Madrid.- Tras más de diez años de campaña por un mayor control y transparencia del comercio español de armas, Amnistía Internacional, Fundació per la Pau, Greenpeace e Intermón Oxfam han celebrado hoy la aprobación definitiva de la Ley de Comercio de Armas como un avance importante para poner fin al enorme coste humano que tienen las transferencias irresponsables de armas. El comercio descontrolado de armas causa en el mundo una muerte cada minuto. La ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso obligará al Gobierno a aplicar los criterios del Código de Conducta de la Unión Europea que no permiten transferencias de armas a países en conflicto o donde se violen los derechos humanos, entre otras limitaciones. Las cuatro organizaciones instan al Gobierno español a cumplir escrupulosamente con el espíritu y la letra de la nueva ley, incluyendo el envío de información puntual y detallada al Parlamento sobre qué material de defensa exporta España y a qué destinos. En este contexto, las organizaciones recuerdan que todavía está pendiente el envío al Congreso de los Diputados de las estadísticas de exportaciones de armas relativas al primer semestre de 2007.
Los aspectos más positivos de la ley: · Se prohíben las ventas a países en conflicto, donde se violen los derechos humanos o que estén sometidos a embargos internacionales, entre otros criterios. · Se incluye, entre el material sujeto a control, las armas y municiones para caza y tiro deportivo. · En el momento de denegar una transferencia a un país se tendrán en cuenta los informes de organismos de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, así como los de organizaciones y centros de investigación sobre paz, desarme y derechos humanos. · Entre los documentos de control que se deben adjuntar a las solicitudes de exportación, se incluyen cláusulas de no reexportación, por las que el país receptor se compromete a no vender o transferir estos productos a un tercer país. También debe incluirse la información sobre países de tránsito y métodos de transporte, una medida importante para evitar “desvíos” de armas. Se podrán denegar esas autorizaciones cuando se trate de países sobre los que hay evidencia de desvío de armas. · El Gobierno se compromete a promover y a apoyar la prohibición de las bombas de racimo. Asimismo, el Gobierno establece el compromiso de apoyar la aprobación de un Tratado Internacional sobre Comercio de Armas. · En materia de transparencia, se elimina la referencia a la Ley de Función Estadística Pública, que era hasta ahora el principal argumento eximido por el Gobierno para no ofrecer mayor información pública sobre el tipo de producto exportado. Este cambio abre la puerta a que parlamentarios y ciudadanos dispongamos de información detallada de qué material de defensa y doble uso exporta España. · Se amplia el control parlamentario. El Congreso, además de recibir semestralmente y anualmente la información relativa a las exportaciones oficiales, tendrá capacidad para evaluarla a través de un dictamen con recomendaciones, a las que el Secretario de Estado deberá dar respuesta en su comparecencia anual.
Los aspectos más negativos de la ley: · En materia de transparencia, la ley no menciona de forma explícita la obligación del Gobierno de dar información detallada del producto exportado, haciendo únicamente referencia a “categorías descriptivas”. · La JIMMDU (el organismo interministerial que autoriza o deniega las autorizaciones) conserva la capacidad de eximir a los exportadores de la presentación de los documentos de control en ciertos casos. Sin embargo, es positivo que la ley incluya la obligación del Gobierno de informar sobre los criterios utilizados en la aplicación de las exenciones. · No se contempla la obligatoriedad de documentos de control como el certificado de destino y uso final. · En materia de intermediación o corretaje, no se aplica el principio de extraterritorialidad, que ampliaría su ámbito de aplicación a los nacionales o residentes españoles que operen desde el extranjero.
Más de diez años de campaña para exigir mayor transparencia y control de las exportaciones españolas Hace poco más de una década, la información relativa al comercio exterior de material de defensa era secreta y las transferencias de armas no estaban sujetas al control político ni de la opinión pública. La toma de conciencia de los ciudadanos y el trabajo de diferentes organizaciones y de distintas fuerzas políticas parlamentarias han permitido combatir el secretismo y avanzar hacia una mayor transparencia y control. Desde el lanzamiento de la campaña, cientos de miles de personas y decenas de instituciones han apoyado esta petición. El primer logro de la campaña fue la aprobación en 1997 de una Proposición no de Ley en el Congreso en la que se pedía al Gobierno que hiciera públicos los datos esenciales de las exportaciones de armas. Hasta 1996, la información oficial sólo ofrecía el total de esas exportaciones a cada país, sin detalle alguno de qué se vendía. A finales de 2006 el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley sobre comercio de armas dando cumplimiento a una proposición no de ley aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados el año interior. Las organizaciones acogieron con satisfacción esta aprobación al tratarse de una demanda histórica. Sin embargo, el proyecto presentado decepcionó por no introducir apenas avances con respecto a la normativa existente, ignorando además las buenas prácticas de otros países para un control efectivo de las exportaciones. En febrero de 2007, las organizaciones publicaron el informe “Comercio de armas en España: Una ley con agujeros”, en el cual se analizaron las debilidades de la propuesta gubernamental y se presentaron una serie de recomendaciones a los grupos parlamentarios para mejorarla. A lo largo de este año, activistas de las organizaciones han realizado actos de campañas y recogidas de firmas en toda España para pedir a diputados del Congreso que priorizaran el debate de esta ley y tuvieran en cuenta las peticiones de las organizaciones. Amnistía Internacional, la Fundació per la Pau, Greenpece e Intermón Oxfam valoran positivamente las modificaciones añadidas al texto inicial aunque lamentan que no se haya conseguido el consenso necesario en el Congreso para que la ley obligue explícitamente al Gobierno a dar información detallada sobre el tipo de producto exportado. Por ello, las cuatro organizaciones darán seguimiento al desarrollo reglamentario de esta ley y a su aplicación para que suponga un verdadero avance en materia de control y transparencia de las exportaciones españolas de armas e impida transferencias irresponsables.
Exportaciones de armas de 2006 a destinos preocupantes Según los últimos datos oficiales, España vendió el pasado año material de defensa por valor de más de 845 millones de euros, lo que le sitúa en el octavo puesto entre los mayores exportadores de armas del mundo. Una tendencia al alza en volumen de exportaciones, confirmada por el Secretario de Estado de Comercio en su comparecencia ante la Comisión de Defensa el pasado 11 de diciembre, que se debería revertir en los próximos años. España vendió 441.000 euros en material de defensa a Israel, un millón de euros a Pakistán, más de 16 millones de euros a Marruecos y más de 3 millones de euros a Venezuela. El informe oficial explica que España ha vendido a estos países productos de distinto tipo entre los que figuran aquellos de la categoría 4 “bombas, torpedos, cohetes y misiles”. Sin embargo, no se conoce con precisión qué se exporta y en qué cantidad. En el caso de Marruecos, los datos oficiales ofrecieron información solamente sobre la mitad de las ventas, de las que se dice que son “vehículos todo terreno para transporte”. Se sigue sin tener más información sobre el resto de los productos exportados. En relación con las ventas de material y tecnologías de doble uso, entre los destinatarios figuran países como Irán, Colombia, China o Israel. Estos destinos difícilmente cumplirían con los requisitos establecidos por la ley para autorizar una exportación de armas. En años anteriores, España vendió munición a Ghana por valor de 3,2 millones de euros. A pesar de su posible impacto negativo, así como el riesgo de tráfico ilícito de esas armas a países vecinos- algunos de ellos inmersos en situaciones de conflicto o posconflicto armado- las ventas de estos productos no han estado sujetas a ningún control por parte del Gobierno hasta la fecha. Con la nueva ley, el Gobierno deberá no sólo someter a control las ventas de armas de caza, tiro deportivo y sus municiones sino informar al Congreso de las mismas.
