Amnistía Internacional y la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina Contra Crímenes del Franquismo (CEAQUA) muestran su preocupación, una vez más, por la parálisis que están sufriendo las iniciativas legislativas que podrían avanzar en la rendición de cuentas del Estado español por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo. Las organizaciones recuerdan que organismos como Naciones Unidas llevan más de 14 años pidiendo medidas eficaces que hagan efectivo el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos en el pasado; mientras el Proyecto de Ley de Memoria Democrática, y la Proposición de Ley sobre Bebés Robados a nivel estatal apenas avanzan.
En el año 2008, Naciones Unidas (ONU) reclamó por primera vez a España adoptar medidas concretas para acabar con la impunidad por los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo y garantizar los derechos de las víctimas. Desde entonces, diversos mecanismos de la ONU han emitido hasta 11 informes señalando la necesidad de privar de efectos a la Ley de Amnistía, de forma que no pueda ser aplicada por los tribunales españoles para impedir el enjuiciamiento de estos crímenes, y eliminar así los obstáculos a la investigación judicial de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en España en el pasado. Además, 7 de estos 11 informes incorporaron la recomendación expresa al Estado español para que establezca una Comisión de la verdad para el esclarecimiento de los crímenes del franquismo.
“Lamentablemente, el Estado español lleva sin atender las recomendaciones de la ONU desde hace más de 14 años, y tampoco están recogidas en el Proyecto de Ley de Memoria Democrática, ni en las enmiendas presentadas conjuntamente por los socios de Gobierno. ¿Cuántas veces lo tendrá que repetir la ONU?, ¿cuántas legislaturas serán necesarias para que las víctimas del franquismo y sus familiares puedan tener respuestas?”, manifestó Daniel Canales de Amnistía Internacional.
“Lamentablemente, el Estado español lleva sin atender las recomendaciones de la ONU desde hace más de 14 años, y tampoco están recogidas en el Proyecto de Ley de Memoria Democrática, ni en las enmiendas presentadas conjuntamente por los socios del Gobierno”
¿Cómo repercute este retraso en las víctimas?
Proyecto de Ley de Memoria Democrática.
Con este Proyecto de Ley, de aprobarse, el Estado español pondría en marcha, entre otras medidas, un Fiscal al que se atribuirán funciones de impulso de los procesos de búsqueda de desaparecidos, y se declararía la nulidad de las sentencias injustas dictadas durante el régimen franquista. Si bien estas medidas dan respuesta a algunas de las recomendaciones realizadas desde Naciones Unidas, el Proyecto requiere de importantes áreas de mejora para poner fin a la impunidad reclamada en 2021 por el Relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que en su informe aseguraba que “en España, las violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen franquista permanecen impunes”.
La impunidad a la que alude el relator, Fabián Salvioli ha perdurado durante varias generaciones. Siendo en muchos casos los nietos y nietas de las víctimas los que están asumiendo las tareas derivadas de localizar los restos de las personas que aún permanecen en fosas comunes. Es el caso de Antonio Narváez que falleció en octubre de 2020 con 87 años y sin haber logrado encontrar los restos de su padre y su madre, desaparecidos durante la Guerra Civil en Marchena, Sevilla. Hoy son las hijas de Antonio, María Teresa, Eva María y Conchi quienes continúan la búsqueda. De aprobarse la Ley de Memoria Democrática, esta búsqueda pasaría a ser una obligación legal para el Estado, que tendría que asumir de forma directa la responsabilidad de llevarla a cabo.
“También es urgente el reconocimiento jurídico de todas las víctimas del franquismo y la elaboración de un censo. Así como poner en marcha las medidas necesarias en materia de educación, incorporando en el currículo educativo contenidos sobre memoria y derechos humanos, algo fundamental como herramienta para fortalecer las garantías de no repetición”, manifestó Paloma García de CEAQUA.
Ley Estatal Sobre Bebés Robados.
En enero de 2022, diversos expertos de Naciones Unidas (Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Relator Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños; y Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición) enviaron una carta al Gobierno español preguntándole por “los motivos por los cuales la Proposición de Ley se encuentra en etapa de enmiendas desde septiembre de 2020, sin avanzar hacia su aprobación final”. Las organizaciones no tenemos constancia de que se haya respondido a dicha carta. En noviembre de 2021, el Comité de Desapariciones Forzadas criticaba que las investigaciones sobre “bebés robados” fueran archivadas por no poder acceder a documentación relevante, y por considerar los casos prescritos; así como por el hecho de que las medidas adoptadas por las autoridades para estos casos no hayan permitido identificar a las víctimas.
María José Picó, que busca a su hermana melliza, nacida en 1962 en Alicante, explicó a Amnistía Internacional que “las víctimas no tenemos medios para buscar, no tenemos manera, podemos estrellarnos, pero no, es el Estado el que tendría que hacerlo. Nosotras podemos estar ahí y ayudar, pero los que tienen el poder de hacerlo son ellos [las autoridades], y nos tienen abandonados”. María José consiguió que la Fiscalía impulsara dos exhumaciones en el cementerio de Alicante, donde supuestamente habrían enterrado a su hermana. Las intervenciones no pudieron confirmar que su hermana estuviese ahí enterrada, y pese a encontrarse por tanto aún desaparecida, la Fiscalía decidió cerrar la investigación.
"Tras cuatro años de parón en la tramitación de la Ley Estatal sobre Bebés Robados, es urgente que el Parlamento impulse su aprobación para garantizar la búsqueda e identificación de niños y niñas, las investigaciones exhaustivas e independientes, la asistencia integral, tanto jurídica como psicosocial para las víctimas, y el reconocimiento público del impacto que este tipo de violencia ha tenido específicamente en las mujeres. No hay excusa que pueda justificar, que este tema siga sin abordarse, y casos como el de María José sigan sin tener respuesta”, señaló Soledad Luque de la Asociación Todos los niños robados son también mis niños.
Las organizaciones exigimos que se termine el proceso de tramitación de estas dos leyes y se puedan presentar para su aprobación en el Congreso de los Diputados antes de que termine esta legislatura. Es un compromiso que adquirió el Gobierno y debe cumplir porque no se puede seguir postergando el reconocimiento y el derecho a las víctimas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos a obtener verdad, justicia y reparación.
Información de contexto
El Proyecto de Ley de Memoria Democrática fue impulsado por el Gobierno para reemplazar la vigente Ley de Memoria Histórica del año 2007, siendo aprobado por el Consejo de Ministros y presentado ante el Congreso de los Diputados en julio de 2021.Transcurrido casi un año, y finalizado el plazo de presentación de enmiendas el pasado mes de noviembre, sigue sin constituirse la ponencia que tramite dicho Proyecto.
Proyecto de Ley Estatal de Bebés Robados. Tras una tramitación fallida debido a la disolución de las Cortes Generales por el adelanto electoral en 2019, la Proposición de Ley Estatal de bebés robados retomó su tramitación en la presente legislatura. Desde la apertura de la fase de enmiendas, en septiembre de 2020, no se ha avanzado en su tramitación parlamentaria. Amnistía Internacional, la Asociación Todos los niños robados son también mis niños y CEAQUA han mantenido a lo largo del presente año reuniones con grupos parlamentarios y con representantes de los Ministerios de Justicia, Presidencia y Asuntos Sociales con el objetivo de desbloquear su tramitación. Sin éxito por el momento.
///FIN
