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Cerco a la verdad

Londres.- Sólo una investigación internacional de carácter independiente podrá revelar la verdad sobre los acontecimientos que tuvieron lugar en mayo en la ciudad de Andiyán, en el este de Uzbekistán, que, según los informes, causaron la muerte de cientos de civiles, dice Amnistía Internacional en un informe publicado hoy.

 

“Se ha puesto cerco a la verdad. El gobierno quiere impedir que se ponga al descubierto la verdad sobre lo que realmente ocurrió en Andiyán”, señala Maisy Weicherding, investigadora de Amnistía Internacional sobre Uzbekistán. También hoy, Human Rights Watch publica un informe sobre las medidas represivas adoptadas por el gobierno uzbeko para ocultar la verdad sobre estos homicidios. Ambas organizaciones internacionales han redoblado sus llamamientos para que se lleve a cabo una investigación independiente de ámbito internacional sobre los sucesos de Andiyán mientras Uzbekistán se apresta a iniciar el primer juicio contra las personas acusadas formalmente en relación con estos hechos.

 

En su informe, titulado Uzbekistan: Lifting the siege on the truth about Andizhan, Amnistía Internacional saca a la luz los abusos contra los derechos humanos perpetrados en Andiyán los días 12 y 13 de mayo de 2005. Según declaraciones de testigos presenciales, las fuerzas de seguridad dispararon de forma indiscriminada contra miles de manifestantes en el centro de Andiyán, tanto mientras estaban reunidos como cuando huían del lugar. La versión oficial de los hechos difiere considerablemente de estos testimonios. Las autoridades sostienen que las fuerzas de seguridad no dieron muerte a ningún civil y que todas las víctimas perdieron la vida a manos de “terroristas” armados.

 

El gobierno ha afirmado que murieron 187 personas, muchas de las cuales eran “terroristas”, aunque todavía no ha hecho públicos sus nombres. A algunas personas les ha resultado imposible descubrir la suerte corrida por sus familiares desaparecidos. De acuerdo con informes sin confirmar, los cadáveres de las víctimas fueron llevados de la ciudad y enterrados en secreto en lugares que se desconocen.

 

Un hombre que, dos meses después, todavía seguía buscando a su hijo, dijo a Amnistía Internacional: “No está ni en el campo de refugiados ni en el centro de detención. ¿A dónde puedo ir a preguntar? Abrigamos la esperanza de que todavía esté vivo".

 

"El presidente Islam Karimov asegura que su gobierno no dispara contra mujeres y niños. ¿Por qué no permite que se realice una investigación internacional independiente? ¿Por qué no publican las autoridades los nombres de las víctimas? ¿Por qué no han autorizado el acceso del Comité Internacional de la Cruz Roja a hospitales y centros de detención? –dice Maisy Weicherding–. La investigación que está llevando a cabo el Parlamento no puede sustituir a una investigación internacional. No tiene suficiente poder para ser eficaz."

 

El informe de Amnistía Internacional revela hasta qué extremos ha llegado el gobierno uzbeko para impedir que el mundo reciba información que contradice la versión oficial de los hechos. Millares de personas han sido detenidas arbitrariamente. Se ha intimidado a los testigos para impedirles que hablen de lo que han visto. Según informes, se han destruido registros y documentos pertinentes. Se ha impedido la entrada a la ciudad de representantes de organizaciones internacionales, periodistas y defensores de los derechos humanos. Se ha bloqueado el acceso desde Uzbekistán a sitios web en los que se proporciona una versión diferente de los hechos, así como el acceso a sitios web afiliados a la oposición uzbeka en el exilio y sitios considerados críticos con las autoridades. Los periodistas independientes y defensores de los derechos humanos locales, así como los miembros de la oposición política, han sido hostigados y detenidos. Algunos han sido acusados formalmente de delitos, incluidos delitos graves, por ejercitar el derecho a la libertad de expresión, y Amnistía Internacional los considera presos de conciencia.

 

Amnistía Internacional siente especial preocupación por la seguridad de Saidzhakhon Zainabitdinov, presidente de Apelliatsia (Llamamiento), grupo independiente de derechos humanos de Andiyán. Saidzhakhon Zainabitdinov presenció los sucesos del 13 de mayo en Andiyán y su relato de los hechos a los medios de comunicación internacionales difirió notablemente de la versión oficial. Según informes, Saidzhakhon Zainabitdinov fue detenido arbitrariamente el 21 de mayo por agentes encargados de hacer cumplir la ley y recluido bajo custodia policial en Andiyán. En julio lo transfirieron a Tashkent, donde ha permanecido recluido en régimen de incomunicación y corre grave peligro de ser sometido a tortura y malos tratos. Se ha afirmado que lo han acusado formalmente de “diseminar información con el propósito de sembrar el pánico” y “terrorismo”. Este último delito es punible con la muerte.

 

"Las autoridades de Uzbekistán están usando los acontecimientos de mayo como excusa para dar un golpe más a la flamante sociedad civil de Uzbekistán –puntualiza Maisy Weicherding–. Una vez más, están hostigando a los defensores de los derechos humanos y reprimiendo la libertad de expresión en nombre de la seguridad nacional."

 

Amnistía Internacional considera que las personas contra las que se han presentado cargos corren peligro de ser sometidas a juicios que violarían las normas internacionales sobre imparcialidad procesal. "Las personas detenidas corren grave peligro de ser sometidas a tortura y malos tratos. Algunas han sido acusadas de delitos punibles con la muerte. Corren grave peligro de ser condenadas a muerte –e incluso ejecutadas– tras un juicio injusto."

 

La organización formula una serie de recomendaciones a las autoridades para que aborden los fallos sistémicos de la administración de justicia y protejan el derecho a no ser sometido a tortura o malos tratos, el derecho a no ser detenido arbitrariamente y el derecho a la libertad de expresión.

 

Amnistía Internacional también hace una serie de recomendaciones concretas a los Estados miembros de la ONU, a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU o el órgano que la suceda, a la Unión Europea y sus Estados miembros, y a las instituciones y Estados miembros de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Entre otras cosas, la organización recomienda que sigan pidiendo la realización de una investigación internacional de carácter exhaustivo, independiente e imparcial sobre los hechos ocurridos los días 12 y 13 de mayo en Andiyán y que transmitan al gobierno de Uzbekistán su preocupación por la situación de los derechos humanos en ese país.