Respondiendo a denuncias de ataques violentos contra la Minga Indígena en Cali, que ha dejado varias personas heridas pertenecientes al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha declarado:
“Los ataques de civiles armados, algunos en presencia de la policía, en contra de la Minga Indígena en Cali son un reflejo de dinámicas de violencia que no cesan en Colombia y que se han acentuado en el contexto de las protestas sociales en el marco del Paro Nacional. Desde el 28 de abril, se han reportado decenas de personas muertas, cientos de heridas y desaparecidas, torturas sexuales y escenas de horror por represión de manifestaciones, mayoritariamente pacíficas, sin que el gobierno de Iván Duque ni siquiera reconozca públicamente las violaciones a los derechos humanos.”
“Históricamente, los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes han sufrido desproporcionalmente las consecuencias de la violencia, el conflicto armado y la falta de protección del Estado. Es inaceptable que los llamamientos urgentes a las autoridades para prevenir la violencia armada no fueron atendidos inmediatamente; por el contrario, varias autoridades, incluida la Policía Nacional emitieron declaraciones estigmatizantes sobre la Minga Indígena y quienes se manifestaban pacíficamente en Cali.”
“A la represión excesiva se suma la constante estigmatización de quienes se manifiestan, que incita y justifica la respuesta violenta en su contra. La Minga Indígena teme por la vida de sus integrantes, inclusive de quienes se encuentran hospitalizados. Hacemos un llamado urgente al gobierno de Iván Duque para que cese la represión, la estigmatización de la protesta y para que garantice que los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes que acompañan el Paro Nacional cuenten con todas las garantías y protección de sus derechos humanos”.
De acuerdo a informe conjunto de la ONG Temblores e Indepaz, se denuncian 47 asesinatos en el marco del Paro Nacional desde el 28 de abril al 9 de mayo. De estos casos, 36 se presentaron en el Valle del Cauca (35 en Cali y uno en Yumbo). En este informe se denuncia que las fuerzas de seguridad y organismos de control no han atendido los llamados de la ciudadanía para evitar ataques de personas armadas contra manifestantes, policías vestidos de civil entre manifestantes y represión de manifestaciones pacíficas.
