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Deben detener la primera ejecución civil en seis años

La última ejecución de civiles en Pakistán tuvo lugar en 2008. © Orla 2011/Shutterstock.com

Pakistán debe desechar de inmediato sus planes aparentes de llevar a cabo la primera ejecución civil en un periodo de casi seis años y, en su lugar, declarar la suspensión de la pena de muerte como primer paso hacia la abolición; así lo ha afirmado Amnistía Internacional.

Según informes, Shoaib Sarwar, condenado a muerte por cargos de asesinato en 1998, será ahorcado en una cárcel de Rawalpindi el 18 de septiembre de 2014.  Si se lleva a cabo, será la primera ejecución civil en Pakistán desde 2008 y la primera ejecución en el país desde 2012.

“Deben detener esta ejecución de inmediato”, ha dicho David Griffiths, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía.

“La suspensión de las ejecuciones que hemos observado en años recientes es uno de los escasos ámbitos relacionados con los derechos humanos en que Pakistán puede anotarse un tanto positivo. El Estado se ha comprometido a hacer progresos en materia de derechos humanos –como beneficiario del estatus comercial preferente del Sistema de Preferencias Generalizadas (GSP+) de la UE, por ejemplo–  y la reanudación de las ejecuciones sería un retroceso grave. En lugar de actuar para reanudar las ejecuciones, las autoridades deben formalizar la suspensión de la pena de muerte como primer paso hacia la abolición completa.”

Shoaib Sarwar ha agotado el proceso de apelación, en el que el Tribunal Superior de Lahore y el Tribunal Supremo desestimaron sus recursos contra la condena de muerte en 2003 y 2006, respectivamente.

La última ejecución civil en Pakistán se llevó a cabo a finales de 2008 y un soldado fue ejecutado por las autoridades militares en noviembre de 2012. El 30 de julio de 2012 estaba prevista la ejecución de un civil, Behram Khan, pero se suspendió.

El Gobierno del primer ministro Nawaz Sharif amenazó con reanudar las ejecuciones al tomar posesión en 2013, pero rectificó tras recibir presiones de los grupos de derechos humanos y otros.

Hay más de 8.000 personas en espera de ejecución en Pakistán –una de las mayores poblaciones de condenados a muerte del mundo–, la mayoría de las cuales han agotado todas las vías de apelación y podrían ser ejecutadas.

Existe profunda preocupación por la falta de imparcialidad de los juicios en los que se siguen dictando sentencias de muerte. Los acusados a menudo no disponen de representación letrada adecuada y, según informes, algunos no tenían 18 años en el momento de cometerse los delitos por los que están condenados a muerte en la actualidad, en incumplimiento de las obligaciones contraídas por Pakistán en virtud del derecho internacional.

Mientras exista la pena de muerte es imposible descartar por completo el riesgo de ejecutar a inocentes. Las violaciones sistémicas del derecho a un juicio justo en el país no sólo agravan ese riesgo, sino que además suponen el quebrantamiento de las obligaciones internacionales de Pakistán”, ha afirmado David Griffiths.

“No hay pruebas concluyentes de que la amenaza de ejecución tenga un efecto disuasorio especial frente al delito. La pena de muerte es, simple y llanamente, una violación del derecho a la vida y no tiene cabida en una sociedad que respeta los derechos humanos. Pakistán debe sumarse a la mayoría de los países del mundo y declarar su abolición absoluta.”

 

Información complementaria

Toda medida adoptada por Pakistán para reanudar las ejecuciones va en contra de la tendencia mundial a alejarse progresivamente de la pena de muerte. En 2013, sólo 22 países del mundo llevaron a cabo ejecuciones, frente a los 25 que lo hicieron en 2004 y los 37 de 1994. En 1945, cuando se creó la ONU, solamente 8 países habían abolido la pena de muerte para todos los delitos; en la actualidad, 140 naciones son abolicionistas en la ley o en la práctica. En el último decenio, 18 países han abolido completamente la pena de muerte.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La pena de muerte viola el derecho a la vida y es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante.