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Diez años de sufrimiento y abuso

Diez años de guerra e inestabilidad política han convertido la situación de los derechos humanos en Nepal en una de las peores del mundo, y la comunidad internacional tiene un papel fundamental que desempeñar para invertir este proceso, ha dicho hoy Amnistía Internacional.

 

"El pueblo de Nepal ha soportado ya demasiada violencia. Si la comunidad internacional y todos los bandos en Nepal no actúan urgentemente, una nueva generación crecerá sin conocer otra cosa más que derramamiento de sangre y conflicto" ha declarado Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional.

 

En las últimas semanas ha habido una fuerte escalada de la violencia, con el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía contra quienes protestan contra las elecciones municipales celebradas el 8 de febrero, consideradas por casi todos un intento del rey de legitimar su gobierno. Se teme que aumente la violencia según se vaya acercando el 13 de febrero, décimo aniversario del inicio de la guerra.

 

Además de los abusos generalizados contra los derechos humanos relacionados con el conflicto, en el último año el gobierno ha restringido las libertades civiles básicas, haciendo que la situación se deteriorara aún más. Según cálculos fiables, en las últimas semanas han sido detenidas más de 1.500 personas por organizar manifestaciones políticas o participar en ellas. El 8 de febrero murió un manifestante alcanzado por los disparos de la policía.

 

Desde que los maoístas declararon la “guerra popular”, el 13 de febrero de 1996, han muerto más de 12.000 personas y centenares más han "desaparecido", han sido torturadas, secuestradas, violadas o reclutadas como niños soldados. Cientos de miles de personas se han visto obligadas a dejar sus casas para vivir en condiciones de miseria en refugios temporales.

 

"Durante diez años de conflicto hemos visto cómo empeoraba constantemente la situación de los derechos humanos, con un aumento en el número de homicidios de civiles, de civiles heridos y, durante un tiempo, el mayor número de informes de "desapariciones" del mundo”, ha dicho Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional.

 

Amnistía Internacional reitera su llamamiento al gobierno nepalí para que se asegure de no permitir a sus fuerzas de seguridad continuar con los homicidios y otros abusos. Los autores de estos hechos deben ser procesados, y sus víctimas deben poder obtener justicia. La organización pidió también a los maoístas que hagan todo lo posible para asegurarse siempre de que no se producen daños a la población civil.

 

"La comunidad internacional tiene un papel fundamental que desempeñar a la hora de evitar que se deteriore aún más la situación de los derechos humanos”, ha dicho Irene Khan. “Es preciso que siga presionando al gobierno para que respete los derechos humanos y cumpla sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluida la restauración de libertades básicas, como el derecho a manifestarse pacíficamente.”

 

La comunidad internacional debe analizar la participación de Nepal en operaciones de mantenimiento de la paz en el extranjero, dado el mal historial de derechos humanos del ejército nepalí en su país. Amnistía Internacional reiteró su petición de febrero de 2005 y pidió a los gobiernos extranjeros que siguen suministrando armas a Nepal que impongan un embargo de armas hasta que la situación de los derechos humanos del país haya mejorado significativamente.

 

"Sería fácil que este conflicto se cayera de la agenda política dado el largo tiempo que lleva activo, pero por el bien de los habitantes de Nepal, que lo viven diariamente como una realidad, el mundo debe seguir ocupándose de él y mantener la presión sobre el gobierno y los maoístas”, ha añadido Khan.

 

Información general
Desde que el rey Gyanendra se hizo con el poder el 1 de febrero de 2005, los sangrientos abusos relacionados con el conflicto se han agravado con las restricciones a las libertades civiles. A pesar de las múltiples intervenciones –incluida la de Amnistía Internacional, que se entrevistó con el rey en febrero de 2005–, ha habido intentos de silenciar a los medios nacionales de comunicación, normalmente muy activos, y los activistas de derechos humanos han sido hostigados y detenidos.

 

En las últimas semanas, cientos de personas han sido detenidas por organizar protestas políticas o tomar parte en ellas. Las fuerzas de seguridad han respondido a las manifestaciones con una violencia desproporcionada. Según los informes, muchos manifestantes han sido golpeados y el 8 de febrero de 2006 el activista político Umesh Chandra Thapa murió alcanzado por los disparos de las fuerzas de seguridad cuando regresaba de una manifestación en el distrito de Dang, en el centro-oeste de Nepal.

 

Esta supresión de la disidencia ha creado un peligroso punto ciego respecto a lo que se sabe en el exterior, e incluso dentro del país, sobre los abusos contra los derechos humanos que se cometen fuera de la capital.

 

Durante dos años (2003 y 2004), Nepal tuvo la mayor tasa de informes de "desaparición" del mundo. Sin embargo, tras grandes presiones internacionales, los informes de nuevas "desapariciones" disminuyeron significativamente en 2005.

 

En mayo de 2005, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) estableció una misión de observación de los derechos humanos en Nepal.

 

Los diez años de conflicto también han exacerbado los efectos de la pobreza en Nepal. El conflicto, la inseguridad y las “huelgas” convocadas periódicamente por los maoístas han evitado que la ya empobrecida población acceda a derechos básicos, como la educación, los servicios de salud y la alimentación.

 

Nota para los medios de comunicación
La secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, visitará Delhi del 15 al 17 de febrero y concederá entrevistas sobre este tema.