Las autoridades argelinas deben aclarar la base jurídica para la devolución del exparlamentario y crítico con el gobierno Seifeddine Makhlouf a Túnez el 18 de enero a pesar de que era solicitante de asilo registrado por el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional. La medida constituye una devolución (refoulement), contraria al derecho internacional.
Las autoridades argelinas deben garantizar la adopción de salvaguardias procesales para que ninguna otra persona solicitante de asilo sea objeto de devolución sin una evaluación de sus necesidades de protección en virtud del derecho internacional.
“La devolución de Seifeddine Makhlouf constituye una violación del principio de no devolución (non-refoulement). Al entregarlo a las autoridades tunecinas sin permitirle impugnar la decisión y sin evaluar los riesgos que afronta en Túnez, como detención arbitraria prolongada y juicio injusto, Argelia ha incumplido sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, incluida la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados”, ha afirmado Sara Hashash, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“La medida es especialmente alarmante dada la escalada de represión contra la disidencia en Túnez, donde el poder judicial se instrumentaliza cada vez más para silenciar a la oposición política. Las autoridades tunecinas deberían retirar todos los cargos en su contra relacionados con el ejercicio de sus derechos humanos.”
Seifeddine Makhlouf, destacado crítico con el presidente tunecino Kais Saied y líder de la coalición Al Karama, había buscado seguridad en Argelia en julio de 2024 inscribiéndose como solicitante de asilo en el registro del ACNUR tras enfrentarse a su detención arbitraria y procesamiento en Túnez. Después de que el presidente tunecino Kais Saied disolviera por decreto el Parlamento y despojara de inmunidad a sus miembros, un tribunal militar había enjuiciado arbitrariamente y condenado a Seifeddine Makhlouf, en incumplimiento de las normas internacionales que prohíben juzgar a civiles ante tribunales militares.
A pesar de su condición oficial de solicitante de protección internacional, las autoridades argelinas condenaron a Seifeddine Makhlouf a tres meses de cárcel por entrada irregular en el país en julio de 2024 y, una vez que cumplió la pena, lo sometieron a detención administrativa arbitraria. Las autoridades argelinas no le permitieron acudir a citas con el ACNUR relacionadas con su solicitud de asilo durante la detención, a pesar de las múltiples solicitudes presentadas por él y su abogado.
El 18 de enero de 2026, las fuerzas de seguridad argelinas lo trasladaron a la frontera para transferirlo a la policía tunecina sin informar ni a él ni a su equipo defensor de su intención de devolverlo a Túnez, por lo que le negaron el derecho a impugnar la decisión.
A su llegada a Túnez fue detenido de inmediato para que cumpliera las condenas que se le habían impuesto in absentia. Amnistía Internacional pide que las condenas dictadas in absentia sean anuladas y que se celebre un nuevo juicio con las debidas garantías ante un tribunal imparcial e independiente.
“Al eludir las garantías procesales que exige todo procedimiento formal de extradición y pasar por alto la condición de solicitante de asilo de Makhlouf, las autoridades argelinas han colaborado en la práctica en la represión de la disidencia política en Túnez. Esto sienta un precedente peligroso, ya que señala que ahora la cooperación bilateral tiene prioridad sobre los principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos y relativo a las personas refugiadas”, ha dicho Sara Hashash.
“Las autoridades tunecinas deben garantizar el pleno respeto de sus derechos a recibir protección frente a la detención arbitraria y a un juicio justo. La comunidad internacional no puede guardar silencio mientras los Estados sacrifican la seguridad de personas que huyen de la persecución por conveniencia política.”
Esta conducta de Argelia se enmarca en un patrón constante y sumamente preocupante de expulsiones colectivas y detenciones arbitrarias de personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo, llevadas a cabo sin el debido proceso.
Aunque Argelia ha ratificado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, la ausencia de un marco nacional de asilo integral sigue dejando sin protección efectiva a miles de personas vulnerables. En 2017, el gobierno argelino anunció la redacción de un proyecto de ley sobre el asilo que finalmente no se materializó.
Por su parte, el gobierno tunecino ha supervisado un grave desmantelamiento de los derechos humanos desde julio de 2021, en el que las autoridades han disuelto instituciones de derechos humanos y actuado contra toda persona sospechosa de disidencia.
Entre las autoridades tunecinas y argelinas ha existido una estrecha cooperación. En agosto de 2021, Slimane Bouhafs, refugiado argelino registrado por el ACNUR, fue secuestrado de su domicilio en Túnez y devuelto a Argelia, donde fue detenido y procesado de manera arbitraria.
