Benín ha dado otro importante paso hacia la abolición de la pena de muerte al adherirse al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Con su adhesión, Benín se compromete a no ejecutar a nadie y a adoptar todas las medidas necesarias para abolir la pena capital en su jurisdicción.
Según los datos de que dispone Amnistía Internacional, las últimas ejecuciones de Benín se realizaron en septiembre de 1987, cuando fueron fusiladas dos personas condenadas a muerte por asesinato ritual. En 1986, fueron fusiladas seis personas declaradas culpables de robo a mano armada y asesinato. La última pena de muerte se impuso en 2010 a una mujer condenada en ausencia por asesinato. Al finalizar 2011, había en las prisiones de Benín al menos 14 personas condenadas a muerte.
Con esta medida, Benín se une a otros países que avanzan hacia la abolición de la pena de muerte en África. Hasta la fecha, 16 países de este continente han abolido la pena capital para todos los delitos, tres de ellos —Burundi,Togo y Gabón— en los tres últimos años. Amnistía Internacional considera a otros 22 países, Benín entre ellos, abolicionistas en la práctica.
Esto significa que en la región de África, al igual que en el ámbito global, más de dos terceras partes de los países han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica.
Amnistía Internacional ha hecho amplias campañas por la abolición de la pena de muerte en Benín.
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