciones y no devolución. El Comité señala la práctica de devoluciones sumarias y rechazos en frontera, declarados ilícitos por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en marzo de 2025 por no garantizarse ni siquiera la asistencia letrada, una sentencia recurrida por el Gobierno. El Comité insta también a revisar el Acuerdo Bilateral con Marruecos de 2022, que permite la devolución de personas migrantes sin procedimiento administrativo ni orden judicial para asegurar un proceso justo y un trato digno conforme a las normas internacionales. Lamenta además la falta de rendición de cuentas en relación con el uso excesivo de la fuerza en El Tarajal (2014) y la tragedia de Melilla (2023). Al menos 37 personas murieron el 24 de junio en Melilla, centenares resultaron heridas y 70 hombres siguen desaparecidos sin que haya avances en la investigación.
- Violencia contra la mujer. Pese a reconocer la importancia del marco normativo para prevenir y sancionar la violencia de género, como la Ley Orgánica 1/2024, el Comité señala las elevadas tasas de feminicidio, la persistencia de estereotipos de género en sectores clave como el sistema judicial, y las barreras que enfrentan las mujeres al denunciar. Sólo en 2024, 48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas, y 22 hasta el 2 de julio de 2025. Desde 2003, año en el que empezaron a registrarse este tipo de casos, 1316 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas. El Comité considera además insuficiente la respuesta frente a todas las formas de violencia, subrayando la necesidad de proteger especialmente a mujeres en situación de vulnerabilidad, incluyendo migrantes, mujeres con discapacidad, gitanas o privadas de libertad. Además de recomendar la implementación efectiva de la Ley y la protección de las víctimas, el Comité destaca la importancia de formar a jueces, fiscales, abogados y policías para eliminar estereotipos y evitar la doble victimización.
- Memoria democrática. Pese a valorar positivamente la Ley de Memoria Democrática, el Comité lamenta la ausencia de actuaciones penales efectivas respecto de los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, e insta a que ni la Ley de Amnistía de 1977 ni otros obstáculos, como la prescripción, impidan su investigación. En los últimos años, se han presentado más de 100 querellas por torturas, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, robo de bebés y trabajo esclavo. Más de una decena de estas querellas han sido interpuestas desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática. Todas se han inadmitido o archivado. También expresa preocupación por las denominadas “leyes de concordia” adoptadas por algunas comunidades autónomas y pide al Estado aprobar con celeridad el proyecto de ley sobre los “bebés robados”.
- Tortura. El Comité reitera la necesidad de ajustar plenamente la definición del delito de tortura en el Código Penal a los estándares internacionales, y muestra preocupación por el hecho de que esté sujeto a prescripción, lo que puede favorecer la impunidad. Señala expresamente la ausencia de investigaciones respecto de los miles de testimonios de torturas ocurridas en el País Vasco y Navarra entre 1960 y 2014, e insta a que los interrogatorios en comisaría sean grabados de forma sistemática.
- Uso excesivo de la fuerza. Persiste la falta de rendición de cuentas por el uso excesivo de la fuerza, y el Comité reitera la necesidad de que la actuación policial respete los principios de necesidad y proporcionalidad, que el personal reciba formación conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, y que todas las denuncias sean investigadas de manera exhaustiva. Muestra especial preocupación por el escaso avance en las investigaciones sobre las protestas del referéndum catalán del 1 de octubre de 2017.
- Libertad de expresión y de reunión pacífica. El Comité insta a reformar el Código Penal y la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana para evitar un impacto disuasorio indebido sobre el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. En particular, recomienda despenalizar los delitos de calumnias e injurias, revisar el delito de enaltecimiento del terrorismo y garantizar que las sanciones administrativas impuestas en virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana no restrinjan indebidamente el ejercicio de derechos humanos. Desde su entrada en vigor y hasta 2023 (únicos datos oficiales disponibles hasta ahora), se han registrado más de 429.000 sanciones por infracciones relacionadas con la seguridad ciudadana, excluyendo aquellas vinculadas a drogas, armas y explosivos.
- Pegasus e infiltraciones policiales. El uso de tecnologías de vigilancia como Pegasus y Candiru contra defensores de derechos humanos y otros actores de la sociedad civil preocupa al Comité por su posible efecto inhibidor sobre los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Lamenta la ausencia de una investigación oficial y la inacción del Fiscal General en los procedimientos judiciales relacionados con el uso de Pegasus tras las denuncias de personalidades políticas, abogados y personas de la sociedad civil catalana. También expresa preocupación por el uso de “agentes infiltrados” en grupos sociales al margen del procedimiento penal, sin garantías jurídicas ni supervisión judicial. Insta a que todas las formas de vigilancia e injerencia en la vida privada se ajusten a los estándares internacionales, respeten los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, cuenten con salvaguardias legales adecuadas, y que todas las denuncias de vigilancia ilegal sean investigadas de forma exhaustiva.
