Ante el aumento de casos de COVID-19 en Asia meridional, una de las regiones más pobres y pobladas del mundo, Amnistía Internacional hace un llamamiento a las autoridades de estos países para que los derechos humanos estén en el centro de sus respuestas e intensifiquen los esfuerzos para proteger a los grupos marginados y vulnerables que corren más riesgo, como las personas que dependen de un salario diario, la población desplazada por conflictos, los y las profesionales de la salud y las personas privadas de libertad.
La pandemia de COVID-19 se apresta a estallar en miles de casos en Asia meridional mientras más gobiernos de la región imponían esta semana estrictos confinamientos y toques de queda ante el temor de que el virus afecte a zonas densamente pobladas y desborde unas instalaciones de atención de la salud deplorablemente inadecuadas y devaste medios de vida en una región donde más de 600 millones de personas viven ya en la pobreza.
Pakistán informó de 1.026 casos el 25 de marzo, con siete personas fallecidas hasta ese momento, mientras India ocupaba el segundo lugar con 606 casos y 10 muertes. El número de casos aumenta rápidamente cada día y se calcula que las cifras son mucho más altas que las que se comunican dada la escasez de pruebas realizadas para diagnosticar el contagio.
“Cuando el número de casos de COVID-19 en Asia meridional se dispara, los líderes de la región deben prestar especial atención a las personas más vulnerables y marginadas en esta crisis. Deben proteger a las personas que trabajan y para las cuales quedarse en casa significa perder su medio de vida, las personas que han perdido su hogar a causa de conflictos y ahora languidecen en campos superpoblados, las personas privadas de libertad que se hacinan en celdas compartidas con otras, y por último, aunque no menos importante, el valeroso personal médico y de enfermería que nunca ha dispuesto de los recursos que necesita y ahora arriesga su propia salud para salvar a otras personas”, ha afirmado Biraj Patnaik, director de Amnistía Internacional para Asia Meridional.
Acceso a la información
La crisis de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en Asia meridional se ha visto agravada por la inacción de las autoridades de la región a la hora de proporcionar información accesible, exacta y basada en datos sobre el virus, la manera en que la población pueden protegerse, y lo que el gobierno está haciendo para ayudarla.
En las últimas semanas, algunos altos cargos gubernamentales de diferentes países de la región han quitado importancia a la crisis, ocultado información sobre su verdadera magnitud o, en los casos más nefastos, han facilitado información falsa sobre sus efectos, lo que menoscaba la eficacia de cualquier respuesta de salud pública y potencialmente el derecho a la salud de la población.
Las personas que viven en zonas rurales, donde las tasas de alfabetización son bajas y el acceso a atención de la salud está gravemente limitado, se ven especialmente afectadas por la falta de información fidedigna sobre la COVID-19.
En Afganistán, la información ha tardado en llegar a zonas remotas o afectadas por el conflicto en curso. En general, el acceso a atención de la salud es deficiente en todo el país y los niveles de pruebas realizadas para diagnosticar el contagio son bajos, pero las mujeres y niñas de zonas remotas corren el riesgo de quedar relegadas en la respuesta, en particular allí donde tradiciones locales perniciosas impiden el acceso de las mujeres a la salud.
En Bangladesh, en el distrito de Cox’s Bazar, donde esta semana se ha informado del primer caso de COVID-19, la falta de información exacta sobre el virus a las personas refugiadas rohingyas ha desencadenado rumores alarmantes en los campos de refugiados de que las autoridades ejecutarán a toda persona que entre en contacto con él. Los campos donde residen estas personas han sido objeto de un bloqueo en curso de las telecomunicaciones.
“Los Estados tienen la responsabilidad de proporcionar información sobre la COVID-19, exacta y basada en datos, que llegue a la población en lenguas que pueda comprender y a través de medios a los que pueda acceder fácilmente. Al mismo tiempo, se debe hacer un esfuerzo concertado para contrarrestar la desinformación sobre el virus que pueda perjudicar a la población y para proteger de la estigmatización a las comunidades marginadas”, ha afirmado Biraj Patnaik.
Personas refugiadas y desplazadas internamente
Las autoridades de Asia meridional tienen una responsabilidad no sólo ante sus propios ciudadanos, sino con todas las personas que están dentro de sus respectivas jurisdicciones, incluidas las personas refugiadas y solicitantes de asilo.
Asia meridional tiene una de las poblaciones de personas refugiadas más numerosas del mundo, incluidos tres millones de nacionales afganos registrados y no registrados en Pakistán y más de un millón de rohingyas en Bangladesh.
En Afganistán, el conflicto en curso ha desplazado a más de dos millones de personas dentro del país, que sigue recibiendo a miles de personas que han visto obligadas a retornar desde otros países, incluido el vecino Irán.
El distanciamiento social no es posible en los campos de personas refugiadas rohingyas en Bangladesh, donde las tiendas se levantan sin espacios entre ellas en el asentamiento de Kutupalong. Las personas refugiadas tienen que transitar por los campos para acceder a servicios básicos. Las instalaciones médicas de los campos de personas refugiadas son limitadas y no hay servicios de urgencia disponibles en lugares cercanos.
“En este momento, deberíamos tener desinfectantes de manos, jabón y mascarillas para permanecer sanos y limpios. Sin embargo, no hemos visto distribuir ese tipo de materiales desde que apareció el brote”, dijo Yassin Abdumonab, un joven rohingya en Cox’s Bazar, a Amnistía Internacional.
En Afganistán, las personas internamente desplazadas están diseminadas en diferentes campos, a menudo en zonas de difícil acceso, donde carecen desde hace años de acceso a atención de la salud básica y sólo disponen ocasionalmente de clínicas móviles, por lo que se ven obligadas a recorrer largos trayectos para buscar alimentos y agua.
Las mujeres y niñas de los campos para personas internamente desplazadas en Afganistán tienen un acceso sumamente limitado a instalaciones de atención de la salud. En los campos para personas refugiadas rohingyas, las mujeres tienen un acceso inadecuado a medicinas.
“Para las personas desplazadas por conflictos, el distanciamiento social no es una opción, la atención de la salud no está fácilmente disponible, y cubrir las necesidades básicas supone una lucha diaria. Los Estados tienen la obligación no sólo de garantizar que se incluye a estas personas en la respuesta a la crisis de la COVID-19 sino también de abordar sus necesidades específicas”, ha afirmado Biraj Patnaik.
Personas que dependen de un salario diario
La gran mayoría de las personas trabajadoras de Asia meridional se ganan el sustento en la economía informal, y a menudo dependen de salarios diarios. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el sector informal “representa el 80 por ciento del empleo total” en Asia meridional.
Son vendedores y vendedoras ambulantes, personal de saneamiento, personas que conducen vehículos, obreros de la construcción, personal de limpieza, cuadrillas de las plantaciones de té, pescadores, personal porteador, cocineros y cocineras y trabajadores y trabajadoras domésticos, muchos de los cuales son trabajadores migrantes internos y viven lejos de sus familias.
Cuando los confinamientos entren en vigor, la inmensa mayoría se verá privada de su medio de ganarse el sustento. En una región de bajos ingresos económicos, con sistemas de seguridad social limitados, estas personas no tienen una red de seguridad social adecuada —en muchos casos, ninguna— a la que recurrir. En Sri Lanka, la semana pasada, al imponerse un toque de queda, se formaron colas en el exterior de las casas de empeño, lo que pone de manifiesto las difíciles circunstancias que ya golpean a la población.
Algunos países de Asia meridional, como India, Sri Lanka y Pakistán, anunciaron esta semana paquetes de medidas de estímulo económico, pero sus destinatarios han sido principalmente las industrias. Es preciso introducir medidas específicas dirigidas a las personas que trabajan en el sector informal, de acuerdo con el derecho a seguridad social, para que puedan hacer efectivo su derecho a un nivel de vida adecuado.
“No se debe obligar a nadie a hacer la perversa elección entre hambre e infección. Las economías de Asia meridional dependen del duro trabajo diario de trabajadores y trabajadoras que se ven obligados a buscar el sustento en condiciones de trabajo inseguras y a menudo inadecuadas. Los Estados deben hacer todo lo posible para proteger sus medios de vida durante la crisis. A largo plazo, será necesaria la solidaridad internacional para la recuperación. Estamos ante una pandemia global que necesita una solución global”, ha afirmado Biraj Patnaik.
Profesionales de la salud
Los ocho países de Asia meridional presentan los índices más bajos de médicos per cápita, según el Banco Mundial. La cifra oscila entre 0,3 médicos por cada 1.000 personas (Afganistán) y un médico por cada 1.000 personas (Maldivas, Pakistán y Sri Lanka). En el mejor de los casos, hay un número demasiado escaso de profesionales de la salud que disponen de una cantidad demasiado escasa de recursos.
Profesionales de la salud de Afganistán, Bangladesh, India, Nepal y Pakistán están planteando ya su preocupación por la falta de equipos de protección personal de que disponen cuando tratan a pacientes infectados con COVID-19.
En Bangladesh, 10 médicos presentan ya síntomas y han sido aislados. En Pakistán, un doctor de Gilgit-Baltistán murió la semana pasada. “Es un suicidio tratar a los y las pacientes sin protección”, dijo el Dr. Asfandyar Khan, presidente del Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán en una conferencia de prensa en Islamabad, que advirtió que el personal médico podría ir a la huelga si no se les entregaba los equipos de protección que necesita.
La carga sobre el personal profesional de la salud y otras personas que apoyan las instalaciones de atención de la salud —que están en primera línea de la crisis, expuestas a los mayores riesgos, soportan horarios prolongados, angustia psicológica y fatiga— aumentará a la par que el número de personas infectadas con COVID-19. También tienen que proteger a sus familias de la exposición al virus al mismo tiempo que ayudan a pacientes a recuperarse de la infección.
“Los y las profesionales de la salud que están en primera línea son los héroes de los que dependemos en esta crisis. Anteponen la salud de los demás poniendo en peligro la suya. Lo mínimo que pueden esperar es que se les entreguen los equipos de protección que necesitan. Los Estados tienen la obligación de garantizar su protección, lo que incluye proporcionarles formación y apoyo psicológico adecuados, tanto para estas personas como para sus familias”, ha afirmado Biraj Patnaik.
Personas privadas de libertad
Las prisiones de Asia meridional son conocidas por sus condiciones de hacinamiento. En Bangladesh, el número de personas privadas de libertad duplica la capacidad de los establecimientos penitenciarios. Más del 70 por ciento de la población reclusa del país está en espera de juicio. En Nepal, la tasa de ocupación es superior al 150 por ciento, y en algunas prisiones el número de personas reclusas triplica su capacidad.
En muchos casos, las personas privadas de libertad también están expuestas a condiciones inhumanas, como ventilación y saneamiento deficientes, que ponen en peligro su salud. Este mismo año, una comisión de investigación judicial de Pakistán puso de relieve el limitado acceso a atención de la salud en las prisiones, e informó de que 1.823 personas reclusas sufrían hepatitis, 425 padecían VIH y 173 tuberculosis, en todos los casos afecciones contraídas en prisión.
En Sri Lanka, dos presos murieron, y otros resultaron heridos, a manos de guardias penitenciarios la semana pasada al estallar protestas relacionadas con la COVID-19 en la prisión de Anuradhapura. Pakistán informó esta semana de su primer caso positivo de COVID-19 en una prisión de Camp Jail Lahore, donde el número de personas reclusas casi triplica su capacidad, la mayoría en espera de juicio.
En virtud del derecho y las normas internacionales de derechos humanos, las autoridades deben garantizar que las personas privadas de libertad tienen acceso sin demora a atención médica y disfrutan de los mismos niveles disponibles en la comunidad, incluso en lo referente a pruebas de diagnóstico, prevención y tratamiento de personas infectadas con COVID-19.
Algunos países de Asia meridional han dado pasos positivos para la liberación de algunas personas privadas de libertad, como India, Pakistán, Nepal, Sri Lanka y Bangladesh, pero no han ejecutado o aplicado todavía estas medidas.
“Las prisiones de Asia meridional son una lacra en la conciencia de la región. Son conocidas sus condiciones de hacinamiento, violencia e insalubridad, y carecen de atención de la salud, lo que entraña para las personas reclusas un riesgo elevado de infección. Deben realizarse esfuerzos para reducir con urgencia el hacinamiento, lo que incluye considerar la puesta en libertad de las personas reclusas de más edad y las que puedan cumplir los requisitos para obtener la libertad condicional anticipada y que no representan ya una amenaza para la seguridad pública. Debe haber una presunción de liberación de las personas acusadas de un delito que estén en espera de juicio. Las que no sean puestas en libertad, deben recibir los mismos niveles de atención médica disponible para el resto de la población del país, incluido el traslado a instalaciones médicas si necesitan atención especializada”, ha afirmado Biraj Patnaik.
