Madrid.- En el Día Internacional de los Desaparecidos, Amnistía Internacional quiere sumar su voz a la de los familiares de las personas desaparecidas, y pedir a los Gobiernos de todo el mundo que inicien investigaciones imparciales sobre todo los casos de desaparición forzada, lleven ante los tribunales a los responsables y ratifiquen la Convención sobre Personas desaparecidas de Naciones Unidas para luchar contra esta práctica abominable.
La desaparición forzada es una grave violación de derechos humanos cometida por los Estados o con su colaboración que ha afectado y afecta a decenas de miles de personas en todo el mundo, con casos registrados en más de 80 países. Desde que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones forzadas comenzase a documentar casos hace ahora 30 años, se han registrado 53.232 desapariciones forzadas; en 42.600 casos se sigue sin conocer el paradero de la víctima. Sólo en 2009, Naciones Unidas ha derivado cientos de denuncias de desaparición forzada a 25 gobiernos de todos los continentes.
Estas son las cifras denunciadas ante la ONU. Pero sin duda, el número de personas que siguen desaparecidas en todo el mundo es dramáticamente muy superior. Hoy día, decenas de países en todo el mundo siguen utilizando la práctica ilegal de la desaparición forzada amparados en la excusa de la seguridad. En Iraq, según Naciones Unidas, existen 16.409 casos pendientes de desapariciones forzadas. En Ingusetia, en el marco de 'operaciones de lucha contra el terrorismo' del Gobierno ruso, desde 2002 se han registrado 179 casos de desaparición forzada, una cifra muy elevada para una república con una población aproximada de sólo 500.000 personas. Además, algunos países utilizan la seguridad nacional como pretexto para hacer eliminar cualquier tipo de oposición y silenciar todas las críticas. En Chad, decenas de hombres desaparecidos entre 2006 y 2008 permanecen en paradero desconocido, entre ellos algunos opositores políticos. En Yemen, las fuerzas de seguridad someten a desaparición forzada a periodistas o disidentes críticos con el Gobierno.
Impunidad para los perpetradores
Decenas de miles de casos de desapariciones forzadas producidas en las últimas décadas en numerosos países siguen sin investigarse. Quince años después de terminada la guerra en Bosnia Herzegovina, entre 10.000 y 12.000 personas siguen en paradero desconocido, y sus victimarios siguen gozando de impunidad. En Nepal, seguían sin investigarse los casos de más de 1,300 personas que fueron detenidas y sometidas a desaparición forzada durante el conflicto que sufrió el país entre 1996 y 2006. Tampoco el gobierno de El Salvador ha puesto en marcha medidas para resolver los 2.270 casos de desapariciones forzadas llevadas a cabo durante el conflicto interno en la década de los 80’. En México, hubo al menos 700 casos de desaparición forzada durante la “guerra sucia” emprendida por el ejército y las fuerzas de seguridad en las décadas de los 70 y los 80, que siguen en la más completa impunidad.Pero detrás de cada cifra está la historia de una persona detenida en secreto, torturada, asesinada, y la de una familia que sufre años o décadas bajo el peso de estos crímenes gubernamentales. Día tras día, los familiares y amigos de las miles de personas que han desaparecido soportan el desgarrador sufrimiento de no saber qué ha sido de sus hijos, sus padres, sus cónyuges, sus hermanas o sus hermanos. No saben si están vivos o muertos, si han sido encarcelados, torturados, mantenidos en condiciones inhumanas o enterrados en una fosa común. No saben si algún día aparecerán, ni en qué condiciones. Y se ven privados de justicia y verdad por la clara falta de voluntad política de los gobiernos por arrojar luz sobre la suerte de sus seres queridos. Para ellos la desaparición se prolonga sin fin, y por esa razón el derecho internacional la considera una violación continuada de derechos humanos y por tanto imprescriptible ante cualquier tribunal, además de una forma de tortura.
La Convención sobre Personas Desaparecidas
El 20 de diciembre de 2006 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. La Convención constituye una oportunidad crucial para erradicar la abominable práctica de las desapariciones, garantizar que las víctimas y sus familias tengan acceso a la justicia y evitar que los crímenes del pasado caigan en el olvido. Sin embargo, aún debe ser ratificada por 20 Estados para su entrada en vigor, y ya sólo necesita una firma más para ser vinculante, después de convertirse Paraguay en el Estado número 19 al ratificarla en agosto de 2010.Los Gobiernos deben conmemorar este Día Internacional de los Desaparecidos dando prioridad a la ratificación de este tratado. Amnistía Internacional lleva más de un cuarto de siglo haciendo campaña por una convención para prevenir y combatir las desapariciones forzadas en todo el mundo. Con esta herramienta las autoridades se lo pensarán dos veces antes de cometer este crimen atroz o de prestar su ayuda a otros para cometerlo.
España: víctimas sin justicia
Hoy, Día Internacional de los Desaparecidos, Amnistía Internacional pide al gobierno español que asuma un compromiso categórico con los derechos humanos en cuanto a desapariciones forzadas se refiere. Las autoridades españolas deben facilitar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Civil y el Franquismo. También deben exigir al Gobierno norteamericano una aclaración sobre el paradero del ciudadano español Mustafá Setmariam Nasar.Promesas vacías Decenas de miles de personas fueron víctimas de desaparición forzada tanto durante la Guerra Civil como durante el franquismo. Mas de 114,000 personas así lo han denunciado ante los tribunales españoles. Pero el Gobierno sigue obviando la responsabilidad del Estado de investigar estas graves violaciones de derechos humanos y garantizar justicia y reparación a las víctimas. España tiene el deber de poner fin a la prolongada injusticia de la que han sido objeto las víctimas de desaparición forzada y sus familiares, llevando a cabo las investigaciones necesarias para dar a conocer el paradero de los restos de estas personas, y esclarecer las circunstancias en que tan graves abusos se produjeron.
Sin embargo, las autoridades españolas siguen sin cumplir sus compromisos con la legalidad internacional. En junio, España modificaba su Código Penal con un deliberado e injustificable “olvido”: no se ha incorporado expresamente el delito de desaparición forzada, conforme a la definición de la Convención de Naciones Unidas para la Protección de las Personas ante la Desaparición Forzada, que España ya ha ratificado. Igualmente, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas lleva años solicitando al Gobierno español información sobre cuatro casos de desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y el franquismo, sin que el Ejecutivo haya facilitado ningún tipo de información al respecto todavía. El Grupo expresó también preocupación en mayo de 2010 por la suspensión del juez Baltasar Garzón y enfatizó sobre el derecho de las víctimas a la verdad.
Durante el Examen Periódico Universal de España en Naciones Unidas celebrado este año, el Gobierno se comprometía a examinar la recomendación de investigar, castigar y reparar los crímenes de desaparición forzada, independientemente del momento de su comisión, dada la naturaleza continuada del delito y de conformidad con sus obligaciones internacionales. Amnistía Internacional ha pedido a España que investigue los crímenes cometidos durante el franquismo y garantice que no se aplica ninguna amnistía a los crímenes internacionales. Ahora España debe aprobar esta recomendación antes del periodo de sesiones de septiembre de 2010 del Consejo de Derechos Humanos.
Mustafá Setmariam: otro año más “desaparecido” En noviembre de 2005, el ciudadano español de origen sirio, Mustafá Setmariam Nasar, fue detenido por agentes pakistaníes y entregado a las autoridades estadounidenses. Con anterioridad a su “desaparición”, en noviembre de 2004, el nombre de Mustafá Setmariam aparecía en una lista de “terroristas más buscados” del FBI. Las autoridades estadounidenses ofrecieron una recompensa de cinco millones de dólares por información sobre su paradero. Pero su nombre fue borrado de esa lista con posterioridad a su presunta detención en Pakistán. El Gobierno español tiene la responsabilidad de llevar a cabo todas las gestiones posibles y exigir al Gobierno de Estados Unidos que aclare el paradero de Setmariam.
