Madrid.- El próximo sábado 16 de noviembre la selección española de fútbol juega en la capital de Guinea Ecuatorial, Malabo, un partido amistoso. Amnistía Internacional aprovecha esta ocasión para pedir la libertad de Agustín Esono, preso de conciencia encarcelado desde hace más de un año en este país africano por motivaciones políticas.
Agustín Esono Nsogo es profesor, propietario y director de un colegio privado en Bata, la principal ciudad de la zona continental de Guinea Ecuatorial. Además, es sobrino de un cofundador del partido político de oposición Unión Popular (UP) que murió bajo custodia policial en 1993 a consecuencia de las torturas sufridas.
Agustín está privado de libertad de forma arbitraria desde que agentes de policía sin orden de detención entraron en su casa el 17 de octubre de 2012 a las 11 de la noche y le detuvieron.
Amnistía Internacional considera que su detención y reclusión sin cargos ni juicio no están justificadas y obedecen a motivaciones políticas, por lo que pide su libertad inmediata e incondicional. La organización ha lanzado una ciberacción a través de su centro de activismo en Internet, www.actuaconamnistia.org, para exigir al presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, la liberación de esta persona.
Oscuro historial de derechos humanos en Guinea Ecuatorial
Por otra parte, pese a las reiteradas promesas de mejorar la situación de los derechos humanos en el país realizadas por el gobierno de Teodoro Obiang -en el poder desde que encabezó un golpe de estado en 1979- , Amnistía Internacional denuncia el oscuro historial que hay detrás de estas promesas.
Restricciones a la libertad de prensa, expresión y manifestación. La Constitución garantiza estos derechos. Sin embargo, se restringen de forma rutinaria en Guinea Ecuatorial. Aunque la ley no requiere un permiso oficial para celebrar manifestaciones, éstas no están permitidas y tanto las personas que las organizan como las que intentan manifestarse son a menudo arrestadas. Los medios de comunicación siguen estando bajo el control del gobierno y hasta periodistas extranjeros han sido objeto de hostigamiento, arresto y detención, y han sufrido malos tratos antes de ser expulsados del país.
Pena de muerte vigente. En 2010 se produjeron cuatro ejecuciones y son las últimas de las que se tiene noticia. Sin embargo, en 2012 una persona fue condenada a la pena capital. Es obligatoria cuando se produce un asesinato premeditado y también se ha aplicado a opositores políticos condenados por delitos contra el Estado.
Detención arbitraria de opositores. Continúa el acoso y privación de libertad de activistas y defensores/as de derechos humanos, entre otras personas. Estas detenciones se intensifican en el contexto de la celebración de elecciones o antes de otros eventos importantes. No es raro acusar a estas personas de tratar de desestabilizar el país. Permanecen en prisión durante un tiempo indeterminado de días o meses. A menudo se hostiga y persigue a familiares de los activistas para obligar a estos a entregarse a las autoridades.
Régimen de incomunicación y desapariciones forzadas. Es una práctica habitual transferir a activistas políticos a cárceles o comisarías de policía de otras ciudades en secreto, donde permanecen en régimen de incomunicación durante algún tiempo, convirtiéndose, en la práctica, en víctimas de desapariciones forzadas. En todos los casos conocidos por Amnistía Internacional, las autoridades se niegan a reconocer que mantienen a estas personas bajo su custodia ni a revelar su paradero.
Juicios sin garantías. La Constitución establece el derecho a ser juzgado en juicios justos. Sin embargo, los opositores políticos y otras personas críticas han sido juzgados por cargos inventados. En los últimos cuatro años algunos civiles han sido juzgados en tribunales militares. Los tribunales aceptan las confesiones obtenidas bajo tortura, incluso en los casos en que esto constituye la única prueba contra las personas acusadas. Los jueces y los abogados defensores son designados por las autoridades militares o políticas y carecen de formación jurídica.
Tortura y malos tratos constantes. Amnistía Internacional ha documentado varios casos de tortura u otros malos tratos desde 2009. Además de malos tratos físicos, las personas detenidas por motivos políticos pueden ser sometidas a otras formas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como la reclusión prolongada en régimen de incomunicación y la negación de atención médica adecuada. En algunos casos, la tortura ha acabado en muerte. Las personas extranjeras, especialmente de los países del África occidental sospechosas de ser inmigrantes indocumentados, también son regularmente objeto de malos tratos.
Casos de homicidios ilegítimos. La Constitución garantiza el derecho a la vida. Sin embargo, la policía y los soldados siguen gozando de impunidad casi total cuando cometen homicidios ilegítimos, incluso ejecuciones extrajudiciales. Desde 2009, varias personas, incluidos extranjeros, han muerto en los bloqueos de carreteras después de negarse a pagar sobornos. No se han realizado investigaciones sobre la mayoría de estos casos.
Amnistía Internacional y los eventos deportivos
Amnistía Internacional suele realizar campañas de denuncia de la situación de derechos humanos en los lugares donde se celebran importantes eventos deportivos. De esta forma, desde hace años, ha llevado a cabo acciones de denuncia en el contexto del Gran Premio de Fórmula 1 en Bahréin, los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, los de Londres 2012, los inminentes Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi (Federación Rusa) 2014 o las Copas del Mundo de Sudáfrica 2010 o la próxima de Brasil 2014.
