En respuesta a la protesta organizada el 21 de marzo por personas privadas de su libertad en varias cárceles colombianas, quienes solicitaban medidas eficientes para evitar la propagación del coronavirus, COVI-19, la cual resultó en al menos 23 muertes y 83 personas heridas en la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad “La Modelo” en Bogotá, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo:
“Frente a la pandemia del COVID-19 que enfrentamos, su aumentan las preocupaciones sobre la situación de precariedad que viven las personas privadas de su libertad en todo el continente. En Colombia, el hacinamiento en las cárceles imposibilita el aislamiento de personas que pudiesen contraer el virus. Además las limitadas condiciones de acceso a servicios de salud y a productos de higiene, así como la falta de suministros de agua constante aumenta los riesgos de exposición al contagio y a las condiciones de recuperación.”
“El hacinamiento en las cárceles imposibilita el aislamiento de personas que pudiesen contraer el virus. El limitado acceso a la salud y a productos de higiene, la falta de agua aumentan los riesgos de contagio”
Erika Guevara Rosas, Amnistía Internacional
“No debemos dejar atrás a nadie ante esta pandemia. El gobierno colombiano debe implementar de manera inmediata una estrategia para la prevención de contagio de la población carcelaria, incluyendo una estrategia de reducción del hacinamiento. Para ello, se debe considerar la libertad de las personas en detención provisional y la libertad anticipada o condicional de personas encarceladas en situación de riesgo. Asimismo, las autoridades deben realizar una investigación exhaustiva, imparcial e independiente sobre el uso de la fuerza durante el control de la protesta y los motivos que dejaron múltiples personas muertas y heridas para garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y sus familias.”
Según un informe de la Defensoría del Pueblo, las cárceles colombianas tienen un hacinamiento superior al 50%.En las 134 cárceles de Colombia se encuentran un total de 121,670 personas privadas de libertad, cuando sólo tienen cupo para 80,763. Ante ello, el Movimiento Nacional Carcelario advirtió que un brote de coronavirus dentro de los centros penitenciarios sería muy peligroso, ya que no cuentan con suficientes instalaciones ni implementos para asegurar la higiene y otras medidas adecuadas de prevención de todas las personas que ahí se encuentran.
Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la salud de todas las personas privadas de su libertad, y asegurar que tengan acceso a los mismos estándares de atención sanitaria que los disponibles en la comunidad. El gobierno colombiano debe tomar todas las medidas idóneas para evitar el contagio del COVID-19 dentro de los centros de detención, y en caso de que se den contagios, asegurar que las personas privadas de su libertad puedan acceder a la atención médica especializada sin complicaciones. Además, debe destinar fondos y recursos específicos exclusivamente para garantizar la implementación de medidas de salud e higiene dentro de los centros de detención.
Para reducir el hacinamiento carcelario, las autoridades deben considerar otorgar la liberación de las personas en detención provisional y la libertad anticipada o condicional de prisioneros en situación de riesgo en caso de contagio, incluyendo personas mayores y quienes padecen afecciones médicas subyacentes o con un sistema inmunológico débil.
