El 15 de febrero 2012, la Corte Nacional de Justicia – la más alta instancia del sistema judicial en Ecuador – ratificó una condena de tres años de prisión y una indemnización punitiva con valor de 40 millones de dólares estadounidenses al periódico El Universo por un artículo de febrero de 2011, donde llamó al Presidente Correa de "dictador". Amnistía Internacional ha escuchado con profunda preocupación que el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, declaró en una rueda de prensa que esta ratificación por difamación es “lograr la verdadera libertad de expresión” y que “la libertad de expresión tiene sus limites, lo dicen todos los tratados internaciones”. Si bien la libertad de expresión no es un derecho absoluto, según los estándares internacionales de derechos humanos los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. El gobierno debe permitir que se critiquen a quienes están en el poder sin la amenaza de ser sujetos a procedimientos penales u otras penas civiles desproporcionadas al acto cometido. Esta decisión de la Corte Nacional de Justicia y los pronunciamientos del Presidente Correa al respeto son alarmantes ya que hay un número creciente de casos del uso indebido del sistema de justicia para acallar críticas legítimas hacia el gobierno. Estos ataques a la libertad de expresión y opinión envían un mensaje intimidatorio a periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, líderes indígenas y a toda aquella persona que quiera expresar opiniones en contra del gobierno. Todas las personas en Ecuador tienen el derecho a expresar su opinión sin temor de represalias.
